Dentro de su balance de la legislatura 2012-2013, concluida el pasado 20 de junio, en la entrega pasada la CEJ analizó los avances en la agenda legislativa en materia de iniciativas relacionadas con la justicia penal. Continuando con este ejercicio de balance, en esta oportunidad la CEJ analiza lo acontecido con todos los demás proyectos relacionados con el funcionamiento de la justicia colombiana (expedición y reformas a Códigos, organización del sistema judicial, ejercicio de la abogacía, acceso a la justicia, etc.).
De manera similar a lo acontecido en materia penal, la legislatura concluida se caracterizó por el alto volumen de iniciativas relacionadas con el tema de justicia que fueron tramitadas: se registraron 69 proyectos con estas características, superando ampliamente los 31 de la legislatura 2011-2012, los 38 de la legislatura 2010-2011 y los 22 de la legislatura 2009-2010. Esto quiere decir que para el último periodo se duplicó el número de proyectos sobre justicia, en comparación con el promedio de los ejercicios anteriores, el cual fue de 30,3 iniciativas por legislatura. Ahora bien, en un sentido similar, un considerable número de iniciativas (en comparación con las legislaturas anteriores) culminaron satisfactoriamente su trámite legislativo. Dentro de este grupo se encentran 4 proyectos que ya han sido sancionados como leyes, a saber: la ley 1610 de 2013, mediante la cual se reformó el sistema de inspecciones laborales; la ley 1579 de 2012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos; la ley 1620 de 2013, que estableció un conjunto de medidas contra el denominado “matoneo” o bullying escolar; y la recientemente sancionada ley 1653 de 2013, la cual introdujo reformas a la figura del arancel judicial, con el propósito de hacerlo más efectivo y mejorar su recaudo. Sumados a estas leyes, se encuentran 5 proyectos de ley ya aprobados por el Congreso y próximos a ser sancionados por el Presidente de la República: la denominada ley estatutaria sobre transparencia y acceso a la información, que ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional tras su revisión previa; el proyecto de ley que introduce la figura de las garantías mobiliarias, como medida encaminada a facilitar el acceso al crédito para los colombianos; la aprobación del Estatuto y Reglamento de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol); el proyecto que otorga facultades extraordinarias al Presidente para reestructurar la Defensoría del Pueblo; y la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que permitiría la reelección del Auditor General de la República. Por último, se encuentra el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho de petición, que está pendiente de revisión previa por la Corte Constitucional antes de poder ser sancionado por el Presidente, conforme a lo establecido por la Constitución.
Por otra parte, junto a los anteriores resultados se registra, también, un alto volumen de iniciativas que no contaron con un trámite satisfactorio. Dentro de este grupo, se encuentran 5 proyectos retirados por sus autores, 6 archivados durante sus debates en Comisiones y Plenarias y 36 que no hacen tránsito a la siguiente legislatura, bien sea por falta de aprobación en primer debate durante este periodo, o por cumplir dos legislaturas bajo trámite sin haber concluido su proceso legislativo. Esto quiere decir que un 68% de las iniciativas que cursaron durante el periodo, resultaron archivadas o retiradas, bajo los parámetros anteriores. Entre estas, se destacan el proyecto sobre medidas para propiciar la simplificación normativa en el país; el proyecto que reformaba el trámite para la liquidación de sociedades; la iniciativa que desarrollaba el Acto Legislativo 02 de 2009, en relación con la prohibición de la dosis mínima de estupefacientes; la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar el sistema de justicia; la reglamentación del uso del polígrafo como medio de prueba en materia penal, laboral y disciplinaria; la reforma constitucional que facultaría la limitación, por vía legal, de los montos de reparaciones a ciudadanos por responsabilidad del Estado; la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia para incorporar Magistrados de Descongestión a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y la ley sobre formalización de uniones del mismo sexo.
Por último, continúan su trámite en la próxima legislatura 6 iniciativas, entre las que se destacan: los proyectos que modifican el procedimiento sancionatorio en materia de infracciones de tránsito; la propuesta de establecer un régimen de vacaciones individuales en la Rama Judicial, acabando así con la denominada “vacancia judicial”; y la reglamentación del “incidente de impacto fiscal”, figura procesal introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2011.
En suma, y examinando estos resultados en conjunto con lo analizado en materia penal, se concluye que esta ha sido históricamente una de las más importantes en relación con la justicia colombiana, registrándose un volumen inusualmente alto de proyectos de ley sobre la materia que fueron objeto de trámite en el Congreso. Esta situación evidencia nuevamente el posicionamiento que la reforma a la administración de justicia ha adquirido en la agenda política de Colombia, coyuntura que debe aprovecharse para evaluar todas las aristas de la problemática de este sector, a fin de preparar un conjunto sistemático y coherente de medidas desde todos los frentes: gestión, presupuesto, regulación, normatividad legal e, incluso, constitucional en caso de que se considere que la Carta Política también debe ser enmendada a fin de superar debilidades y escándalos como los que han tenido amplio eco mediático durante los últimos meses. Para consultar la agenda legislativa en materia de justicia, así como los documentos elaborados por la CEJ, se puede visitar su espacio de Seguimiento Integral a la Reforma a la Justicia: http://www.cej.org.co/seguimientoreforma/
