Como se ha venido haciendo durante los últimos años, tras el cierre de las legislaturas en el Congreso de la República, la Corporación Excelencia en la Justicia realiza un balance sobre el comportamiento de la agenda legislativa durante el periodo, tanto en materia de proyectos en materia penal como en otros temas de justicia (arquitectura institucional de la Rama Judicial, elección de magistrados, procedimientos judiciales, entre otros). En esta entrega, se analizará lo ocurrido con las iniciativas del primer grupo mencionado, es decir, aquellas que versaron sobre temas penales; mientras que en la próxima entrega se abordarán aquellas que se refirieron a otros temas de justicia.
Al estudiar el volumen de iniciativas tramitadas, se encuentra que ésta ha sido una de las legislaturas en las que se ha registrado el mayor número de proyectos de índole penal en curso, los cuales ascendieron a 57. Esta constituye un incremento respecto a las legislaturas precedentes, al registrarse 31 iniciativas en curso para el periodo 2009-2010, 44 para 2010-2011 y 54 en 2011-2012. Adicionalmente, el trámite exitoso de iniciativas también se incrementó, puesto que fueron aprobados y sancionados como ley 10 proyectos, mientras que 4 están pendientes de sanción presidencial y uno más debe pasar por revisión de la Corte Constitucional antes de poder ser sancionado. Entre los proyectos que corrieron con esta suerte, se destacan la modificación a la ley de justicia y paz (ley 1592 de 2012), el denominado “marco jurídico para la paz” (acto legislativo 01 de 2012), la reforma constitucional al fuero penal militar (acto legislativo 02 de 2012) y la ley estatutaria que la reglamenta (siendo esta última, la norma que está pendiente de revisión por la Corte Constitucional), así como la recientemente sancionada ley que aumenta las penas para los casos de lesiones personales por ataques con ácido, estableciendo prisión de hasta 14 años para dicha conducta (ley 1639 de 2013). Están próximos a ser sancionados como ley los proyectos sobre reestructuración de la Fiscalía, modificaciones al procedimiento de entrevista a niños víctimas de delitos sexuales, así como las leyes aprobatorias de los tratados internacionales sobre extradición con México y sobre ejecución de sentencias proferidas por la Corte Penal Internacional.
Por otra parte, los proyectos que registraron un trámite infructuoso, si bien continúan constituyendo una proporción significativa en relación con todas las iniciativas que cursaron, disminuyeron en relación con aquellos aprobados y aquellos que continuarán su trámite, en comparación con las legislaturas anteriores. En efecto, tres proyectos fueron retirados por sus autores: la reforma constitucional que pretendía prohibir la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, para así dejar sin sustento la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las tres causales que permiten su procedencia; la reglamentación del uso del polígrafo como medio de prueba y la reforma constitucional que buscaba modificar el mecanismo de elección del Fiscal General de la Nación. Adicionalmente, se archivó durante su debate el proyecto de ley que proponía la despenalización de los “narcocultivos”. Por último, no continúan su trámite durante la próxima legislatura, por vencimiento de términos, 28 proyectos de ley, varios de los cuales hacían su curso desde la legislatura anterior. Entre las iniciativas archivadas por este motivo, se destacan: el proyecto que tipificaba la inasistencia alimentaria a los adultos mayores, la tipificación del feminicidio como delito (también conocido como “proyecto Rosa Elvira Cely”), el proyecto que buscaba reglamentar la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, la penalización de la conducción en estado de embriaguez –proyecto tramitado infructuosamente durante tres legislaturas consecutivas–, dos iniciativas que contenían medidas para combatir los grupos criminales urbanos, la penalización de la minería ilegal, el Código Nacional de Convivencia, la penalización del denominado “paseo de la muerte” y la eliminación de beneficios y subrogados penales en casos de comisión de delitos sexuales.
Continúan su trámite en la próxima legislatura 8 proyectos de ley, entre los que se destacan el que declara los delitos sexuales dentro del marco del conflicto armado como crímenes de lesa humanidad, la reglamentación de la reforma constitucional que introdujo la figura del acusador privado, la creación del sistema integral de apoyo a la mujer y a la menor en situación de maltrato; y la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.
En conclusión, esta ha sido una legislatura trascendental, no solo por el número de proyectos que cursaron en el Congreso, sino por el contenido de los mismos. Iniciativas como el marco jurídico para la paz, la reforma a la ley de justicia y paz y la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación resultan de la mayor importancia a la luz de la realidad política actual de Colombia, siendo determinantes para el proceso de justicia transicional que se podría avecinar en el país. De la misma forma, los próximos meses tendrán gran importancia, al esperarse pronunciamientos de revisión de constitucionalidad sobre normas como las mencionadas iniciativas en materia de fuero penal militar, el marco jurídico para la paz, la reforma sobre acusador privado, entre otras. También se espera que algunas de estas iniciativas contribuyan a corregir las falencias diagnosticadas dentro de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, que tras 8 años de su puesta en funcionamiento aún sigue registrando problemas operativos y descontento por parte de múltiples actores.
Dentro de poco la CEJ publicará su boletín sobre el Balance de la legislatura, en el que se analizará a fondo la actividad legislativa durante el periodo y se comentarán algunas de las iniciativas más importantes que hicieron su trámite en el Congreso. Para consultar el seguimiento legislativo y las opiniones y balances de la CEJ, se puede visitar la página de su Observatorio a la Reforma a la Justicia: http://www.cej.org.co/seguimientoreforma/.
