La escogencia del próximo Fiscal General es tan crucial para el presidente Uribe como su propia reelección.
Colombia ha tenido cinco fiscales generales, pero ninguno de ellos ha sido elegido en un ambiente político tan cargado como va a ocurrir con el sexto, cuyo nombre debe ser anunciado en los próximos 60 días.
En primer lugar, hay cuatro papas calientes que tendrá que asumir el nuevo Fiscal General que automáticamente convierten su elección en un proceso altamente politizado. Son cuatro casos que apuntan directo al corazón o a los afectos de la Casa de Nariño: la Yidis-política, que tiene enredados a dos ministros; la para-política, en particular el proceso del ex senador Mario Uribe; la investigación del DAS-gate, que salpica al círculo cercano del Presidente, y el caso de los ‘falsos positivos’, que empaña seriamente los logros de la seguridad democrática.
En segundo lugar, la Corte Suprema está con los pelos de punta por los seguimientos ilegales que han hecho agencias de inteligencia del gobierno a sus magistrados. La Corte es la encargada de elegir al Fiscal de una terna que le envía el Presidente y desde ya se puede pronosticar que revisará con lupa los candidatos que le mande la Casa de Nariño y sólo escogerá un nombre que le dé todas las garantías en el caso de las chuzadas. Es decir, el elegido tendrá que cumplir un requisito bastante difícil en momentos en que la crisis se ha agudizado: darle confianza a Uribe y darle confianza a la Corte.
Y el tercer elemento que hace difícil la elección es que el nombre del Fiscal es clave en este momento en que ha arreciado la polémica en torno a que una nueva reelección puede sepultar el equilibrio de poderes de la democracia. El talante de quien sea elegido será determinante: el actual fiscal, Mario Iguarán, es una muestra de que no necesariamente si tiene el guiño de Uribe se encargará de complacer en todos los casos los intereses del alto gobierno.
Otros órganos de control, como la Contraloría y la Defensoría, no brillan propiamente por su independencia frente al gobierno, y en cuanto al nuevo Procurador, aunque aún puede ser temprano para calificarlo, su independencia fue puesta en duda por el cambio del fallo con el que absolvió a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio en el caso de la Yidis-política.
La elección del Fiscal General puede llegar a ponerse tan tensa, que ya hay quienes aseguran que el presidente Uribe tiene un estratégico plan B que consiste en no mandar por ahora su terna para Fiscal. Con esa jugada mata dos pájaros de un solo tiro. Por una parte, se evita que la Corte Suprema le devuelva la terna o se demore en eternas sesiones sin decidir; y por otra parte, la Fiscalía queda en manos del vicefiscal, Guillermo Mendoza, que es uno de los nombres que se han barajado en la Casa de Nariño para ocupar el cargo.
En teoría, el presidente Uribe debe mandar la terna a más tardar en la primera quincena de julio, para darle tiempo a la Corte de tomar su decisión antes del primero de agosto, cuando debe asumir el nuevo Fiscal. Pero no hay ninguna norma que obligue al mandatario a hacerlo. De hecho, el Presidente ya se ha volado los plazos en ternas para otras corporaciones. Así ocurrió con las dos de la Corte Constitucional, que debía enviar a más tardar en octubre del año pasado al Congreso y sólo las mandó en marzo de este año. De tal manera que dos magistradas auxiliares ocuparon por encargo durante varios meses el puesto de los magistrados titulares. Y lo mismo ha sucedido en el Consejo de la Judicatura, en donde la demora fue de casi un año.
¿Quiénes son?
Mientras el Presidente se toma su tiempo ya hay suficiente información para armar un primer rompecabezas de la baraja de candidatos. De los tres, hay un nombre fijo: Camilo Ospina. Tendría que pasar algo extraordinario para que este hombre que ha ocupado tres altos cargos del gobierno de Uribe (secretario jurídico, ministro de Defensa y embajador en la OEA) no esté en la lista.
Ospina era uno de los candidatos de Uribe hace cuatro años, y por una puja de poder entre mosqueteros del Presidente, Ospina salió de la lista y el postulado fue Mario Iguarán. El ex embajador ya comenzó desde hace varias semanas a hacer lobby con los magistrados de la Corte y el martes de esta semana llevará a cabo su última tarea con la OEA para instalarse definitivamente en Bogotá. “Él da como un hecho que será el elegido por la Corte”, dice una persona que habló con él. El convencimiento de Ospina ha llegado a tal punto, que hace poco menos de un mes tuvo un almuerzo con uno de los dos fiscales delegados a la Corte, encargados del tema de las chuzadas del DAS.
El otro nombre que el Presidente ha tenido en cuenta es el de Rodrigo Noguera, el rector de la Universidad Sergio Arboleda. El primer mandatario, según altas fuentes judiciales, lo llamó para hablarle del cargo, pero Noguera prefirió recomendarle otros nombres, entre ellos el del vicefiscal general, Guillermo Mendoza. Ninguno de los involucrados ratifica esta versión, pero tiene sentido si se considera que Mendoza hace parte del círculo de influencia de Noguera, pues es muy amigo del nuevo magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, otro de los recomendados del rector que más influencia tiene en Uribe.
Y como en la terna debe ir una mujer, la lista la encabeza Beatriz Arango, asesora del diario El Colombiano de Medellín, que goza de toda la confianza del Presidente.
En una segunda lista aparecen otros nombres de destacados juristas que aspiran al cargo y que han recibido algún tipo de guiños de la Casa de Nariño o de personas cercanas a ella. Se trata del ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre. Él ha estado ya en otras ocasiones en el radar de la Casa de Nariño, hizo parte de la comisión para la reforma política y sonó en una primera tanda de candidatos a Procurador.
También está Marilú Méndez, la directora del CTI. Una mujer que ha hecho toda su carrera en la Fiscalía, en manos de su equipo han estado los casos más complicados de los últimos tiempos (los falsos positivos y la para-política, por ejemplo) y cuenta con la confianza de gobiernos como el británico y el de Estados Unidos.
En la elección del próximo Fiscal General, a diferencia de otras elecciones, por el corto circuito que hay entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema la incertidumbre no está tanto en cuáles son los nombres de la terna, sino cuál de ellos puede tener alguna opción de ser elegido por la Corte. A Ospina, que llega con el sello indeleble de Palacio, la Corte no es fácil que lo elija. Y otros candidatos, como el vicefiscal o Eduardo Montealegre, podrían tener mayor chance entre los magistrados. Todo depende de cómo esté confeccionada la terna.
Por ahora lo único claro es que el país será testigo de una gran paradoja: la misma Corte Suprema que hace menos de un mes pidió la intervención de un relator de Naciones Unidas porque cree que no hay suficientes garantías para el ejercicio independiente de la justicia, tendrá ahora que elegir uno de los cargos clave de la justicia de una terna que diseña el propio presidente Uribe.
Camilo Ospina Ya está haciendo ‘lobby’ en la Corte y el miércoles se instala en Bogotá para su campaña Beatriz Arango La asesora editorial de ‘El Colombiano’ cuenta con toda la confianza de Uribe.
Guillermo Mendoza El vice fiscal podría quedar encargado de la Fiscalía por un tiempo y luego estar en la terna.
Semana / 30 de mayo de 2009
