Podríamos mencionar como ejemplo un caso paradigmático de nuestra flamante justicia y sus resultados: hace más de diez años, surgió un conflicto entre los inversionistas Guillinsky y el Banco de Colombia. Para nuestro propósito poco importa la naturaleza del conflicto o quién tiene o debería tener la razón. Lo cierto es que tras aproximadamente cuatro mil días, muchas horas-hombre de operadores de la justicia en todos sus niveles, muchos millones de pesos en honorarios de parte y parte y muchos avisos de prensa, pronunciamientos de eminentes ex fiscales o ex magistrados y probablemente otras cosas que no vemos, los colombianos aún seguimos sin ver resuelta de una vez por todas esa famosa controversia.
En Colombia la justicia no es pronta, porque los procesos se tornan interminables debido al inapropiado interés contradictorio de las partes, la indolencia -o peor, la connivencia- de los jueces o el abuso del sistema, que impiden o dilatan la adopción de sentencias definitivas y entorpecen el fenómeno de la cosa juzgada.
Es claro que el conflicto es connatural y ayuda a la evolución de las sociedades; sin embargo, cuando éste es sometido a la justicia, se imponen la buena fe, la lealtad procesal y el acatamiento de sus fallos. Pero no; aquí, se abusa del derecho. Los colombianos nos hemos acostumbrado y vemos sin asombro que se demande por demandar; que se dilaten los procesos de manera injustificada para ganar tiempo; o que éstos prescriban tras innumerables excepciones y dilaciones; o que se abuse de acciones o recursos que han sido -en buena hora- establecidos para garantizar derechos fundamentales, pero no para menoscabar la legitimidad o eficacia de la propia justicia y restringir injustificadamente el derecho que tienen todos los demás de acceder a ella.
Aquí pueden ser considerados pleitos exitosos los que logran burlar los derechos de la contraparte; o puede promoverse con descaro el desacato de los fallos de la justicia formal o de mecanismos alternos de solución de controversias, como ha sucedido en otros casos, también paradigmáticos y muy sonados, como el de Invercolsa o la controversia entre la ETB y Unisys, resuelta por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); en nuestro país, también es posible comprometer el aparato judicial para dañar el crédito de otro o realizar otras prácticas, que vemos repetidamente en las noticias y que pasamos por alto y sin sonrojarnos.
En Colombia la justicia no es cumplida, porque los jueces no se entregan a ella con generosidad y porque los ciudadanos no le exigimos que lo sea o a veces hasta interferimos en su desempeño.
El país necesita jueces que integren la norma a la realidad nacional y sean sólidos, eficaces y proactivos en la resolución de los conflictos. Que ejerzan una función creadora del derecho, pero también de los valores y principios que el país necesite. Que sean éticos, y justos en la percepción del problema y objetivos e imparciales en la apreciación de la prueba, de manera que logren un adecuado equilibrio entre la razón lógica, la histórica, la de utilidad y la propia realización de la justicia.
Corresponde a los mismos jueces establecer mecanismos y correctivos necesarios para asegurar el respeto a su tarea; impedir dilaciones y asegurar la calidad y pertinencia de sus fallos, así como encontrar soluciones para evitar los tan conocidos “choque de trenes” o los abusos de las acciones y recursos judiciales. El juez debe imponer el orden y hacer valer sus decisiones.
Pero también es difícil exigir un fallo ponderado, cuando durante el proceso se lleva a cabo un impresionante show mediático, protagonizado por las partes y sus apoderados y cargado de diatribas, argumentos y recomendaciones, que terminan por “resolver” el caso, dejando al juez sin otra opción que tomar partido por uno u otro lado del debate.
Así, proponemos un esfuerzo nacional por el respeto a la justicia. Que todos, operadores, abogados, usuarios y el país entero, comprometamos nuestra voluntad para rescatar la capacidad que tiene la justicia de contribuir al desarrollo de la paz y el bienestar de todos y que impulsemos esa transformación mediante el adecuado control social.
*Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia
