Según el fiscal Iguarán la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en el caso del representante legal de DMG, David Murcia Guzmán, no significa “ni impunidad ni libertad inmediata”.
Por eso explicó que el principio de oportunidad faculta a la Fiscalía para suspender, interrumpir o renunciar al procedimiento penal, siempre y cuando la persona investigada colabore eficazmente con la justicia, entre otras condiciones.
Además aseguró que la aplicación de este instrumento a Murcia Guzmán, imputado por el delito de lavado de activos, se haría sólo si éste repara a la totalidad de los inversionistas afectados, identifica a los propietarios del efectivo blanqueado, se compromete a no continuar delinquiendo, y, además, se establece que esa persona no está investigada por narcotráfico.
El Fiscal agregó que la aplicación del principio de oportunidad debe ser avalada por un juez, por el Ministerio Público y por las propias víctimas, quienes en este caso son nuestra principal preocupación.
Entretanto, el procurador Edgardo Maya Villazón advirtió que la aplicación del principio de oportunidad para Murcia “claramente la ve como imposible porque el fiscal, de manera contundente, ha puesto un condicionamiento que en una persona que ha tenido una trayectoria de estafa masiva a la sociedad colombiana, con un claro propósito de blanqueo de dinero, no se cumple”.
Disturbios en Mocoa
Las sedes de dos “pirámides” financieras en Mocoa, Putumayo, fueron saqueadas ayer por decenas de ahorradores defraudados que previamente incendiaron varios vehículos de la Fiscalía General y bloquearon la carretera de acceso a esa ciudad.
El comandante de la policía en esa zona del país, general Luis Alberto Pérez, dijo que los desórdenes comenzaron a primera hora con el corte del tráfico entre Mocoa y Pitalito, localidad del Huila.
Reacción
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe, dijo ayer que hay congresistas que no atacan el delito, sino al Gobierno, al responder los señalamientos de sectores políticos que lo cuestionan por no haber actuado prontamente para detener la actividad de las captadoras ilegales de dinero. “Hay unos congresistas que se quedaron en el espíritu de su vida pasada de delincuentes y no atacan el delito, sino al Gobierno”, puntualizó Uribe durante la instalación, en Bogotá, del Congreso Nacional de Cafeteros.
Agregó que “en su vida de delincuentes ellos destruían las Cortes y atacaban las instituciones, y en su vida de ex delincuentes no atacan a los delincuentes sino a las instituciones y al Gobierno”.
Uribe también recordó que entregará a la Procuraduría todas sus declaraciones de renta, según la petición de varios sectores de la oposición por respeto al pueblo colombiano, por transparencia y por fortalecer la autoridad moral para poder continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito.
La presidenta de la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar, dijo ayer que impuestos como el gravamen del 4 por 1.000 que se aplica a cada movimiento bancario, hacen que el público acuda a sistemas que captan dinero ilegalmente como las “pirámides”.
El Mundo / 27 de noviembre de 2008
