Uno de los temas que más críticas ha recibido dentro de la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), han sido las dificultades en la gestión de las audiencias, evidenciadas en tendencias como las reiteradas suspensiones, reprogramaciones y cancelaciones de las mismas. En ocasiones, dichas novedades no son comunicadas oportunamente a los funcionarios citados, de manera que resultan desplazándose para actuaciones que finalmente no se realizan. Las implicaciones de este fenómeno sobre las entidades que participan en el sistema son diversas: costos económicos por los desplazamientos de los funcionarios, reducción de la capacidad de atención de las entidades por no contar con suficientes funcionarios en sus instalaciones, e imposibilidad de realizar otras actuaciones de importancia, especialmente en el caso de las entidades que realizan labores asociadas a la investigación criminal.
Esta situación ha sido particularmente delicada para el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual ha desarrollado un sistema de información (“Aplicativo de Audiencias” – ADA), para mantener control estadístico sobre la intervención de sus funcionarios en las audiencias. La información que reporta dicho sistema pone en evidencia el alto número de ocasiones en las que sus funcionarios son citados infructuosamente a las actuaciones, bien sea por su cancelación o por su aplazamiento. A lo largo de 2010 y el primer semestre de 2011, los peritos de Medicina Legal han sido convocados a un promedio de 3912 audiencias por semestre. Sin embargo, una gran cantidad de estas citaciones han resultado en audiencias canceladas (982 para el primer semestre de 2010, 1586 para el segundo semestre del mismo año y 1092 para el primer semestre de 2011). De la misma forma, en una considerable proporción, dichas actuaciones han resultado aplazadas (577 en el primer semestre de 2010, 672 en el segundo semestre de dicho año y 436 en el primer semestre de 2011).
Entre los inconvenientes que más reporta Medicina Legal, asociados con la participación de la entidad en las audiencias –reportándose un total de 4918 inconvenientes en audiencias durante 2010 y el primer semestre de 2011–, se encuentran: la citación de sus peritos sin proporcionarles suficiente información sobre el caso objeto del proceso penal y/o la insuficiente preparación de estos funcionarios para la audiencia (33% del total de inconvenientes reportados), las audiencias citadas que generaron comisión de servicios y fueron canceladas en el lugar de la citación, generando desplazamiento del perito, erogación de recursos y reprogramación de la audiencia y de las actividades de la entidad (16%) y la permanencia innecesaria en la audiencia por largo tiempo del perito (15%).
Pese a las dificultades identificadas, se debe reconocer que, comparativamente, el porcentaje de citaciones efectivas (aquellas en las que se convoca al perito y efectivamente se realiza la audiencia), ha registrado un leve aumento cada semestre: de 35,12% de citaciones efectivas en el primer semestre de 2010, se ha pasado a un 38,71% en el primer semestre de 2011. Si bien queda mucho por mejorar, vale la pena resaltar que contar con una medición como la que realiza el Instituto de Medicina Legal representa, por sí mismo, un gran avance para diagnosticar cómo operan algunas problemáticas asociadas a la gestión de audiencias y cuál es su impacto sobre los funcionarios partícipes del SPA. Este es un paso muy importante para establecer estrategias que garanticen el mejor aprovechamiento de los recursos técnicos, humanos y económicos dentro de la operación de la justicia penal colombiana.
