Desde el inicio del pensamiento filosófico de la civilización en que tratamos de insertarnos, Platón la consideraba como la resultante de todas las virtudes, expresión de la unidad armónica , y Aristóteles la definía como la virtud civil perfecta . Nadie ha superado a los dos viejos maestros. Quizá se olvida que lo que llamamos la Justicia no existe en el vacío, es un subsistema que depende del sistema. Resulta indesligable de un contexto determinado, de un espacio histórico.
El aparato judicial entero, las cortes y tribunales necesitan además de la parafernalia de institutos y codificaciones, de un funcionamiento normal . Que haya un orden, que la ley impere, ella sola y en la totalidad de un Estado. Que no proliferen justicias privadas o se reduzca a una débil capa de legalidad superficial, anegada por el predominio del desacato, el abuso del poder o la violencia. Y que los ciudadanos confíen en ella. Que predomine la certeza de que prevalece.
Los índices de impunidad en Colombia están entre los más altos del planeta. La revuelta permanente, con los más diversos pretextos, desde los delitos comunes hasta los que se recubren en la política (sin una frontera nítida con la fuerza), es en tal grado disolvente del tejido social, que no puede haber propósito más alto ni imprescindible que instaurar una verdadera justicia. Asegurar un orden, sin lo que resulta sencillamente imposible la acumulación que impulsa el desarrollo. Ni satisfacer las necesidades básicas de millones de compatriotas. El problema del orden es que tiende a volverse injusto, muy rápido, y requiere, por tanto, una constante tarea de renovación. Un esfuerzo de adecuación social en busca de la equidad.
Conscientes de ello, y provistos de los conocimientos, la experticia, el asesoramiento internacional, la Corporación Excelencia de la Justicia, que preside con discreción y limpidez Rafael Santos Calderón y de la cual es director ejecutivo Alfredo Fuentes Hernández, ha presentado, después de interesante seminario, al presidente Andrés Pastrana Arango un utilísimo estudio, Justicia para el nuevo siglo. Aportes a la agenda del Gobierno 1998-2002, invocando precisamente su acertada afirmación ( El cambio es ahora ) de que el problema más urgente en la administración de justicia es la impunidad y la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana como mecanismo para derrotar el crimen y reforzar el aparato jurisdiccional .
Analiza los resultados, a partir de la Constitución de 1991, que abrió perspectivas estimulantes aunque creó confusiones, y reconoce esfuerzos en la batalla antidelictiva. En la aplicación de instrumentos como la tutela, en métodos alternativos de solución de conflictos para contrarrestar la lentitud y la congestión judicial, incremento de la llamada productividad en dicha rama. Anota que subsisten formalismos, politización, servicio de baja calidad. Y concluye que el aumento de los recursos y la oferta institucional se han agotado.
En el siglo XXI, la Justicia requerirá todo un cambio de modelos sobre cuatro estrategias concretas y complementarias, que propone: 1o. Fortalecimiento de las políticas de prevención. 2o. Replanteamiento integral de la política penitenciaría y de rehabilitación. 3o. Adopción de un sistema procesal moderno, eficiente y ágil. 4o. Un mecanismo de coordinación serio y de alto nivel entre las principales instituciones.
La Corporación examina las condiciones que presionan el disfuncionamiento judicial. Una explosión criminal y terrorista alimentada por el narcotráfico y el conflicto armado. La crisis ética. El impacto del crecimiento poblacional y la urbanización, el choque de patrones de conducta y de una economía de mercado. La corrupción. Hay que incluir no solo los aspectos penales, sino los laborales, comerciales, administrativos, etc. La universidad, la ruptura de la vieja sociedad. El Estado tendrá que coordinarse para el manejo adecuado y oportuno de conflictos. El nuevo esquema de la Justicia es inseparable de cualquier prospecto de paz y de mantenimiento racional de la unidad de Colombia, en entredicho.
El Tiempo / 27 de agosto de 1998
