El Presidente releyó en presencia de Aranguren la carta de renuncia en la que decía que prefería dar un paso al costado para que las autoridades investigaran sus actuaciones, y que se sentiría más cómodo ejerciendo su defensa desde fuera del Gobierno. “¿Y es que acaso usted ha cometido algún delito?”, le preguntó Uribe. “No”, le respondió el funcionario, y acto seguido el Presidente le notificó: “Entonces no pienso dejar acéfalo un equipo de trabajo que ha sido tan útil en la lucha contra las finanzas del terrorismo y la mafia”.
De todas maneras, Aranguren le explicó al Presidente que los informes de la UIAF en los que figuraban magistrados de las cortes no habían sido iniciativa de sus funcionarios, sino una respuesta a los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS, de algunos bancos. “En todos esos casos me he ocupado personalmente de hacer llegar los resultados de las evaluaciones al Fiscal General de la Nación porque así lo disponen las normas que nos rigen”, dijo Aranguren.
Un día después, el 5 de mayo, el magistrado Hernando Torres, a nombre de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial -de ella hacen parte las cuatro cortes y la Fiscalía- pidió al Presidente que se pronunciara sobre los seguimientos ilegales. En respuesta, Uribe encomendó al director de la UIAF y al director del DAS, Felipe Muñoz, que prepararan informes sobre las acciones que sus respectivas entidades habían adelantado en relación con los magistrados para enviarlos a la Comisión y, además, convocó a una reunión el lunes 11 con la Comisión a la que citó a Muñoz y a Aranguren. En esta, los representantes de las cortes le insistieron a Uribe en que se pronunciara sobre el tema. Era la reiteración de la solicitud que había hecho el nuevo presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, el 22 de febrero.
El lunes 18 de mayo, el DAS y la UIAF presentaron sus informes a la Comisión, pero esta no quedó satisfecha y, dos días después, su presidenta María Mercedes López le envió una carta a Uribe en la que decía que los reportes eran “completamente insatisfactorios”. Tan insatisfactorias como les parecieron a los magistrados de la Corte las declaraciones que había dado Uribe: “El Gobierno ha tenido un diálogo presencial, abierto y constructivo con las cortes”.
El fin de semana pasado, dos hechos nuevos llevaron a la Casa de Nariño a aceptar, por primera vez, que la UIAF había hecho averiguaciones para establecer si algunos magistrados tenían nexos con personas relacionadas con el narcotráfico. En primer lugar, revelaciones de algunos medios de comunicación sobre las conclusiones del informe del CTI sobre las ‘chuzadas’ y seguimientos, que no descartaban que la UIAF podía haber sido usada por el Gobierno para operaciones ilegales. Y en segundo lugar, declaraciones del fiscal Mario Iguarán en el sentido de que la Unidad no le había informado sobre las indagaciones a algunos magistrados.
Aranguren reaccionó y acudió a Palacio para darle explicaciones al Presidente. Pruebas en mano, le aseguró que el fiscal Iguarán y fiscales especializados en lavado de activos habían comenzado a recibir los informes de la UIAF desde mayo de 2008. “Está demostrado que el Fiscal estaba al tanto de todos los reportes que llegaron a manos de la UIAF”, le dijo a CAMBIO una fuente de la Casa de Nariño.
Esa fue la razón por la cual el Presidente autorizó a la UIAF a divulgar un comunicado que decía en uno de sus apartes: “En virtud de su competencia legal, la (UIAF) ha analizado ‘Reportes de Operaciones Sospechosas’ sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”. Pero además iba incluida una especie de cuenta de cobro a la Fiscalía: “Se elaboraron informes de inteligencia financiera, los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Nación”. Fue la chispa que reavivó el enfrentamiento del Gobierno con la Corte Suprema.
El lunes 8 de junio, las cortes emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron a la UIAF y la acusaron de extralimitación de funciones.
El Gobierno estaba molesto por la decisión del alto tribunal de abrir indagación preliminar contra 86 representantes que votaron a favor del referendo reeleccionista, y la condena de los ex congresistas de la coalición Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus dentro del proceso de la llamada ‘Yidispolítica’, condena que llevó al ministro de Protección Diego Palacio a declarar que esa era una demostración de la “politización de la Justicia”.
Para atizar más la candela, el lunes el representante de Cambio Radical Édgar Ulises Torres, vicepresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara -competente para investigar a los magistrados-, y quien es investigado por la Corte Suprema por presuntos vínculos con paramilitares, anunció que la Comisión pedirá copias de los informes del CTI y la UIAF, y evaluará si existen elementos que justifiquen abrir investigaciones a los magistrados.
La situación requiere bomberos. El Gobierno está en ascuas por cuenta de la investigación preliminar de la Corte a los representantes que apoyaron el referendo, pues estos temen acabar en manos de la Corte o en procesos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Y la Corte está que arde por la investigación ilegal a sus magistrados y los ataques del Gobierno. Como dice el ex fiscal Alfonso Gómez en su columna del este miércoles en Portafolio, si algunos magistrados no tienen claras sus cuentas, “deben ser investigados con más rigor que el exigido para los ciudadanos comunes”. Y abre el interrogante sobre por qué el Gobierno ha acudido a un procedimiento que no es legal, pues la UIAF no tiene funciones de policía judicial.
Sin árbitro
La larga cadena de enfrentamientos entre el Gobierno y la Corte está llegando a niveles preocupantes. La credibilidad y la fortaleza de dos pilares del estado de derecho -la Presidencia y la Corte- están en juego. La sola repetición de incidentes indica que la pelea sigue creciendo y cada vez es más grave. Para los observadores internacionales, por ejemplo, un conflicto entre el Presidente y la Corte es sinónimo de enfrentamiento entre el Presidente y la Justicia. Lo cual significa, ni más ni menos, que está en peligro un principio esencial de la democracia: la autonomía, respeto e independencia de los jueces.
Uno de los aspectos más preocupantes de este enfrentamiento institucional radica en la ausencia de árbitros. Mientras que en el pasado los choques entre los poderes Ejecutivo y Judicial se presentaban entre magistrados individuales y ministros de Justicia, hoy la pelea es entre el propio Presidente de la República y la cúpula de la Corte. El estilo frentero y las actitudes de carácter del Presidente, que tanto gustan, en este caso lo convierten en jugador y le quitan espacio para ejercer como árbitro. ¿Qué salida, entonces, puede tener el peligroso conflicto?
La subida de tono y la crispación creciente llevan a pensar que las apuestas en esta pelea van más allá de simples posturas institucionales. Con el comunicado de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Presidencia reiteró públicamente su preocupación por una eventual infiltración de las altas cortes por personas sospechosas de realizar actividades ilícitas.
Sin lugar a dudas, la más violenta de las respuestas ante el pedido abierto y reiterado de los cuatro máximos tribunales para una explicación más satisfactoria sobre el escándalo de los seguimientos y supuestas interceptaciones ilegales tanto a jueces como a otros miembros de la oposición. A pesar de toda la polémica generada por el comunicado de la UIAF, el Gobierno sigue sin responder con claridad bajo qué circunstancias y autoridad se habrían presentado las interceptaciones ilegales que los magistrados denuncian.
Por otro lado, recientes decisiones de la Corte han sido interpretadas como palos en la rueda al Gobierno. La apertura de indagación a los representantes a la Cámara que votaron afirmativamente el referendo reeleccionista en diciembre pasado es considerado en Palacio una afrenta de carácter político, dirigida a amedrentar a los congresistas que tienen que volver a votar el referendo, en la instancia de la conciliación. La incertidumbre frente a eventuales pérdidas de investidura literalmente paralizó a la bancada. En otras palabras, los magistrados se convirtieron en otro factor de demora y complicación en el trámite de la iniciativa más importante de la Presidencia en este período legislativo: la de su segunda reelección.
Así, golpe va y golpe viene, continúa un ‘choque de trenes’ que está convertido en la regla -y no la excepción- en el panorama público. El Ejecutivo justifica los seguimientos al querer proteger la seguridad e integridad del aparato del Estado frente a narcotraficantes mientras que la Corte está comprometida a llegar hasta el fondo de la alianza entre políticos y ‘paras’.
Además de la ausencia de espacios, formales o informales, para tramitar este conflicto, el enfrentamiento entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema ya tiene programado su próximo tinglado constitucional: la selección del próximo fiscal general de la Nación. En la escogencia final del sucesor de Mario Iguarán se espera desde ya una feroz lucha entre ambos poderes. Como cabeza de la política criminal, la Fiscalía conjuga funciones acusatorias y capacidades investigativas. Un nombramiento crucial para Uribe, que depende de la Corte.
En plena campaña electoral bajo la sombra de una posible segunda reelección de Uribe, los últimos episodios adquieren más gravedad que la de un ‘choque de trenes’ más. La pugnacidad que en un principio se limitaba al palacio de Nariño y la Corte está haciendo impredecibles metástasis: la Comisión de Acusaciones de la Cámara investiga a los magistrados y estos, a su vez, procesan a los congresistas, mientras todas las cabezas de las instituciones de la Justicia toman partido abierto y protagónico a favor de la Corte. Los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ya están en el campo de una batalla en la que -como dice Humberto de la Calle- todos pueden salir perdedores.
“La Corte no hace oposición con sus fallos”
Augusto Ibáñez, Presidente de la Corte Suprema
CAMBIO: ¿Qué responde a los que dicen que la decisión de la Corte de abrir investigación preliminar a los representantes que votaron a favor del referendo tiene un sesgo político contra el Gobierno?
Augusto Ibáñez: Que ignoran las circunstancias en que se produjo la decisión, pues esta no corresponde a la sala plena de la Corte ni a todos los magistrados de la Sala Penal. Se trata de una determinación singular, autónoma y adoptada en Derecho por el magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, a quien le correspondió la ponencia después de un denuncio formulado por un congresista. En cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional sobre la separación de las funciones de investigación y juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal se divide, a su vez, en otras tres salas de instrucción y las decisiones las toma uno solo de los magistrados de estas.
El Ministro de la Protección Social asegura que las decisiones de la Corte se han politizado…
Bienvenidas las críticas que se circunscriban al contenido de las sentencias, único medio de la Corte para hacer pronunciamientos. Lo que la Corte no puede hacer es ponerse en la tarea de responder a epítetos y menos cuando estos provienen de quienes primero deben explicar sus actuaciones ante la Fiscalía.
¿Por qué dice que informes de la UIAF sobre algunos magistrados es una columna de humo?
Porque pretenden edificar un hecho verídico a partir de supuestos mentirosos. Las víctimas que han tenido acceso a esos informes han comprobado que su contenido dice exactamente lo contrario de lo que algunos anuncian. Es decir, que no existe conexión alguna de magistrados con la mafia. Eso ha quedado claro después de los seguimientos ilegales probados en el informe del CTI.
Pero la Comisión de Acusación de la Cámara anuncia una posible investigación contra los magistrados que figuran en los informes.
Desde el 3 de diciembre de 2006 anunciamos que los magistrados estamos dispuestos a acudir, bajo cualquier circunstancia, a nuestro juez natural. La Corte no busca amparo en la impunidad. Lo que la Corte no admite son las tergiversaciones y manipulaciones hechas a partir de interceptaciones sin orden judicial de la autoridad competente.
¿Quién puede ser el árbitro en este ya largo enfrentamiento entre la Corte y el Gobierno que pone en riesgo la institucionalidad?
La Corte no está en conflicto con nadie. Ejerce sus funciones. En este momento lo único que espera es que las investigaciones sobre interceptaciones y seguimientos ilegales lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Rastreo de cuentas
CAMBIO reveló en mayo la existencia de tres informes de la UIAF sobre la situación patrimonial y financiera de tres magistrados y un ex magistrado, todos con relaciones con el polémico empresario Ascencio Reyes:
El informe “Escoba” relaciona transacciones del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, miembro del Consejo Superior de la Judicatura, y de algunos familiares, entre el 1° de marzo y el 28 de diciembre de 2007.
Los informes “Paseo” y “Viaje” se refieren a actividades comerciales y económicas de Escobar; de Rafael Ostau de Lafont, actual presidente del Consejo de Estado; de Yesid Ramírez, magistrado de la Sala Penal y ex presidente de la Corte Suprema, y del ex magistrado Carlos Isaac Náder.
Principales enfrentamientos
2005
Febrero
La Corte Suprema expresa reparos al proyecto de Ley de Justicia y Paz: lo considera generoso con los paramilitares. Para entonces, la Corte Constitucional examina el acto legislativo que aprobó la reelección inmediata.
Septiembre
El presidente de la Corte, Yesid Ramírez, dice que en el debate sobre el que debe tener la última palabra en las tutelas contra sentencias, Uribe tomó partido por la Corte Constitucional porque esta declaró exequible la reelección.
2006
Estalla la parapolítica: tres congresistas uribistas de Sucre son vinculados por nexos con las Auc. Miguel de la Espriella revela el llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”.
2007
Julio
La Corte señala que los 19.000 ‘paras’ desmovilizados no pueden ser procesados por sedición sino por concierto para delinquir. Uribe dice que el proceso con las Auc queda “herido de muerte”. La Corte habla de “injerencia indebida del Ejecutivo”.
Septiembre
Mario Uribe, primo del Presidente, es llamado a indagatoria por la Corte. Dos días después renuncia al fuero.
Octubre 7
El Presidente recibe una carta de alias ‘Tasmania’, que dice que el magistrado auxiliar Iván Velásquez lo visitó en la cárcel para ofrecerle beneficios si declara contra Mario Uribe y relaciona al Presidente en el atentado contra ‘René’, ex líder de las Auc, en 2003.
Octubre 8
La Casa de Nariño denuncia el complot. Uribe llama “clientelistas” a los magistrados y denuncia a Velásquez. La Corte respalda a Velásquez, que califica el hecho como un intento de deslegitimar las investigaciones de la parapolítica.
2008
Enero
El magistrado César Valencia dice en El Espectador que cuando Mario Uribe fue llamado a indagatoria, el Presidente lo llamó desde Nueva York para pedirle explicaciones. Uribe lo denuncia por injuria y calumnia. Valencia se ratifica.
Abril
El Presidente dice que está dispuesto a renunciar si se demuestra que ha ejercido presiones sobre la Justicia.
Mayo
Se destapa la ‘Yidispolítica’. El Gobierno extradita a 14 jefes paramilitares. La Corte cuestiona la decisión y pide explicaciones al Ejecutivo. Son detenidos Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. La Comisión de Acusación abre investigación preliminar contra Uribe.
Junio 26
La Corte pide revisar la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección.
Junio 27
Uribe reclama a la Corte por su diligencia con la ‘parapolítica’ y su negligencia con la ‘farcpolítica’. Recuerda que Salvatore Mancuso dijo que había infiltrado a la Corte Suprema. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo denuncia a la Corte por nexos con los controvertidos Giorgio Sale y Ascencio Reyes.
Agosto 26
El presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, cuestiona reuniones clandestinas de asesores del Palacio con el ex paramilitar ‘Job’ y denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, un complot del Gobierno contra el alto tribunal.
Agosto 27
Uribe acusa a la Corte de fallar con criterios políticos y no jurídicos.
2009
Febrero
La revista Semana denuncia ‘chuzadas’ del DAS a magistrados. La Corte Suprema exige explicaciones al Gobierno.
Mayo 5
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pide al Presidente que se pronuncie sobre los seguimientos del DAS.
Mayo 20
La UIAF entrega a la Fiscalía reportes de seguimientos a magistrados. Las cortes rechazan las indagaciones de la UIAF, que no tiene facultad para investigarlos.
Mayo 29
La Sala Penal de la Corte abre investigación preliminar contra 86 representantes que votaron el referendo reeleccionista el 17 de diciembre de 2008.
Junio 9
Las cortes rechazan informe de la UIAF sobre presuntos nexos de magistrados con personas relacionadas con las mafias del narcotráfico.
