Así las cosas, la falta de una cabeza estable al frente de la institución es una situación que se presenta en el momento más inoportuno. Es por ello que el nuevo proceso de elección de Fiscal General que inicia, debe ser surtido de la manera más célere posible, bajo estándares de transparencia, imparcialidad, probidad y consciencia acerca del momento crucial que vive el país.
Pero esta experiencia deja para el país no pocas lecciones que deben ser reconocidas, de tal manera que se prevenga la ocurrencia de situaciones análogas hacia futuro. Por esta razón, desde Elección Visible –coalición conformada por organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia, el Instituto de Ciencia Política y la Misión de Observación Electoral (MOE)–, hemos planteado ideas acerca de reformas que deberían ser tenidas en cuenta dentro del proceso actual de reformas constitucionales, legales y reglamentarias a la justicia.
De esta forma, proponemos que dentro de la reforma constitucional a la justicia se incluyan ajustes a los requisitos para la elección de altos dignatarios de la justicia como el Fiscal General. Concretamente, pensamos que se debe exigir una experiencia mínima de 20 años relacionada con el cargo al que se aspira; y no cualquier tipo de experiencia como actualmente ocurre. Esto garantizaría, por ejemplo, que quien aspire a ser Fiscal General deba acreditar amplio conocimiento en materia penal, presupuesto que consideramos esencial para ejercer dicho cargo. Asimismo, consideramos los candidatos a este cargo deban acreditar experiencia en la dirección de entidades de alta complejidad y en el diseño e implementación de políticas públicas (en especial, en el campo criminal), puesto que esas son actividades inherentes a su labor.
A nivel constitucional, también proponemos que se introduzca la figura de la audiencia de confirmación en todos los procesos de elección de altos dignatarios de la justicia. Dicha audiencia, pensada bajo el referente del caso norteamericano, contaría con la participación de la Academia y de la sociedad civil en general, quienes formularían preguntas acerca de las aptitudes del candidato preseleccionado; antecediendo una investigación seria sobre sus calidades personales y sobre posibles inhabilidades en las que pudiera incurrir. El propósito es que al final la audiencia, la Corporación electora decida si ratifica a dicha persona para ocupar el cargo, o si bien decide retrotraer la elección para proceder a elegir entre los demás candidatos. Finalmente, y con el propósito de propiciar el fortalecimiento de la política criminal, proponemos que se establezca que el periodo del Fiscal General es de carácter institucional y que debe ser concomitante con el del Presidente de la República, permitiendo asimismo su relección en caso de que tanto nominador como elector así lo consideren. De la mano con este punto, no debe dejar de darse el debate acerca de en qué posición en la estructura del Estado debe estar ubicada la Fiscalía. ¿Será que aun no estamos preparados para separar al ente acusador de la Rama Judicial? Esta discusión conlleva la reflexión sobre otros temas relacionados, como cuál debería ser la fórmula para elección de Fiscal General y cuáles los mecanismos de coordinación con el Ejecutivo para la política criminal.
Adicionalmente, la experiencia reciente del país también ha llevado a Elección Visible a proponer que, aunado a los ajustes constitucionales referidos, se introduzcan normas legales que suplan los vacíos evidenciados en el proceso de elección de fiscal, que en últimas permitieron su dilación y resultaron abriendo nuevas interrogantes. En efecto, se deben regular los términos, tanto para postular a los candidatos como para elegir al titular del cargo. De igual forma, se hace preciso legislar sobre fórmulas de solución frente a eventualidades derivadas de la imposibilidad de lograr una pronta elección. Por último, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación también merece ser revisado, de manera que se defina una estructura en la que el Fiscal General funge como cabeza técnica concentrada en materia penal, acompañado de una estructura sólida en materia administrativa, teniendo en cuenta que se trata de una entidad compuesta por más de 22.000 funcionarios. Naturalmente, esta es sólo una posibilidad, que se deriva en últimas del perfil que el país considere que es el más adecuado para la figura del Fiscal General.
En conclusión, bajo la coyuntura actual Colombia necesita contar pronto con un Fiscal General en propiedad, que satisfaga las expectativas existentes de experticia, eficiencia, y probidad. Una persona que tenga una corta curva de aprendizaje una vez asuma su cargo, de manera que se apropie pronto de la entidad, puesto que la necesidad de avanzar pronto en delicadas causas penales así lo requiere. Pero, más aún, Colombia merece que la lamentable situación ocurrida nunca se vuelva a presentar en su historia.
