ELTIEMPO.COM conoció el borrador del proyecto de reforma judicial, para sexto debate en Senado.
El borrador de la ponencia de la reforma de la justicia -que será radicada hoy para sexto debate- determina la forma en que se desarrollará el juicio político previo a cualquier proceso penal o disciplinario para aforados en el Congreso, indica que el nuevo Consejo Disciplinario Judicial tendrá nueve integrantes, y, a pesar de la oposición de las altas cortes, mantiene las facultades jurisdiccionales para abogados y notarios.
El texto, conocido por EL TIEMPO.COM, desarrolla los acuerdos a los que se llegó la semana pasada en la Casa de Nariño y que fueron necesarios para destrabar el trámite de la iniciativa en el Congreso.
También se mantiene que el juicio penal de los congresistas se desarrolle en dos instancias en la Corte Suprema de Justicia, y el disciplinario, como lo anticipó este diario, se realice en la Procuraduría, en dos salas diferentes, pero se aclara que el jefe del Ministerio Público no intervendría en los procesos.
Aunque en principio estaba presupuestado que la ponencia se radicara ayer, esta decisión se aplazó porque persisten diferencias en algunos aspectos, especialmente en cómo funcionará el antejuicio político de los aforados y también porque las mismas cortes se oponen a medidas que se incluyen allí.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, reiteró su oposición a que abogados y notarios tengan facultades jurisdiccionales en procesos menores. “Así se lo expresé al presidente Juan Manuel Santos y damos por entendido que esto se tendrá en consideración”, dijo el magistrado.
Mientras tanto, la Comisión de Acusación de la Cámara se niega a desaparecer. Su presidente, el conservador Germán Blanco, dijo que la propuesta de eliminación se debe a que “la gran mayoría de los senadores está cuestionada ante las altas cortes y me parece que a algunos de ellos les faltó factor crítico y aporte a esta discusión”.
Por este tipo de diferencias, en la mañana de hoy realizarán un desayuno de trabajo los ponentes de la reforma de la justicia para hacerle los últimos ajustes a la ponencia, radicarla y citar a la plenaria del Senado para su votación en sexto debate mañana.
Facultades para la descongestión judicial
El borrador mantiene las facultades para que abogados y notarios conozcan de casos menores, a pesar de la fuerte oposición que las altas cortes han expresado a este punto. El senador Jesús I. García, uno de los ponentes, aclaró que “si no se dicta la ley reglamentaria, consensuada por los tres poderes, jamás se ejercerá esta función”.
Consejo de Disciplina Judicial
Según el borrador, estará integrado por nueve personas con calidades de magistrados, que elegirá el Congreso de ternas que envíen las cortes Suprema y Constitucional y el Consejo de Estado. No tendrán fuero constitucional, por lo que no serán cubiertas por el antejuicio político. EL TIEMPO.COM supo que personas cercanas al Consejo de Estado han pedido que se le otorgue a este tribunal la facultad de revisar en segunda instancia esas decisiones.
Antejuicio político
La Cámara podrá acusar por indignidad política al Presidente, al Vicepresi- dente, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los magistrados de las altas cortes. Se propone que estos procesos los lleve “una Comisión Constitucional, integrada por tres senadores y tres representantes que sean abogados”. La propuesta no tiene consenso, por lo que se plantea, según el senador Jesús Ignacio García, que exista una comisión asesora externa al Congreso que rinda un informe sobre los casos graves.
El reemplazo de la Sala Administrativa
Se crea el Sistema Nacional de Administración Judicial, que estará integrado por tres instancias: la Sala de Gobierno, la Sala Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial. Este sistema se encargará de “diseñar y fijar las políticas” de la Rama en materia presupuestal, y de los lineamientos necesarios para su funcionamiento.
Fiscalía ofrecería beneficios a secretaria de la Judicatura
La abogada Yira Lucía Olarte Ávila, la primera implicada en el escándalo por nombramientos de magistrados realizados en seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, podría acogerse a beneficios a cambio de colaboración con la justicia.
La Fiscalía contempla ofrecerle esta posibilidad después de haber escuchado sus explicaciones sobre los supuestos nombramientos irregulares.
Durante cuatro horas, Olarte respondió el interrogatorio al que fue sometida por los investigadores del caso e insistió en que las inconsistencias encontradas en las actas son en realidad errores humanos involuntarios en los que incurrió, “debido a la exagerada carga de trabajo” a la que estaba sometida.
Esta afirmación ha causado extrañeza entre sus subalternos. Ellos la describen como una jefe exigente por su rigurosidad y exactitud en el trabajo.
“Ella siempre está pendiente de todo detalle en el trámite de los documentos”, dijo uno de sus compañeros, que la ha acompañado durante los 11 años que lleva en ese tribunal.
En el 2005, el Consejo Superior de la Judicatura le otorgó la medalla al mérito José Ignacio de Márquez -el máximo reconocimiento de la justicia a sus funcionarios- por ser una de sus empleadas más destacadas.
El premio exaltaba su “dedicación continua, la pulcritud y prestancia en la prestación del servicio”, según el documento que lo acredita.
Antes de su arribo a la Judicatura, esta abogada, con 20 años de experiencia en derecho disciplinario, egresada de la Universidad Libre (y con especializaciones y doctorados en las universidades Externado y el Rosario), ejerció como personera delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá.
Por su experiencia, también cumplió labores de secretaria en las reuniones del Comité Interinstitucional de la Justicia, órgano integrado por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación.
La denuncia sobre el supuesto fraude con nombramientos fue presentadapor la magistrada de ese mismo tribunal María Mercedes López y revelada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, el pasado jueves durante la cumbre de poderes.
