Con respecto a la reforma constitucional a la Justicia, ejercimos la secretaría técnica de la Comisión de Expertos integrada al final del gobierno anterior; participamos en las deliberaciones del grupo que elaboró el proyecto que presentó el Presidente Santos a las Cortes en septiembre del año pasado y, desde enero y hasta marzo de este año, fuimos invitados a la Comisión interinstitucional de la cual hicieron parte los Presidentes de las Cortes, la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de concertar la propuesta de cambio constitucional. En esas reuniones expusimos nuestros puntos de vista y propuestas.
Celebramos que después de muchos intentos la pretendida reforma llegara al Congreso, el escenario democrático por excelencia, con la esperanza de que haya espacio para el debate teniendo solamente en cuenta el interés de la justicia y de los colombianos.
Hemos apoyado ajustes a la Constitución porque creemos que hay cosas que corregir en relación con el Poder Judicial y su relación con otras ramas del Poder Público, para contener los abusos con la tutela y para cerrar la puerta, en lo que sea posible, a los actos de irresponsabilidad que han cometido nuestros dirigentes y las Altas Cortes en la designación de personas que no tienen los perfiles, experiencia y calidades idóneas para los cargos de nuestra justicia.
El texto de reforma a la justicia que actualmente cursa en el Congreso tiene cosas que nos gustan, otras que no, pero sobre todo tiene grandes vacíos.
Nos gusta porque ella abre la posibilidad de modificar el órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, pues el actual esquema no ha logrado jalonar la transformación de la función y el servicio público de la justicia y poco ha hecho por la probidad judicial y por la erradicación de la corrupción, que existe a pesar de que las Altas Cortes la quieran desconocer. La propuesta que trae la reforma debe ser ajustada, en búsqueda de un cuerpo eficiente y adecuadamente integrado para el gobierno, la planeación y el control del servicio de justicia.
Nos parece adecuado constitucionalizar la gerencia de la Rama Judicial, pero igualmente sería conveniente elevar a esa misma categoría a la Escuela Judicial y entregarle a ella el manejo de la carrera judicial, creando como requisito de entrada a la misma el curso concurso al estilo del que opera en Francia. Ese recurso humano en su segundo año de formación es el que nos parece más idóneo para apoyar procesos de descongestión de la Justicia.
Igualmente, sería conveniente crear el auditor general de la Rama Judicial para que ejerza el control de gestión y de rendimiento de todos los jueces, incluido el de las Cortes, materia que, en principio, debe diferenciarse del régimen disciplinario. Debe establecerse como único representante de la Rama Judicial al presidente de la Sala de Gobierno, para corregir en algo ese cuerpo de mil cabezas que tiene nuestra justicia. Si no tenemos una estructura de gobierno y de administración adecuada no se podrá impulsar la transformación que urgentemente requiere nuestra justicia.
La sala disciplinaria debería nuevamente convertirse en un Tribunal para disciplinar a magistrados, incluidos los de las altas cortes, y jueces solamente, y sus miembros deberían ser del más alto perfil. Los demás funcionarios serían disciplinados por la Procuraduría y los abogados por la Colegiatura obligatoria. La integración del Tribunal debe ser repensada para fomentar el ingreso de personas de las más altas calidades para ser juez de jueces. Es también una necesidad quitarle expresamente el conocimiento de acciones de tutela a esta Sala para no tener un actor más en el conocido choque de trenes.
Nos gusta que se hagan más exigentes los requisitos para acceder a las Cortes, pero en la fórmula propuesta por la reforma es necesario agregar la experiencia directamente relacionada con el cargo. Elección Visible, coalición de ONG de la que soy vocera, viene insistiendo en que antes del nombramiento se realice una audiencia de confirmación del finalista en la cual intervenga la sociedad civil, la academia y otros poderes del Estado para opinar fundadamente sobre el candidato, al estilo de la que se realiza en el Senado de los Estados Unidos.
La reforma tiene vacíos relacionados con la despolitización de la justicia producida parcialmente por las funciones electorales a cargo de las Cortes, que antes de eliminarse exigen repensar el equilibrio de poderes. Igualmente es una necesidad separar las funciones de investigación de las de juzgamiento y por eso hemos abogado que la Fiscalía sea un órgano autónomo de la Rama Judicial-como la Procuraduría- o que pase a ser parte de la rama ejecutiva.
La reforma no toca a la tutela. Consideramos que es necesario que esta acción vuelva por sus fueros originales, como mecanismo excepcional. Igualmente consideramos importante reconocer formalmente la existencia de la tutela contra sentencias y regularla en debida forma, para evitar los pocos, pero ruidosos y desintitucionalizadores, choques de trenes. La reforma igualmente se queda corta en dar más instrumentos para lograr seguridad jurídica y contener tantas sentencias contradictorias y confusas.
No nos gusta la entrega de funciones jurisdiccionales a abogados particulares. Colombia necesita una jurisdicción fuerte y no es conveniente trasladar el problema. Adicionalmente, de manera infructuosa, la CEJ ha venido insistiendo, a través de sus diferentes estudios, en que la congestión está focalizada y hemos propuesto un portafolio de acciones menos costosas que la contratación de personal adicional y con efectos menos deslegitimadores que el desmantelamiento de la jurisdicción por el cambio de competencias.
Son muchos más los temas de análisis a los que no me referiré por las limitaciones de espacio, pero no quiero dejar de mencionar que la justicia penal militar, como la justicia indígena hacen parte de una reforma a la justicia, por ello no nos parece una adición inconveniente a la reforma el tema del fuero penal militar.
Hacemos un llamado para que la reforma a la justicia sea mejorada y que no incluya aspectos que no tienen nada que ver con la justicia como los requisitos e inhabilidades de los Congresistas y que corrija errores de técnica legislativa, para no incluir asuntos que deben ser regulados por la ley o los reglamentos, como los temas de arbitraje de consumo o la comisión de desjudicialización, como lo hace el texto aprobado en primer debate.
Finalmente le hacemos un llamado a las Cortes para que anteceda a esta reforma un acto de contrición, pues muchas de las fallas de nuestra justicia se pueden atribuir a su acción u omisión y a que piensen igualmente en intereses superiores y no sólo en conservar un statu quo que no nos llevará al cumplimiento del anhelo colectivo de una pronta y cumplida justicia para todos los colombianos.
