Presupuesto de Inversión ejecutado y comprometido en vigencias futuras en contratos asociados a tecnología informática en la Rama Judicial sin incluir la Fiscalía General de la Nación (Precios constantes 2013). Datos SECOP. Cálculos CEJ.
Dos décadas de implementaciones tecnológicas en los despachos judiciales y sus sedes administrativas, y tal como ocurre en las demás entidades del gobierno, estas actividades seguirán consumiendo importantes sumas de recursos de inversión. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) calcula que la inversión ejecutada por el gobierno en estas actividades creció del 11,54% en 2002 al 24,50% en el 2012.
Esta tendencia genera expectativas positivas porque son un reflejo de la existencia de políticas de modernización del Estado, pero también preocupación por saber si la tecnología efectivamente se traduce en procesos, trámites y servicios más eficientes para la ciudadanía. Esas expectativas y esas preocupaciones se multiplican para un sector tan importante para el país como el de la justicia, y dentro de este, al jurisdiccional. Al margen de los resultados y cifras que muestra el Consejo Superior de la Judicatura (CSdJ) en sus planes e informes oficiales, la Corporación Excelencia en la Justicia revisó la contratación de las inversiones en tecnología disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) desde el año 2006 hasta la actualidad.
Sin el ánimo de efectuar una auditoría de las inversiones realizadas por el CSdJ, el estudio busca conocer con mayor detalle los productos de los contratos ejecutados y en ejecución, separando infraestructura, sistemas de información y servicios tecnológicos, y calculando el monto de inversión para cada grupo en los últimos años.
El segmento que consume el mayor volumen de inversiones es la infraestructura informática, representada en la adquisición de equipos de cómputo, periféricos equipos de red, video, así como programas de oficina, antivirus, etc., y todo lo relacionado con soporte y suministros. La Rama judicial cuenta con aproximadamente 29.688 computadores (el 90% en proceso de renovación), y de las 26.550 impresoras existentes 11.000 fueron donadas en 2012 por dos marcas reconocidas. De las 2.271 salas de audiencia instaladas, 1.709 presentaban obsolescencia y hoy están en proceso de actualización.
Con la expansión de la oralidad y la desmaterialización de documentos, actos y comunicaciones procesales, el CSdJ espera reducir significativamente el uso del papel y las tecnologías asociadas a este, como impresoras y suministros, para que sus elevados costos se trasladen a tecnologías “cero papel” como el expediente digital contemplado en la Ley 1564 de 2012. Otra categoría analizada fue la de sistemas de información, que si bien no absorbe los grandes recursos de inversión acaparados por la infraestructura arriba señalada, sus implementaciones se traducen en las soluciones tecnológicas que queremos ver para mejorar el servicio de justicia de cara a la ciudadanía, soluciones que prometen celeridad y calidad de los procesos internos en un aparato judicial con más de 26.000 funcionarios judiciales.
Los sistemas de información pueden apoyar desde funciones judiciales hasta netamente administrativas. Para esta última el SECOP da cuenta de un gran dinamismo desde el año 2008, como lo son la adquisición de software de terceros para la gestión de la calidad, planeación estratégica, el sistema de gestión de nómina y recursos humanos comprado en 2009 ($5.350 millones) y más recientemente un sistema para la gestión de contratos y la administración de inventarios y activos ($4.527,5 millones).
En los sistemas que apoyan al juez en su despacho se destacan los esfuerzos por mejorar y reducir los costos de licenciamiento del software de grabación en las salas de audiencia, y la digitalización y registro tanto de jurisprudencia y procesos judiciales con ayuda de sistemas de gestión documental. Con la experiencia de implementación del más reciente sistema de este tipo en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, el CSdJ apuesta por consolidar lo que sería el futuro del expediente judicial digital en Colombia, funcionando de manera articulada con un “recargado” y virtualizado registro de actuaciones conocido como Justicia Siglo XXI (que sería reemplazado en el 2018), el sistema de grabación de audiencias (SIGA) y el sistema de citaciones judiciales (CITANET). Otro sistema que impactaría positivamente en la problemática de hacinamiento carcelario, es un proyecto para el seguimiento y control de condenas penales que, de funcionar bien en su prueba piloto, evitaría traslados de internos para audiencias, gestionaría eficientemente el trámite de libertades y permitiría estadísticas inmediatas e intercambio de información con otras autoridades.
Todas estas nuevas inversiones en tecnología y mecanismos para su gestión, son el resultado de un agitado entorno de reformas normativas procesales que depositan la seguridad jurídica necesaria, reformas que a su vez generan nuevos paquetes de recursos de inversión tecnológica, como los recibidos del gobierno central en el 2013 por $130 mil millones y los que vienen en los próximos años que, ya se sabe, serán importantes.
La ejecución de estas soluciones debe apoyarse y acompañarse para garantizar el éxito de las implementaciones, pero también se debe evaluar el impacto de sus resultados para conocer si efectivamente contribuyeron a experimentar una justicia más eficiente. Igualmente se esperaría que —ampliando la visión de la justicia como sector— el mismo apoyo y dinamismo se traslade a entidades como la Fiscalía, la Defensoría, Medicina Legal, Bienestar Familiar, INPEC y demás autoridades que trabajan codo a codo con los jueces de la República.
