El pasado 20 de junio culminó la legislatura 2010-2011 en el Congreso de la República, dentro de un ambiente de diversas y profundas propuestas de reforma relacionadas con nuestro sistema de justicia. Fue una legislatura marcada por la renovación del Congreso, la transición del Gobierno del Presidente Uribe al del Presidente Santos y el posicionamiento de la agenda legislativa en procura del desarrollo del programa de gobierno del actual Presidente de la República. En esta entrega se hará un análisis de la legislatura en materia de proyectos relacionados con la administración de justicia en general, mientras que en el próximo Justiciómetro se hará un balance dedicado a iniciativas de incidencia en materia penal.
Así las cosas, en materia de justicia ésta legislatura ha resultado ser altamente productiva, dado el elevado número de iniciativas discutidas y –más importante aún–, aprobadas y sancionadas como leyes. En efecto, a diferencia de la tendencia registrada en legislaturas anteriores, en la presente han predominado los proyectos convertidos en ley –7 iniciativas corrieron con esta suerte–, mientras que los proyectos que no hacen tránsito a la siguiente legislatura (que suelen constituir la regla general al cierre de las legislaturas), tuvieron una participación secundaria –tan solo ocurrió con 5 proyectos–. En efecto, se han sancionado las leyes 1421 de 2010 (que prorroga por cuatro años la ley 418 de 1997, conocida como la “ley de orden público”), 1425 de 2010 (mediante la cual se elimina el incentivo económico en las acciones populares), 1431 de 2010 (por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), 1444 de 2011 (mediante la cual se restablece el Ministerio de Justicia), 1448 de 2011 (la denominada “Ley de víctimas”), 1450 de 2011 (mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene algunas importantes directrices en materia de justicia). Finalmente, acaba de ser sancionado el Acto Legislativo 03 de 2011, mediante el cual se reforma la Constitución con el propósito de introducir la sostenibilidad fiscal como principio constitucional.
Ahora bien, entre los proyectos que no continúan su trámite en la siguiente legislatura, por falta de debate o por completar dos legislaturas desde su radicación, se destacan la propuesta de reforma constitucional para establecer el sistema de cooptación en la elección de Magistrados de Cortes (Proyecto de Acto Legislativo 07/2010 Senado), la iniciativa para crear una entidad dedicada a ejercer la abogacía del Estado (Proyecto de Ley 105/2010 Senado) y aquella que pretendía la obligatoriedad de pertenecer a una colegiatura de abogados para poder ejercer la profesión (Proyecto de Ley 013/2010 Senado).
Asimismo, se archivaron en debate tres iniciativas (dos en Cámara y una en Senado), entre las que se destaca aquella que buscaba elevar a 70 años la edad de retiro forzoso para todos los servidores públicos, incluyendo a los miembros de la Rama Judicial (Proyecto de Ley No 108/2010 Senado). A esto se suman los 7 proyectos que fueron retirados, una cifra atípica en comparación con los bajos registros de legislaturas anteriores. Entre las iniciativas que corrieron con dicha suerte, se encuentran tres relacionadas con el control fiscal y las funciones de la Contraloría (Proyectos de Ley 185/2010 Senado, 129/2010 Senado y 183/2011 Cámara), así como el renombrado proyecto de Código de Convivencia, con el cual se pretendía reemplazar al actual Código Nacional de Policía (Proyecto de Ley 113/2010 Cámara).
Continuarán su trámite en la siguiente legislatura 6 proyectos de ley, los cuales constituyen importantes iniciativas: el Código General del Proceso (Proyecto de Ley 196/2011 Cámara), la que busca incrementar la edad de retiro forzoso para Magistrados de Cortes (Proyecto de Ley 154/2010 Cámara), la reforma el régimen de los jueces de paz (Proyecto de Ley 248/2011 Senado), el proyecto de Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (Proyecto de Ley 242/2011 Senado), el Proyecto para la titulación de predios (Proyecto de Ley 258/2011 Senado) y el proyecto de Estatuto del Consumidor (Proyecto de Ley 089/2010 Cámara). Bajo este panorama, se puede concluir que esta ha sido una legislatura particularmente provechosa para la introducción de reformas a la justicia, pero así mismo se puede vaticinar que el próximo período legislativo revestirá una gran importancia, no solo por los proyectos que continuarán su trámite, sino también por la próxima radicación de iniciativas como el proyecto de Estatuto de arbitraje nacional e internacional y la reforma constitucional a la justicia; que, valga la pena resaltar, ha sido un proyecto que se viene gestando desde el Gobierno anterior, en el cual han intervenido las Altas Cortes, Ex-magistrados y diversos sectores de la sociedad civil.
