En el segundo semestre de 2010, el Foro Económico Mundial publicó su nueva entrega del Global Competitiveness Report, medición anual sobre doce aspectos considerados por dicha organización como ‘pilares’ de la competitividad de un país. Tal y como ocurre en otras mediciones similares, como el informe Doing Business del Banco Mundial, el sistema de justicia hace parte de los componentes examinados a fin de determinar la competitividad (en este caso, dentro de un pilar denominado “instituciones”), teniendo en cuenta la importancia del mismo para la garantía de un adecuado entorno de negocios, dentro del cual existan mecanismos adecuados y prontos de resolución de conflictos, así como de revisión y eventual cuestionamiento de las regulaciones y actuaciones gubernamentales. En este caso, se pregunta a empresarios asentados en el país acerca de su percepción sobre la eficiencia y neutralidad del marco legal colombiano, quienes calificaron estas cualidades en una escala de 1 a 7 (siendo esta última la mejor calificación existente).
Los resultados de la medición muestran a Colombia como un país cuya percepción sobre el marco legal es sobresaliente en Suramérica, pero inferior al promedio existente a nivel mundial. Durante el período 2007-2009, la posición de nuestro país ha oscilado entre la 60 y la 73 entre 139 países objeto del estudio, con calificaciones de 3.7 en el primer año y 3.4 en los dos siguientes; lo cual refleja la posición intermedia que Colombia ocupa en este tema. Ahora bien, al comparar los resultados a nivel regional, se encuentra que países como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela (siendo este último el peor calificado) han estado siempre por debajo de Colombia, mientras que tan solo Chile y Uruguay han tenido en las últimas mediciones mejores resultados que nuestro país. Sin embargo, a nivel mundial son Estados como Singapur, Suecia, Dinamarca y Noruega los que han alcanzado las más altas calificaciones, entre las cuales se encuentra un pico superior de 6.3, más del doble del promedio de Suramérica y notoriamente distante de lo alcanzado por Colombia.
Así las cosas, el balance es agridulce para nuestro país. Si se compara con mediciones como la de Doing Business, la justicia colombiana sale mejor librada en este estudio que –vale la pena aclarar–, se basa en un indicador de percepción, mientras que en el mencionado trabajo del Banco Mundial se basa en una medición de tiempos procesales y costos para tramitar un proceso ejecutivo dentro de la justicia civil. Sin embargo, tanto la región como nuestro país se encuentran rezagados si se comparan sus resultados con los de las naciones más competitivas del mundo. Para mejorar en estas mediciones, el esfuerzo de Colombia debe venir tanto desde la reforma institucional como desde la aplicación de las normas, tema que se materializa a través del mismo funcionamiento del sistema de justicia. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, la creciente importancia que este tipo de estudios implica para la imagen de las economías y los estímulos para la inversión extranjera que estos implican.
