Con ocasión de la próxima terminación del periodo legislativo 2010-2014, la Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ- hace un balance de los proyectos de ley en materia penal (reformas al Código Penal o de Procedimiento Penal) y de otras reformas a la justicia (arquitectura institucional de la Rama Judicial, procedimientos judiciales, expedición y reformas a Códigos, organización del sistema judicial y acceso a la justicia) que fueron tramitados en este período.
La que mayor número de proyectos de ley representa respecto de las otras es la legislatura 2012-2013, presentándose un total de 126 iniciativas de las cuales 58 buscaban reformas en materia penal y 68 en otras reformas a la justicia. La legislatura que cursa actualmente presenta un número de proyectos de ley similar a la del primer cuatrienio: 73 proyectos de ley en total, 39 en materia penal y 34 en materia de justicia. Se espera que este número aumente por cuanto aún falta que se surta el segundo período.
Los proyectos de ley presentados en el último cuatrienio fueron en su mayoría de iniciativa parlamentaria – 225 de 358, correspondiente al 71% de la totalidad-. El segundo puesto lo ocupó el gobierno con el 22%. Finalmente, el 7% corresponde a otras iniciativas dentro de las cuales se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Pese a que los parlamentarios presentaron el mayor número de iniciativas, los proyectos más relevantes en materia de justicia que terminaron convirtiéndose en ley o acto legislativo, tuvieron origen gubernamental. Estas tocaron temas relacionados con aspectos procesales, de reorganización de la estructura del Estado, acceso a la justicia, entre otros. Así por ejemplo, a pesar de que el acto legislativo 03 de 2011 que introduce el incidente de impacto fiscal para las decisiones de las Altas Cortes fue presentado por varios congresistas, la ley que lo desarrolla tiene iniciativa gubernamental. Dentro de este grupo también se encuentra el Estatuto del consumidor, el Código General del proceso, Estatuto de arbitraje Nacional e Internacional, Fuero Penal Militar – declarado inconstitucional-, ley Garantías mobiliarias, ley de Arancel Judicial, ley de Facultades extraordinarias para la reestructuración de la Fiscalía, el Código de extinción de dominio y el Código Penitenciario y Carcelario. A estas iniciativas se le suma la reforma constitucional a la justicia, la cual, si bien cumplió con todos sus debates, en una polémica decisión fue finalmente objetada por el Presidente de la República.
Por su parte, las iniciativas de origen parlamentario tuvieron énfasis en temas penales y en la adopción de medidas para responder a demandas de la ciudadanía que buscan poner freno a fenómenos sociales de connotación. De los proyectos que lograron aprobarse se destacan la penalización la discriminación racial y de los ataques con ácido, la que establece sanciones a conductores ebrios, y la más importante de este grupo, el Marco Jurídico para la Paz.
Aunque han sido muchos los avances y los cambios normativos, la próxima agenda legislativa será igual de relevante y el nuevo Congreso tendrá varios retos, entre ellos: la aprobación de la ley que desarrolla el Marco Jurídico para la Paz y la desmonopolización de la acción penal, la reforma al Sistema Penal Acusatorio, el Estatuto de la abogacía y la más esperada: la reforma constitucional a la justicia.
La importancia que tendrá el próximo cuatrienio motivó a la CEJ a que antes de las elecciones para el Congreso, le preguntara a algunos candidatos sobre sus propuestas y posiciones en materia de justicia. De las respuestas recibidas se evidencia un consenso para impulsar la reforma constitucional a la justicia, orientada especialmente a la reforma del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría. También hubo coincidencias sobre la necesidad de fortalecer el Sistema Penal Acusatorio. Sin embargo, se rechaza la opción de reestablecer rebajas de la pena por aceptación de cargos.
Sobre estos y otros temas como la creación de nuevos delitos, la modificación de los alcances de la tutela y la reincorporación en la vida civil de miembros de las FARC sin el cumplimiento de una pena de prisión, podrá encontrar información aquí: http://bit.ly/1cpUHOu
Los cambios normativos que se han acumulado y los que están por realizarse, podrían mejorar el funcionamiento de la administración de justicia. Sin embargo, estas medidas no tendrán impacto si no se cuenta con el presupuesto suficiente y la gerencia adecuada para implementarlas, y si en materia penal no se detiene el populismo punitivo que tanto ha incidido en la congestión de la Fiscalía y en la crisis del sistema carcelario.
