El estudio de la C.E.J. evidencia los muy limitados logros de las reformas. En general, el incremento de la oferta de justicia ha sido inadecuado para manejar el aumento y mayor complejidad de las controversias planteadas entre particulares, y para castigar el delito. El actual momento histórico de reformas de mercadeo e incorporación de legislación mundial, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción política, el avance de la violencia armada, y las tensiones entre poderes públicos, también ha restado eficacia al proceso de educación judicial. Finalmente, el legado de un sistema jurídico que premia los procedimientos dilatantes, junto con la demora en expedir la Ley 279/96, Estatutaria de la Justicia, atrasaron medidas importantes para la Rama, tales como la recién adoptadas en materia de mapa judicial, sistema de calificación de jueces, y su mejor ubicación por especialidades o regiones.
La justicia encuentra en un punto de inflexión. Mejora o fracasan los esfuerzos de una década. La estrategia de aumentar recursos en términos reales se agotó, como lo ha subrayado la Comisión del Gasto Público. Ajustes a ciertas entidades del sector justicia se justifican, pero solo pueden tramitarse en otra coyuntura política. Se requiere, por lo pronto, profundizar las dimensiones de planeación y gerencia a fin de lograr una mejor utilización de los recursos humanos, físicos y tecnológicos, sobre todo en ciertas regiones. También, a los ciudadanos les corresponde asumir responsablemente el deber constitucional de colaborar con la justicia.
Funcionarios judiciales plantean soluciones similares para elevar la productividad y la transparencia. Consultado por el Centro Nacional de Consultoría (estudios para Minjusticia, 1995) sobre sugerencias para una justicia más pronta y eficaz, una muestra representativa de jueces y empleados de la Rama señalan tres prioridades: capacitar, reducir etapas del proceso y sistematizar. En cuanto al logro de una justicia más accesible, identifican necesidades de información a la comunidad sobre cómo acceder a la justicia, capacitación de funcionarios, y mejora de atención al usuario. Finalmente en cuanto a recomendaciones para mejorar la credibilidad de la justicia, coinciden en reclamar honestidad, fallos justos y prontitud en las decisiones. Esta simple combinación de capacitación judicial, educación ciudadana, racionalización organizativa, automatización, y mejoras en procedimientos, demandaría una clara reasignación de los recursos de la justicia, disminuyendo el actual énfasis en edificios y remuneraciones.
