Resulta que después de 17 años de un profundo esfuerzo nacional por rediseñar y fortalecer la Rama Judicial a partir de la propia Constitución, ésta no ha logrado definir canales apropiados para el consenso, ni mecanismos de formulación y ejecución de recursos de funcionamiento e inversión, ni independencia para definir sus políticas y prestaciones laborales.
Además, la fusión de las carteras de Interior y Justicia -percibida aún inconveniente- promueve la ambigüedad: los roles de la política y la justicia confundidos en un Ministerio que, sin claridad en su libreto y enmarcado en un esquema de autogobierno judicial, no ejerce como doliente del sector en la puja por recursos escasos.
Y para completar, tampoco las altas Cortes ejercen el liderazgo que se espera de ellas. Ni el Consejo Superior de la Judicatura ni la Corte Suprema o el Consejo de Estado, órganos de cierre y dirección nacional de cada jurisdicción, han promovido una solución rápida, civilizada, estable y equitativa, para restablecer el servicio y definir mecanismos de fijación de la política laboral de la Rama.
Sin desconocer el derecho legítimo de jueces y funcionarios de la Rama a obtener mejores condiciones laborales, vemos con preocupación que la legitimidad de la justicia aún se percibe muy baja entre la ciudadanía y que los niveles de productividad en el sector y de respuesta a las necesidades de justicia, salvo en casos de tutela, son todavía insatisfactorios. Las últimas mediciones del Centro Nacional de Consultoría y sondeos realizados por la Corporación Excelencia en la Justicia en su página web, reflejan descontento ciudadano con el servicio de la Justicia.
Creemos que los servidores de la Rama deben tener las mejores calidades profesionales y éticas; para ello, su selección y permanencia deben estar respaldadas por evaluaciones de la mayor exigencia, asociadas a criterios que midan la responsabilidad en el ejercicio la función asignada, la calidad y productividad del despacho y por incentivos adicionales que reconozcan esfuerzos extraordinarios del despacho para incidir eficazmente en el mejoramiento del servicio.
La remuneración de los funcionarios judiciales debe ser, además de justa, debidamente equilibrada entre las diferentes jerarquías y tan atractiva, que pueda competir en el mercado laboral y hacer del aparato judicial un escenario interesante para el desarrollo profesional.
Según el Consejo Superior de la Judicatura, este cese nos cuesta 4 mil millones de pesos diarios; a ello se suma el costo invaluable de la frustración de muchos ciudadanos en sus expectativas de justicia y de resolución de conflictos. Es hora, entonces, que el poder judicial, el gobierno y la sociedad colombiana emprendan con urgencia la tarea de solucionar esta situación y aprecien en ella una oportunidad para fijar compromisos que beneficien a los funcionarios de la Rama y también a los colombianos, todos, con un mejor desempeño de la Justicia y que ojalá los aumentos salariales que se decreten estén efectivamente atados al mejoramiento de la productividad, pues si no seguiremos indefinidamente en este statu quo de un servicio ineficiente y lejano a los ciudadanos.
*Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia
