Según la sentencia, el Tribunal determinó la pérdida de cinco puntos para los concursantes que aportaron obras jurídicas sin la debida certificación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pese a presentar el ejemplar de la obra, como indicaban las reglas del concurso.
A esto se suma la decisión de la Corte Suprema de Justicia de practicar una inspección en los computadores y archivos de la Superintendencia de Notariado y Registro, como primer paso de la investigación preliminar sobre las denuncia y señalamientos que en días pasados hizo el ex superintendente Manuel Cuello Baute, con relación a la entrega de notarías a congresistas para favorecer la reelección.
Si bien la denuncia radicada en la Corte por Cuello Baute sólo tenía como blanco los ex congresistas Mauricio Pimiento y Yidis Medina, la versión de Baute tiene en la mira de la Corte y de la Fiscalía a cerca de 70 congresistas y particulares que en su condición de funcionarios resultaron salpicados por otro capítulo de la yidispolítica, y que también salpica al ex ministro Sabas Pretel de la Vega.
¿Botín o cuota?
Botín o cuotas políticas parecen ser las notarías, que hoy están en el ojo del huracán, y que de acuerdo con Jaime Horta, notario octavo de Barranquilla y presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional de Colombia, de la transcripción de la sentencia se advierte que la Ley 588 no ha establecido que la certificación de derechos de autor sea prueba única de autoría. “Así las cosas, cómo negarse a aceptar como prueba de autoría y publicación un ejemplar de la obra, como sí autorizaban las reglas del concurso, las normas mencionadas y hasta el sentido común”, advierte Horta.
Para el concurso de notarios se presentaron 14.665 personas que compitieron por 859 notarías en el país. Sin embargo, los resultados no dejaron contentos a quienes por muchos años estuvieron al frente de estas entidades público-privadas y que no superaron el concurso.
De acuerdo con algunos de los notarios, la validez y la seriedad del concurso se ha visto amenazada con esta acción que no fue interpuesta por notario alguno, resalta Horta.
De otro lado, el abogado Juan Hernando Muñoz, presidente de la Unión de Notariado de Antioquia y notario Primero de Bello, considera que el concurso es un mandato constitucional y estábamos en mora de cumplirlo, desde 1991.
“Eso teníamos que aceptarlo. Pero en Medellín y Antioquia que tumben los 5 puntos no afectará a los elegidos porque con ese puntaje o sin él se superaron las pruebas”.
Para Horta otra de las irregularidades de esta acción popular es que se demandó el Acuerdo 01 del 2007 cuando fue el 01 del 2006 el que convocó el concurso. “El Consejo de Estado ha señalado inequívocamente que la integración de las listas de elegibles constituye derechos adquiridos”, advirtió el presidente del Colegio de Abogados.
Para muchos, las notarías son consideradas un fortín político del que todo el mundo habla, pero nadie confirma. A ello se suma el asunto económico. EL COLOMBIANO intentó conocer cuál es el promedio de ingresos de las notarías y ningún notario quiso revelar datos generales sobre gastos y funcionamiento, como si se tratara del secreto de Estado mejor guardado.
Antecedentes
Una lluvia de 400 tutelas contra el proceso
En defensa de la moral se cuestiona la legalidad, dicen notarios posesionados. El concurso, ordenado constitucionalmente, tuvo varios intentos de derrocarlo hasta que la Corte Constitucional ordenó hacerlo hace dos años. Los notarios que ejercían los cargos hicieron recolecta de firmas, demandas, tutelas que llegaron a ser más de 400 contra el concurso. Lo último que se les ocurrió fue la acción popular y cuestionar la legalidad de un Acuerdo emanado desde el Consejo Superior del Notariado, integrado por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Procurador General y el Ministro del Interior.
