El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, había declarado antes que “el Gobierno se compromete, si es que levantan el paro, a buscar nuevas fuentes de financiación”. Los huelguistas iniciaron la medida de fuerza el pasado 3 de septiembre para exigir una nivelación entre los sueldos de los magistrados y jueces superiores y los de funcionarios de menor rango.
El paro judicial, durante estos 44 días, ha causado pérdidas por más de 60 millones de dólares y la paralización de cerca de 160.000 procesos judiciales. Por ese motivo, el pasado 10 de octubre el Gobierno decretó el estado de conmoción interior en el sector judicial, uno de los tipos de estado de excepción contemplados por la Constitución para afrontar la crisis.
El presidente Álvaro Uribe justificó ese día la medida después de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que no aceptaron las alzas salariales propuestas. Uribe alertó que durante el paro más de 2.700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se celebraron al menos 25.000 audiencias.
De acuerdo con la Constitución, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional”, el Presidente de la República puede declarar ese estado de excepción hasta por noventa días, prorrogables por dos periodos iguales.
Esa circunstancia legal le permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Para el presidente Uribe es imposible cumplir las exigencias de los empleados judiciales porque se pondrían en peligro las finanzas del Estado, pero aclaró que las puertas al diálogo siguen abiertas.
En contraste
En medio de las negociaciones para acabar con el paro de los empleados de la Rama Judicial, el Ejecutivo emitió el siguiente comunicado:
El Gobierno Nacional aclara que no ha hecho compromisos con Asonal Judicial para subir a 150 mil millones de pesos anuales el ofrecimiento de recursos, dada la difícil situación fiscal de la Nación. El compromiso es explorar nuevas fuentes como el arancel judicial y la reunión de fines de mayo de 2009 para examinar el recaudo tributario, la financiación de la Nación y el crecimiento económico.
El Espectador / 15 de octubre de 2008
