24 de mayo de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Noticiero Digital de Venezuela. El texto fue tomado de su página web.
Durante el foro “Estado de la justicia y la democracia en Venezuela” en Colombia, organizado por la ONG Acceso a la Justicia, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP), juristas, comunicadores sociales y expertos en justicia, corrupción y crimen organizado disertaron acerca de la situación que atraviesa Venezuela.
David Lovatón Palacios, consultor de la Fundación para el Debido Proceso en Perú; Joseph Poliszuk, periodista y editor del portal Armando.Info, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia participaron como ponentes en el evento y trataron diversos puntos del sistema de justicia venezolano.
Jueces políticos
Por lo menos 40% de los jueces activos que integran el sistema judicial venezolano “simpatizan y/o son militantes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela; 8% son, o han sido, contratistas del Estado, muchos en el ejercicio de sus funciones”.
Otros han cumplido roles paralelos como haber sido suplentes del Consejo Nacional Electoral al tiempo que tenían el mismo rol en la Sala Electoral de Tribunal Supremo de Justicia. Antes o después de haber ejercido funciones como juristas han sido parlamentarios, representantes de gremios bolivarianos o ministros. El concepto de independencia y autonomía en el sistema de justicia venezolano no existe, según describió Joseph Poliszuk durante su ponencia.
“El Poder Judicial tiene 1.125 tribunales penales. La primera entrega de la investigación de Armando.Info –se han publicado dos y preparan una tercera– confirmó los nombres de 823 de ellos. De ese grupo, 332 aparecen en una de las listas de militantes del PSUV entre los años 2007, 2012 y 2013 o, incluso, en las del anterior partido Movimiento V República, liderado por el fallecido Hugo Chávez. 19 de estos 332 jueces se encuentran refrendados en todas las listas del chavismo. Poliszuk nombra a varios de estos que han tenido a su cargo juicios relevantes”.
En la segunda parte de la investigación se cruzó la base de datos de los jueces con la del Registro Nacional de Contratistas. Los jueces tenían vínculos empresariales con el gobierno: “De los casi 6.000 jueces que hemos tenido en 20 años, en todas las áreas, 461 jueces de ellos (8%) son o han sido contratistas del Estado. Constructores, tienen cooperativas, importadoras, y encontramos casos increíbles como que asfaltan calles y firman sentencias”, dijo Poliszuk.
Dominar la justicia para mantenerse en el poder
Para Lovatón los gobiernos totalitarios hieren la democracia para mantenerse en el poder: “En esos regímenes autocráticos un eje central es el control del Poder Judicial. Por varias razones: para asegurar la impunidad de sus actos de violación de derechos humanos y sus graves actos de corrupción y para asegurar la reelección”.
La toma del poder absoluto
Laura Louza, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que el chavismo llegó al poder de manera democrática, vendiéndose como una socialdemocracia, pero a cambio creó una verdadera hoja de ruta para la toma del poder absoluto.
Para lograr ese cometido, puntualiza la abogada, el sistema de justicia resultaba clave, por lo cual de manera inconstitucional controló a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo de la Sala Constitucional desde la cual se cambió el Derecho y con el tiempo se fue controlando todo el país y toda la sociedad.
Civiles procesados por la justicia militar
Daniels afirma que en el marco de la emergencia humanitaria compleja y el desmantelamiento institucional, ambos responsabilidad del régimen político venezolano, la justicia militar continúa jugando un papel trascendental al ser instrumentalizada por el Ejecutivo Nacional como medio para obtener más poder y como mecanismo de represión, lo cual califica como un uso perverso de la justicia militar.
Diagnóstico y propuestas
Para atender la independencia judicial, Louza plantea que los jueces deben ser nombrados por méritos y con la participación de la sociedad civil como establece la Constitución; que se debe hacer una enmienda a la Constitución en lo relativo a la prohibición de la asociación de jueces, pues eso afecta su independencia según los principios básicos de independencia judicial de la ONU; y que la función administrativa del Poder Judicial se concentre en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y no se mezclen funciones jurisdiccionales con administrativas como ocurre desde que el Tribunal Supremo de Justicia (desde el 2000) actúa como órgano de gobierno y administración del Poder Judicial sin dejar a la DEM ejercer su rol.
Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MeR62Y
