En primer lugar, la nueva norma determina incrementar los procesos orales. Para ello, durante los próximos cuatro años se incluirá en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto, con el que se busca cubrir los gastos que ello implica.
Según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, con esta medida “se agilizarán los procedimientos y se acerca el juez al ciudadano”.
En segundo lugar, la Ley Estatutaria determina la creación del arancel judicial. El objetivo es constituir un ingreso público a favor del sector.
En este punto hay que tener en cuenta que según el artículo 2 de la Reforma, “no podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores y en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales”. Así como tampoco a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley.
Además, ordena al Consejo Superior de la Judicatura ejecutar un Plan Nacional de Descongestión. Para lograrlo se creará el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
“Este se financiará con los derechos, aranceles, emolumentos y costos que se causen con ocasión de las actuaciones judiciales, así como de las donaciones y aportes de la sociedad, de los particulares”, explicó Valencia Cossio.
Entre otras novedades, se crearán cuatro nuevos cargos de magistrados para la Sección Tercera del Consejo de Estado, que son los encargados de resolver las demandas contra el Estado.
Cuando existan casos de violación a los Derechos Humanos, la Ley Estatutaria contempla que las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia; las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado; la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, “señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General”.
El Universal / 02 de febrero de 2009
