Hay quienes creen que la enmienda a la justicia no está muerta, pues la Corte Constitucional puede anular la convocatoria del Gobierno y las objeciones. El malestar impera en el Congreso y en la Rama Judicial.
El presidente Juan Manuel Santos con los presidentes de las cortes en tiempo que la relaciones parecían navegar por buen rumbo.
De puertas para afuera pasó la tempestad, pero de puertas para dentro el malestar está intacto. Es la sensación que hoy impera entre las mayorías del Congreso y de las cortes sobre el desenlace de la accidentada reforma a la justicia que, después de causar escándalo por los ‘micos’ que quisieron colgarle a última hora los integrantes de la comisión de conciliación, terminó hundida con entierro de tercera. El común denominador es que se perdió la confianza, pero de llegar a restablecerse, las consecuencias judiciales y políticas están por verse.
Por los pasillos del Palacio de Justicia prevalece la incomodidad. El Espectador constató que con algunas excepciones impera el consenso de que el Gobierno se lavó las manos con el Congreso y la Corte Suprema. Al primero porque lo hizo responsable de todo lo que sucedió durante la conciliación de la reforma constitucional, y al alto tribunal porque quedó el rumor de que se la había jugado toda para ampliar el período de los magistrados. Y según fuentes consultadas, sí hubo muchas reuniones, pero el Gobierno siempre supo de ellas.
No obstante, las fuentes agregaron que fueron reuniones abiertas, en las que el único argumento de los magistrados que participaron era que, si se daba la ampliación de los períodos de los magistrados a 12 años, era para darle solidez y seguridad jurídica al Estado de Derecho. Es decir, para garantizar una jurisprudencia a mediano plazo. “Pero el Gobierno sabía de la seriedad de los argumentos e incluso se aportó la idea de un parágrafo transitorio para darles validez a los fallos de la Corte Suprema, mientras se ajustaba la reforma”.
A última hora el parágrafo que plantearon los magistrados, que apuntaba a que los temas de investigación y juzgamiento de aforados no se aplicaran a aquellos congresistas y demás funcionarios contra quienes se hubiera proferido resolución acusatoria, fue cambiado en la controvertida comisión de conciliación por otro parágrafo. El verdadero ‘mico’ estuvo ahí, porque se intentó aprobar que los expedientes que estuvieran pendientes de fallo volvieran a repartirse para que quedaran en primera instancia.
De todos modos, las fuentes consultadas en las altas cortes creen que, por más de que el gobierno Santos esté pensando que el temporal ya pasó, no debe olvidarse que ya existe una demanda ante la Corte Constitucional contra la convocatoria a extras para hundir la reforma a la justicia, y en el caso de que esta acción prospere, el dilema volverá a cobrar actualidad. Y el argumento es simple, una jurisprudencia no puede estar por encima de la Constitución. Si el alto tribunal acepta esta premisa, la tempestad va a volver.
Pero si por los lados de las cortes llueve, en el Congreso no escampa. Se notan las caras agrias, pero también las ganas de pasar la página. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, sigue insistiendo en que los tres poderes públicos deben redactar una carta pidiéndole excusas al país, no sólo porque cree que el Gobierno se lavó las manos con el Poder Legislativo, sino porque, de alguna manera, se perdió la confianza. “Uno no puede correr y sacar el cuerpo cuando llevamos tanto tiempo trabajando de forma conjunta”, agregó el senador Corzo.
A su vez el senador Roy Barreras precisó que el alboroto lo formaron quienes quisieron pescar en río revuelto, llevando a la opinión pública a creer que la situación era caótica. Y con nombre propio señaló al representante conservador a la Cámara Miguel Gómez, de quien dijo que fue uno de los personajes que ha querido vender la idea de la necesidad de una conmoción interior. “Esa idea lo único que pretende es anular las libertades civiles, echar al traste con el gobierno Santos y hundir iniciativas como la Ley de Víctimas o el Marco para la Paz”, agregó Barreras.
Otro que criticó al Gobierno fue el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. “El Gobierno pedía votar, decía que la reforma era buena, que la conciliación tenía problemas, pero que había que votarla. Ahora resulta que el Congreso y la bancada son villanos. Pero no nos pueden hacer responsables. Por eso ese voto de confianza ya no existe y, por ejemplo, no creo que vayamos a apoyar la idea que tiene el Ejecutivo de gravar empleos formales en la prevista reforma tributaria que ya está anunciada”.
Otros legisladores prefirieron la reserva de sus nombres para desahogarse. Uno de ellos, por ejemplo, expresó que, con todo y las críticas que se hacen, en los tiempos de Uribe, el presidente recibía a todos los congresistas y se discutían todos los temas. Ahora, añadió la fuente, Santos sólo quiere que a su mesa de Unidad Nacional sólo vayan los presidentes de los partidos, pero a recibir órdenes. “De ahora en adelante la relación tiene que ser a otro precio y sin decisiones unidireccionales, como pretende el gobierno Santos”.
Otro legislador recalcó que al Congreso le mamaron gallo y lo cogieron de títere, pero que muchos están pasando de agache, como el ahora ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien dice que la reforma aprobada no es nada de lo que el tramitó, pero bien sabe que, por ejemplo, fue suya la idea de ampliar el período de los actuales magistrados. “Más allá de la controversia, es claro que las firmas que está recogiendo la gente son para revocarnos, y si esa iniciativa prospera no queda salvándose ninguno de nosotros”.
Al margen de los protagonistas del debate, los analistas de la política también tienen su propia lectura. El constitucionalista Andrés Mejía Vergnaud precisó que lo que quedó claro esta semana es que el Gobierno estaba complacido con la reforma a la justicia, pero de haber sido por la indignación ciudadana nada habría pasado. Mejía agregó que Santos no puede persistir en el estilo de quedar bien con todo el mundo y no confrontar, conservando las apariencias. La idea de que haya recolección de firmas ya es preocupante.
A su vez, el politólogo Alejo Vargas añadió que sólo la reacción ciudadana logró objetar la reforma, pero que ya no interesa mucho el tema porque la reforma a la justicia fue hundida. Aun así, lo que quedó en pie es la necesidad de que se den debates reales en el Congreso y que los proyectos tengan una discusión previa en las bancadas y no la orden de votar porque sí, simplemente por pertenecer a una Unidad Nacional que ya pocos entienden o simplemente asimilan al libreto del presidente Santos de hacerse reelegir.
De cualquier manera, los coletazos de la crisis política que vivió el país en las últimas dos semanas pueden ser mayores. De hecho, ya se percibe en el ambiente que se aproxima una nueva oleada de procesos judiciales contra congresistas y ya empezaron las capturas. Es el efecto de una conciliación fallida y un hundimiento con sentimiento de salvavidas, que por ahora salvó a unos y otros de la debacle popular, pero que a mediano y largo plazo tendrá consecuencias, justo a las puertas del segundo año de gobierno, cuando el sol suele ponerse de espaldas.
Cuando suena la voz del pueblo
En dos ocasiones el Gobierno ha tenido que atajar iniciativas legislativas que han generado reproches y multitudinarias protestas sociales. Así sucedió cuando, luego de varias marchas y ante la posibilidad de que los estudiantes del país perdieran el semestre académico, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que ordenar el retiro de la reforma educativa.
De igual forma ocurrió con la reforma a la justicia, que generó la indignación del país político y social por el manto de impunidad con el que se arropaban los altos funcionarios del Estado con la aprobación de esta iniciativa. La presión ciudadana ocasionó que, pese al acompañamiento que el Gobierno le dio a la reforma durante ocho debates, finalmente pidiera su revocatoria.
