Iguarán le dijo a El País que su período se caracterizó, entre otras cosas, por la lucha contra la corrupción administrativa, y reconoció que hubo distanciamientos con la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuál cree que es el camino por el que debe seguir la Fiscalía?
Así como en mi caso tomamos de punto de referencia las administraciones anteriores, es importante la continuidad de muchos procesos y no descartar lo que hemos hecho. Definitivamente se logró la profesionalización de la institución. La Fiscalía llevaba muchos años en los que los nombramientos se hacían a dedo. Es seductor poder nombrar una nómina de 22.000 personas a dedo. Nos dimos a la tarea de profesionalizarlo y realizamos el concurso. Hoy la persona que ingresa a la Fiscalía lo hace por méritos.
¿Tiene alguna crítica frente al perfil de quienes integran la terna para elegir a su sucesor?
No, creo que de lo que se trata es de revisar los requisitos que establecen la Constitución y la ley. De la terna actual no se puede desconocer que quienes la conforman son abogados con especializaciones y una estructura jurídica importante. Eso es vital porque la Corte Suprema, hace dos años, decidió que al Fiscal en persona le corresponde adelantar investigaciones, hacer acusaciones y pedir condenas en procesos que requieren mucha preparación y hacer frente a abogados de gran trayectoria.
¿Le parece conveniente que el Fiscal debe salga de una terna enviada por el Presidente?
No me luce ponerme como ejemplo, pero a mí me honró el presidente ternándome y la Corte eligiéndome. Y no obstante los sentimientos de aprecio, admiración y agradecimiento, he tomado decisiones inconsultas, en el mejor sentido de la palabra, frente al Presidente y la Corte. La autonomía no la determina el que ellos lo ternen o lo elijan, sino uno mismo. Debo decir que de parte de ellos tampoco ha habido injerencia, sino respeto y autonomía.
¿Cómo termina su relación con los poderes públicos?
El lema de mi vida ha sido tratar de tener buenas relaciones con todo el mundo, siempre y cuando no se traspasen los valores jurídicos y éticos. Debo actuar conforme a los hechos y al derecho, y eso sí ha llevado a que algunos entren en oposición o en disgusto, pero no puedo hacer nada distinto a seguirlo haciendo.
Entonces sí hubo distanciamientos…
Son cargos que implican, en un momento dado, posiciones encontradas y de lo que se trata es de tener carácter al tomar las decisiones que hay que tomar, gusten o no. Lo importante es que estén acorde a la Constitución y a la ley. He tenido que tomar posiciones que no coinciden con el Gobierno o la Corte. Por ejemplo, no comparto la penalización del consumo de la dosis personal. He tomado posiciones contrarias a las de la Corte, porque no extradita a los secuestradores y porque captura para indagatoria, dentro de la “parapolítica”, eso no lo comparto.
¿Cómo quedan procesos importantes, como el de Luis Carlos Galán?
Esta administración acusó e incluso pidió la condena de un ex ministro de Estado por ese caso, quedándose sólo dentro del proceso, porque la Procuraduría pidió la absolución. Logramos la condena, el Tribunal revocó, seguimos dando la batalla jurídica e interpusimos el recurso extraordinario de casación.
Hace un par de meses se oxigenó la investigación, con base en las declaraciones del desmovilizado de las autodefensas Ernesto Báez. Entonces, hay unos elementos que nos llevaron a ordenar la vinculación del general en retiro Miguel Maza Márquez.
Sé que hubo unas apreciaciones de la Procuraduría para impulsar el proceso, eso sí que lo celebramos y por eso hemos dicho que es una actitud bienvenida, y que ojalá sea la misma en casos como el de La Gata, el asesinato de Jesús María del Valle, Orlando Valencia, del Palacio de Justicia, del general Rito Alejo del Río, ese acompañamiento es bienvenido.
¿Comparte la teoría de la Procuraduría de que el de Galán es un crimen de Estado?
Por ahora no compartimos ese concepto, porque estamos investigando. si hubo participación de agentes del Estado, por ahora nos genera dudas el general Maza, por eso lo hemos vinculado. El día en que podamos acusar a un agente del Estado vamos a decir que sí fue un crimen de Estado. Y el caso no prescribe, porque para justificarlo no es necesario manejar el concepto de la Procuraduría, sino ponerlo en términos de que es un crimen de lesa humanidad, porque fue un exterminio asesinar a Galán, a Lara Bonilla, a concejales del Nuevo Liberalismo, atentar contra Alberto Villamizar, Enrique Parejo, contra el avión de Avianca, en el que supuestamente iba a viajar César Gaviria. Querían acabar con la cúpula de ese partido político.
¿Qué dice frente a las críticas que le hizo la Procuraduría por llamar a indagatoria al general Maza?
Tengo entendido que alguien censuró porque la indagatoria con el general Maza iba a llevarse al final de proceso, pero el fiscal que tiene el caso es el que lleva el de Soacha, falsos positivos de Casanare y otros igual de complejos. Por otra parte, antes de la indagatoria, el fiscal delegado, dentro de su autonomía y por la experiencia que tiene como investigador, consideró que antes de oír a Maza, debía hacer unas inspecciones y tomar declaraciones que cree importantes para el interrogatorio del General. El testimonio de Virginia Vallejo está ordenado y se va a intentar incluir dentro del proceso.
¿Que tan avanzada dejará las investigaciones por las ‘chuzadas’?
No se puede esperar que yo deje condenados a todos los involucrados en este caso, pero sí avanzaré en el proceso hasta donde me sea posible.
¿Ve intenciones de dilación del proceso por parte de los vinculados?
Claro que veo maniobras en el caso del DAS para evitar que este Fiscal se pronuncie. El señor Jorge Noguera, ex director del DAS, me acaba de recusar y ese recurso infundado tiene que ir a la Corte para que ella decida, mientras eso va a la Corte yo ya me haya ido, Con eso, Noguera evita que yo le resuelva el caso. Algo similar pasa con el caso del general en retiro Alfonso Plazas Vega, investigado por las desapariciones del Palacio de Justicia. Él ha dilatado bajo la creencia de que con otra administración la situación va a ser distinta. Estoy seguro de que no va a ser así.
¿Cuál fue el papel de su administración en los casos de ‘parapolítica’?
Muchos podrían decir que se caracterizó por lo que se hizo en ese sentido, porque esta fue la primera Fiscalía que denunció y acusó la asociación criminal, el concierto para delinquir entre clase política y autodefensas.
Somos los primeros en manifestarlo, incluso mucho antes de que la misma Corte Suprema tomara decisiones en “parapolítica” y en decir que los políticos buscaron a los paramilitares y no lo contrario. Denunciamos y acusamos la “parapolítica”, procesamos los primeros casos, como los de los gobernadores de Meta y de Casanare y de los diputados de Sucre. Advertimos que esto se veía peor que el proceso 8000.
Alguien podría reconocer la labor que hemos hecho por impulsar, a pesar de las dificultades, la “Farcpolítica”, en la que ya hemos tomado decisiones respecto de funcionarios, como varios alcaldes del Tolima.
¿El nuevo sistema de justicia, el oral acusatorio, podría llegar a colapsar?
El sistema mostró sus bondades y tenemos que hablar de la conciliación. Obviamente es tan brusco el cambio que hay que insistir en muchos frentes, sobre todo en temas culturales.
Si seguimos con la cultura de que para arreglar cualquier problema tiene que mediar la Fiscalía, vamos a congestionar el sistema. Este sistema exige que el derecho penal sea la última instancia. Hay que fortalecer mecanismos como el principio de oportunidad para ir depurando, eso no es impunidad.
• “Esta Fiscalía se caracterizó por lo que hizo en materia de derechos humanos; más de mil casos por falsos positivos con más de 400 medidas de aseguramiento”.
• Tenemos resultados en la lucha contra la corrupción administrativa, en la judicialización de criminales de cuello blanco. Por ejemplo los casos de Cajanal, del Seguro Social y de Foncolpuertos.
• “El 74 por ciento de las sentencias condenatorias por homicidio a sindicalistas se dictaron en los últimos tres años”.
Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación.
Lugar de nacimiento: Buga.
Abogado de la Universidad Externado de Colombia.
Otros estudios: Magíster en Derecho Comparado y especialista en Casación Penal.
Fue conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Superior de Cundinamarca.
Ha sido catedrático de las universidades Externado de Colombia y de la Libre.
