Francy Helena Villegas, de la asociación nacional de empleados al servicio de la seguridad, sostuvo que los casi seis mil empleados del DAS no pueden pagar por las irregularidades de algunas personas vinculadas a las chuzadas ilegales y señaló que se deben conocer las identidades de esas personas, sobre todo de quienes desde el Gobierno se estaban beneficiando con esa información.

“Nos están criminalizando por algo que no hemos hecho y las piezas claves del escándalo ni siquiera están siendo investigadas”, precisó la funcionaria del DAS.

Agregó que el país debe conocer la verdad del escándalo antes de que el organismo se liquide y sus trabajadores se queden sin empleo.