En 2011, la Corporación Excelencia en la Justicia llevó a cabo la segunda fase de su trabajo para aplicar la metodología de Necesidades Jurídicas Insatisfechas, empleada para medir el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia. En esta ocasión, se aplicó el estudio a las ciudades de Cali, Pereira y Apartadó. Se utilizó como instrumento de medición una encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas, aplicada a 1.025 hogares de estratos 1, 2 y 3 de estas tres ciudades.
Los resultados del estudio revelan aspectos de importancia, que valen la pena tener en cuenta dentro del diseño de futuras políticas públicas en materia de acceso a la justicia. Entre ellos, se encuentran las denominadas “barreras de acceso a la justicia”, que constituyen los factores con un efecto disuasivo sobre el ciudadano en el momento de decidir si acude o no al aparato judicial.
Entre estas barreras, la que mayor atención ha llamado en este estudio es la referente a los costos económicos que se deben sufragar para acudir a la justicia. Al indagar en la encuesta acerca de la percepción que tienen los ciudadanos sobre los costos que implica la justicia, resultan sorprendentes los resultados: tanto en Cali como en Pereira, una tercera parte de los encuestados consideraron que éstos son muy altos (34,4% en la primera ciudad y 31,9% en la segunda); mientras que en Apartadó esta misma proporción consideró que son “altos” (36,6%). Sin embargo, casi otra tercera parte en Cali (30,9%) y Pereira (27,6%) consideró los costos como “altos”, de manera que alrededor de las dos terceras partes de los encuestados de estas ciudades calificaron la justicia como “costosa” o “muy costosa”.
Ahora bien, en cuanto a la percepción contraria, se encuentra que tanto en Cali como en Pereira, solo una minoría de los encuestados consideró que los costos eran bajos o muy bajos. En la primera, 9% los encasilló como muy bajos, mientras que 6,4% los ubicó como bajos. En la segunda, 9,7% los calificó como muy bajos y un 18,1% lo hizo como bajos. Apartadó presentó una tendencia diferente, en la que tan solo un 3,4% de los encuestados consideró los costos “muy bajos”, pero en contraposición un significativo 24,4% los percibió como “bajos”.
Finalmente, llama la atención que los servicios jurídicos gratuitos que se prestan en las ciudades estudiadas sí tienen un reconocimiento considerable entre la población. Esto se refleja en el hecho de que, en Cali, 18,2% de los encuestados hubieran considerado que el acceso a la justicia no tiene costo; porcentaje que en Pereira llegó al 10,8% y que en Apartadó ascendió a un sorprendente 24,4%. Estos resultados se pueden atribuir al reconocimiento de figuras como la conciliación en equidad, la justicia de paz y la asistencia jurídica gratuita a través de los consultorios jurídicos.
Los resultados presentados resultan de gran importancia, máxime si se considera también que, del total de encuestados en las tres ciudades, un 47,6% identificó la existencia de costos económicos que no pueden pagar como un obstáculo para acceder a la justicia. Esto debe constituir una alerta para continuar avanzando en el desarrollo de programas de acceso al aparato judicial con enfoque en la población en condición de vulnerabilidad. Esto, en procura de que la justicia contribuya a evitar la perpetuación de las desigualdades sociales. Las necesidades jurídicas insatisfechas –surgidas por conflictos que no encuentran una adecuada canalización en el sistema judicial para su solución–, además de minar la legitimidad del Estado, contribuyen al escalamiento de la conflictividad irresuelta y a la impartición de la justicia “por mano propia”, con todos los efectos sobre la convivencia y la seguridad que esto conlleva.
