En una entrega anterior del Justiciómetro se analizó a nivel comparado la relación entre jueces y ciudadanos como componente relevante en el momento de determinar la oferta de justicia formal, necesaria para satisfacer el derecho de acceso a la justicia. Pues bien, resulta claro que la relación entre el ciudadano y el juez está mediada por los abogados, quienes actúan en representación de los primeros ante los segundos. Por tal razón, vale la pena también examinar el número de abogados respecto a la población, tanto en Colombia como en otros países del mundo.
Al observar los índices de abogados por cada 100.000 habitantes en países de América y Europa, tal y como cuando fue estudiado el tema de los jueces, se encuentran tendencias disímiles, incluso en las mismas regiones. Sin embargo, América se caracteriza por registrar niveles mucho más altos que los encontrados en los países europeos con los índices más bajos. Rusia, Suecia y Francia tienen el menor número de abogados por 100.000 habitantes, con 43,9, 49,4 y 75,8 respectivamente. Estas cifras tienen una gran distancia con los países de América con el menor número de profesionales del derecho: Uruguay y Perú, con 196,4 y 248, 1 abogados por 100.000 habitantes respectivamente. A dichos países les siguen, en orden ascendente, estados europeos como Portugal (260,2), España (266,5), e Inglaterra y Gales (282,3). En adelante, salvo Italia, los países con mayores registros son americanos: Argentina (305,5), Brasil (327,1), Italia (332,1), Colombia (354,4) y Costa Rica (389,3). Así las cosas -a diferencia de la medición sobre jueces por habitantes, en la que nuestro país ocupaba una posición intermedia-, Colombia es uno de los países con el mayor número de abogados en relación con su población, en el mundo.
De esta manera, se concluye que, frente a la probada existencia de un alto número de profesionales del derecho en nuestro país, se erige la necesidad de establecer rigurosos controles y exigencias para el adecuado ejercicio de la abogacía. Estas medidas deben implementarse desde las mismas entidades que forman a nuestros abogados: las facultades de derecho. En efecto, se habla de alrededor de 71 facultades de derecho en Colombia, un número elevado y que explica en buena medida por qué la cantidad de abogados es tan alta. Por lo tanto, los controles sobre los currículos y los criterios de acreditación son un tema crucial para fortalecer la formación en esta profesión. De igual forma, en materia de quienes ya ejercen la actividad, es necesario que los colegios de abogados establezcan un alto nivel de exigencia a sus asociados; a la vez que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al ejercer la función disciplinaria sobre todos los profesionales del derecho, debe fortalecer el ejercicio de sus funciones y mostrar a la sociedad casos paradigmáticos de conductas inadecuadas por parte de los abogados para, así, contribuir con una labor pedagógica encaminada a prevenir las malas prácticas en la profesión. Finalmente, los mismos jueces deben aprovechar intensivamente las facultades de dirección de los procesos judiciales para evitar dilaciones y maniobras fraudulentas por parte de los litigantes. Este conjunto de medidas, entre otras que podrían adoptarse, contribuyen a que el considerable número de abogados del país se racionalice; y a la vez que no repercuta en la disminución de la calidad de los servicios que estos prestan, y en la preservación de la importante función que la abogacía ofrece a nuestra sociedad.