• Elección del Fiscal agudiza enfrentamiento entre Corte y Gobierno y deja en vilo a la justicia
El fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, se colocó al lado de la Corte Suprema de Justicia en la controversia sobre la elección de nuevo Fiscal General en propiedad, quien debe tener “elevada formación jurídica y actuar con suficiencia en procesos penales”, según sus palabras.
Mendoza Diago, cartagenero, especializado en derecho penal y criminología, opina que el Fiscal, quien sea, debe tener una gran estructura jurídica para entender y desarrollar temas penales. Anunció una inminente decisión sobre las “chuzadas” y explicó la anulación de los procesos contra tres ex directores del DAS como instrumento para acelerar las decisiones “que se conocerán en cuestión de días”.
Rechazó, por otra parte, que la designación de su hermano como Gobernador de Bolívar, ternado ante el presidente Uribe por el senador Javier Cáceres, haya sido una retribución por el nombramiento de Fernando Pareja, cartagenero, amigo de Cáceres, como Vicefiscal General.
¿Cuál es su opinión sobre la decisión que tomó la Corte de considerar no viable la terna que le envió el Presidente para escoger al Fiscal?
Cuando se trata del nombramiento de funcionarios, entran en juego no sólo los requisitos constitucionales y legales explícitos, como la no concurrencia en el candidato de inhabilidades o incompatibilidades, reunir ciertas calidades profesionales, cierta experiencia, etc., sino algunos implícitos como la idoneidad funcional, no tener tachas éticas, etc.. Entonces, si se tiene fundamento serio para considerar que esto último no se reúne, encuentro razonables las objeciones que ello provoque.
Uno de los cuestionamientos de la Corte es que ninguno de los candidatos propuestos por el Presidente es experto en derecho penal. ¿Cree que esa es grave falencia?
No puedo calificar a priori los conocimientos de derecho penal que pudieran tener los profesionales ternados, pero sí opinar que las funciones del Fiscal General exigen una elevada formación jurídica que le permita actuar con suficiencia en los procesos penales de su competencia.
¿Le parece que es obligatorio que el nuevo Fiscal sea penalista como consecuencia del sistema penal acusatorio?
El Fiscal General no tiene que ser un erudito en derecho penal, pero sí tener suficiente estructura jurídica para entender y desarrollar las instituciones de esta rama, no sólo para actuar en los asuntos de su competencia, sino para controlar y vigilar eficazmente la labor de fiscales delegados y aun de Policía Judicial.
¿La facultad en la nominación presidencial puede ser ejercida con discrecionalidad total?
Considero que sí, en la medida en que el procedimiento de escogencia observe las prescripciones constitucionales y legales y los nominados reúnan todos los requisitos contenidos en las normas pertinentes.
¿Cree que la renuncia de los miembros de la terna podría facilitar una solución?
Si la controversia se agudiza, la renuncia de sus integrantes podría ser una solución, pero la facultad para la nominación es exclusiva del Presidente.
La Corte dijo que no elegirá Fiscal mientras los actuales candidatos se mantengan. No parece que el presidente Uribe reforme la terna. En consecuencia, ¿está usted dispuesto a seguir en el cargo indefinidamente todo el tiempo que sea necesario?
Tengo obligación funcional, profesional y moral de permanecer en el cargo y cumplir cabalmente con los deberes que le son inherentes, hasta cuando sea reemplazado por el procedimiento que llegue a adoptarse.
Todo parecería indicar que usted va a continuar indefinidamente en el cargo . ¿La interinidad en la Fiscalía no afecta gravemente la actividad de ese despacho?
No sé cuánto tiempo deba permanecer en esta transitoriedad, la que, obviamente, genera dificultades de toda índole, siendo las más relevantes la imposibilidad de diseñar planes a largo plazo, la dificultad para escoger un buen equipo de apoyo y los problemas que han surgido con el concurso y carrera de la Fiscalía, que coincidencialmente he tenido que afrontar en los dos últimos meses.
Pero, ¿está la Fiscalía en interinidad?
No. Y perdóneme que lo corrija: yo no soy un funcionario interino. Yo soy un funcionario en propiedad como vicefiscal y estoy cumpliendo con las funciones de Fiscal por mandato de la Ley 938, que es la que prevé una situación como la actual. Mi condición es la de un Fiscal que usted puede llamar interino, transitorio, en provisionalidad, pero con todas las obligaciones y, por ende, con todas las facultades del Fiscal General. Si yo tengo que tomar correctivos, los tomaré, porque así como tengo obligaciones la propia ley me otorga recíprocamente facultades.
Quise decir que su transitoriedad puede originar dificultades como no poder programar, como la disminución de su autoridad…
Lamentable y ciertamente, esa transitoriedad genera un poco de disminución de la autoridad, porque habrá funcionarios a quienes haya que estar conminando permanentemente para que actúen, porque pueden entender que no deben responderle a un funcionario transitorio, pero, aún así, ejerzo autoridad y la seguiré ejerciendo, como debe ser.
¿Qué opina de la radicalización del enfrentamiento entre el Presidente y la Corte?
No entiendo las controversias jurídicas entre las ramas del poder público como un enfrentamiento, sino como diferencias de criterios que bien pueden solucionarse por los procedimientos que la propia Constitución y la ley establecen.
¿El Fiscal debe ser garantía de versación especializada e independencia?
Por supuesto, un Fiscal General no sólo debe tener versación jurídica que garantice eficacia en el reconocimiento de la plenitud de los derechos del ciudadano y la solución jurídica de sus conflictos, sino asegurar que sus actos sólo consulten la Constitución y la ley, y no intereses ajenos a los que son propios de la justicia.
Hay versiones según las cuales usted habría hecho nombramientos, atendiendo recomendaciones, para poder permanecer en el cargo…
Los nombramientos más importantes que he hecho son el de Vicefiscal y el de unas fiscales ante la Corte, que eran magistradas del Tribunal Superior de Bogotá, escogidos por sus méritos y porque tengo la seguridad de que evacuarán los procesos acumulados irregularmente en los despachos de la Unidad Delegada ante la Corte. Al doctor Fernando Pareja lo escogí como Vicefiscal porque lo conozco desde Cartagena; su padre fue mi mentor en algunas de mis decisiones como juez superior. Además, llegó al Tribunal Superior de Bogotá por concurso en el que ocupó el primer puesto.
¿Y la versión según la cual el doctor Javier Cáceres, presidente del Senado, habría pedido ese nombramiento y lo retribuyó con la designación que le habría solicitado al presidente Uribe de su hermano, Jorge Mendoza, como gobernador de Bolívar…?
Se necesita tener una imaginación realmente desbordada para lanzar semejante hipótesis. Mi hermano sí pertenece a Cambio Radical con el senador Cáceres, quien lo postuló ante el Presidente como Gobernador encargado de Bolívar, pero yo no tengo con el senador ningún tipo de relación política ni sé por qué postuló a mi hermano. Yo no hago política. Yo soy un funcionario de carrera y el vicefiscal Fernando Pareja no es magistrado por influencia política sino por concurso. Lo escogí, precisamente, por sus logros en ese cargo.
Como es bien sabido, la Corte cambió su jurisprudencia y decidió que todos los parlamentarios que renunciaron a su curul, para someterse a la Fiscalía, deben volver a ser juzgados por la Corte. ¿Por qué usted no planteó un conflicto de competencia?
Porque comparto el planteamiento que hace la Corte. Además, aquí no se está discutiendo competencia; se está discutiendo cuál es el alcance del Artículo 235 de la Constitución, y la Corte consideró que, cuando esa norma habla de delitos relacionados con la función, se está refiriendo no sólo a los delitos propios de los funcionarios, sino a los delitos comunes que se hayan impulsado, promovido, iniciado, a través de la función.
¿Y usted está de acuerdo con la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema?
Completamente. Es válida, sostenible jurídicamente y sobre ella no tendría yo que hacer objeciones de ninguna clase al aplicarla a nuestros procesos.
¿Por qué tomó la decisión de anular los procesos contra ex directores del DAS?
Porque hay una irregularidad que, si no se corrige desde ahora, va a traer consecuencias nefastas más adelante. El mejor ejemplo lo tenemos en el proceso por otros hechos contra el doctor Jorge Noguera: ya van tres nulidades y, aún después de advertir la Corte que había irregularidades, se volvió a incurrir en ellas, y en la última sesión de audiencia pública se decretó otra. Entonces, yo no puedo arriesgar un proceso tan importante, de connotaciones internacionales y bajo la mira del Departamento de Estado de Estados Unidos, por estar cuidándome de lo que digan los medios de comunicación sobre la nulidad. Esas son medidas de saneamiento que son obligatorias. Le garantizo que en unos días habrá un resultado, porque el proceso será más rápido que bajo el procedimiento anterior.
Pero si usted anuló los procesos, ¿cómo habrá más celeridad?
Sí, porque el proceso no quedó en cero, como dijo algún medio de comunicación. Lo que se ha hecho es adecuar el procedimiento y decir: estos hechos se llevarán bajo la Ley 600 de 2000, porque ocurrieron en tal época, y estos otros bajo la Ley 906, porque sucedieron bajo su vigencia. Lo que estamos haciendo es ajustar el procedimiento, sin que se afecte para nada la prueba ya practicada.
Entonces, ¿habrá pronto decisiones sobre la doctora María del Pilar Hurtado, el doctor Andrés Peñate y el doctor Joaquín Polo?
Sí, porque el ajuste del procedimiento facilita su celeridad y ya nosotros tenemos una actividad probatoria bastante avanzada. La anulación no quiso decir “borrón y cuenta nueva”; de ninguna manera.
Al margen del avance procesal de la investigación, ¿la doctora María del Pilar Hurtado, el doctor Peñate y el doctor Polo ordenaron chuzar?
Eso es lo que en su momento se dirá. Bajo la Ley 906, las decisiones no las toma el Fiscal sino el juez de Control de Garantías. Nosotros haremos las propuestas correspondientes, eso sí, con criterio de objetividad absoluta, lo que arroje la evidencia, porque un proceso arbitrario es peor que la dictadura más represiva que podamos concebir. Si la evidencia da para acusarlos, con absoluta seguridad vamos a actuar en consonancia con esa evidencia.
¿Usted no va a pasar a la historia como el Fiscal que enterró las investigaciones de las chuzadas?
Bajo ninguna circunstancia, pero no porque sea una actitud personal mía sino porque tenemos la obligación de hacer justicia, de investigar y acusar cuando el mérito así lo indique y de darle seguridad a la comunidad que nosotros somos, una entidad seria y confiable que les va a dar esa seguridad que requiere una comunidad afectada frecuentemente por el delito.
¿Es inminente una decisión?
Es inminente una decisión, pero el sentido de ella no se lo puedo anticipar.
¿Es cierto que usted está ‘desiguaranizando’ la Fiscalía?
¡Por Dios! En primer lugar, este no es un refugio de amigos. Nadie tan probo como el doctor Iguarán en sus nombramientos. Los cambios que he realizado nada tienen que ver con que en algunos casos él hizo los nombramientos, sino buscando mayor eficacia que, de paso, él nunca dejó de buscar, aun declarando insubsistentes a quienes antes había nombrado. Yo llegué a la Fiscalía hace 15 años, como fiscal delegado ante la Corte, pero quien me trajo a la Vicefiscalía fue el doctor Iguarán. Por él no tengo sino gratitud, por todas las distinciones que me hizo. El cambio de unos fiscales delegados ante la Corte no fue una descalificación, sino para llevar gente con mayor experiencia para ese trabajo.
¿Sugeriría usted en consecuencia alguna reforma para que la situación actual se supere y no se repita en el futuro?
Lo único que yo sugeriría es que la Fiscalía no esté en manos de una sola persona; estoy convencido de que no debe haber un solo Fiscal General de la Nación; debería existir algo así como una sala, con tres o cuatro altos fiscales: uno para los temas jurídicos, otro para temas administrativos y otro para tema de política criminal. Tanta cosa no puede quedar en manos de un solo funcionario. Yo sugeriría hasta una gerencia jurídica para unificar criterios, para que los fiscales no estuvieran dando tumbos y actuando erráticamente.
¿No le parece una idea extravagante?
Podría parecerlo ahora, pero yo, que estoy sintiendo el rigor de las obligaciones, con tan poco control sobre todo eso, siento que una sola persona no puede manejar todo, y eso no se puede sustituir tampoco con oficinas de poco alcance como la Dirección Nacional de Fiscalías, la Dirección del CTI, etc.
¿O más de un Vicefiscal?
No. No es igual. Tres o cuatro fiscales diría yo. Hay una inmensa cantidad de temas dispersos que impide centralizar todo y ser verdaderamente eficientes.
¿Usted propondrá esa reforma?
Lo estoy haciendo para que comience el debate público.
YAMID AMATESPECIAL PARA EL TIEMPO
