Balance en Materia Penal – Legislatura 2009-2010
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha adelantando desde hace cuatro años su seguimiento legislativo, monitoreando el avance que tienen en el Congreso de la República iniciativas relacionadas con el derecho penal y con la estructura de la administración de la justicia. En esta ocasión, la CEJ presenta el balance legislativo de la legislatura recientemente finalizada (comprendida entre el 20 de julio de 2009 y el 20 de junio de 2010), en materia penal.
Sin lugar a duda, la coyuntura reciente, caracterizada por las discusiones sobre la reforma constitucional para permitir una nueva reelección presidencial, la reglamentación de la reforma política, así como la época electoral tanto para el Congreso como para el Ejecutivo; implicó que el trabajo del Congreso en torno a iniciativas penales fuera poco provechoso.
Prueba de ello es el alto volumen de proyectos que no harán tránsito a la siguiente legislatura, dado que nunca se surtió su debate durante esta legislatura. Se observa que 5 proyectos en el Senado de la República, así como 11 proyectos en la Cámara de Representantes, los cuales constituyen poco más del 50% de las 31 iniciativas legislativas en materia penal que se radicaron y tramitaron a lo largo de la legislatura, corrieron con esta suerte.
Del otro 50% de proyectos de ley, se encuentra que 5 fueron retirados por sus autores y solo uno fue archivado como conclusión de su debate. Continuarán tramitándose en la próxima legislatura 7 proyectos, que sí fueron debatidos y aprobados. Únicamente 2 proyectos han sido aprobados como leyes de la República: se trata de la ley 1329/09, que reforma el Código Penal en lo atinente a algunas conductas de explotación sexual comercial de niños y adolescentes; y la ley 1357/09, que introdujo reformas al Código Penal como consecuencia de la problemática de las pirámides.
Finalmente, se encuentra que, continuando con la tendencia desarrollada en las anteriores legislaturas, la mayoría de iniciativas tramitadas pretendían la introducción de nuevas conductas punibles al Código Penal, la modificación de las conductas existentes, o bien el incremento de algunas penas. Sin embargo, una de las iniciativas más importantes para el Sistema Penal Acusatorio ha sido debatida en esta legislatura, y continuará su trámite para el próximo período de sesiones en el legislativo. Se trata del proyecto de ley que busca establecer un nuevo régimen para el tratamiento de los delitos menores, para llenar el vacío dejado tras la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1153/07.
Tras realizar este balance, la CEJ hace un llamado al aprovechamiento de instancias interinstitucionales de vital importancia en materia penal, tales como el Consejo Superior de Política Criminal, o la Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio (CISPA), ambas conformadas por las entidades estatales que hacen parte del funcionamiento de la justicia penal. Acudir a estos escenarios puede resultar de vital importancia para consolidar iniciativas legislativas pertinentes y coherentes entre sí, a fin de consolidar una política criminal de Estado consistente, propósito frente al cual no se ha registrado un claro avance durante varios años.
