Bogotá, 22 de mayo de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
El uso de la tecnología en la administración de justicia, imprescindible en esta época debido a la pandemia, es una demanda que lleva 25 años en la legislación colombiana.
El artículo 95 de la ley estatutaria 270 de 1996, la hoja de ruta en materia de justicia en Colombia, otorga al Consejo Superior de la Judicatura la responsabilidad de incorporar los desarrollos tecnológicos en aspectos clave del funcionamiento del sistema. Sin embargo, la coyuntura sanitaria actual ha dejado en evidencia los escasos avances del país en este campo.
Desde el 12 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó medidas para el funcionamiento de una justicia remota, y las altas cortes también adoptaron decisiones para teletrabajar.
No obstante, situaciones como no tener buena conexión a internet o a electricidad han sido obstáculos no solo para funcionarios judiciales sino para las partes en los procesos.
Así quedó demostrado en el fallo de tutela con el que un juzgado en Pasto suspendió una audiencia pública virtual sobre el regreso del glifosato, programada para el 27 de mayo, porque era para comunidades que no tienen acceso a internet y, por tanto, no podrían participar de la misma.
Y es que, como dice el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, el país sigue en la prehistoria de la justicia digital, lo que impide tener más agilidad, transparencia e interoperatividad. Esta situación tiene a la justicia a media marcha durante la pandemia porque, pese a los esfuerzos por teletrabajar y a las excepciones en algunos procesos penales, civiles y familiares, la mayoría de casos están frenados por el trabajo remoto de las sedes judiciales y la suspensión de términos de los mismos.
Las limitaciones actuales de la justicia fueron punto de encuentro en un debate que esta semana realizó la Comisión Primera del Senado en el que varios congresistas, como la senadora conservadora Esperanza Andrade, criticaron lo que consideran un atraso de por lo menos dos décadas en digitalizar la justicia.
En ese debate, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Diana Remolina, reconoció que “no contar con mecanismos estándar digitales ha incidido en el acceso y trámite de los procesos judiciales”. Añadió que desde hace más de un año han adelantado con el Banco Mundial y el BID un proyecto para trasladar los servicios de la justicia a plataformas digitales, pero que esos avances los ha detenido momentáneamente la pandemia.
Por último, señaló que para tener una justicia digital se requiere mucha más inversión de la que actualmente tiene el sector justicia. De hecho, según estimados que la Judicatura estudia, basado en las experiencias de otros países, digitalizar la justicia colombiana puede costar entre 500 y 800 millones de dólares. Esto teniendo en cuenta que en países como Inglaterra se gastaron 800 millones de dólares, y que en Perú ya han invertido para esto mismo unos 450 millones de dólares, según le dijo Remolina a EL TIEMPO en una entrevista este año.
La necesidad de una justicia digital que sea más ágil y transparente también fue punto de debate a comienzos de mayo, durante el programa Diálogos con la Justicia que promueve la Corte Suprema de Justicia. En ese espacio, el presidente de la Sala Civil de la Corte, Luis Armando Tolosa, dijo que están abiertos a recibir ideas y buscar acuerdos para mejorar la administración de justicia, y recordó que ya hay líneas marcadas por el Código General del Proceso que prevén una justicia con cero papel.
Por su parte, Humberto Sierra Porto, magistrado de la Corte IDH, sostuvo que en el tribunal internacional funcionan mecanismos de notificación que permiten a los jueces tener toda la información de los procesos digitalmente.
No obstante, Colombia aún está lejos de esos avances en digitalización de expedientes. Hoy solo en algunos juzgados de restitución de tierras se han hecho pilotos impulsados por la rama judicial para implementar el expediente electrónico, que permite tener digitalmente todos los archivos que conforman un proceso judicial. Aunque también hay juzgados que de forma autónoma han logrado avances en digitalización.
Desarrollos en las cortes
El Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Suprema de Justicia han adelantado por sus lados esfuerzos para digitalizar sus procesos.
Uno de los más avanzados son los que posee la Corte Constitucional, que tiene digitalizados todos los expedientes de constitucionalidad desde agosto del 2017, ha optimizado su página web para poder recibir intervenciones ciudadanas por ese medio, e incluso, en estos momentos, desarrolla un piloto para usar inteligencia artificial como apoyo en la selección de tutelas.
Por su parte, el Consejo de Estado, además de apoyar los trabajos con el BID y el Banco Mundial, también implementó el sistema Samai, que permite, digitalmente, incorporar documentos a los expedientes, firmar providencias, entre otros. Igualmente, han adelantado pruebas sobre cómo aplicarían, técnica y funcionalmente, el expediente electrónico; también se desarrolló un software que permite realizar votación electrónica en la sala plena de la Corporación.
Y la Corte Suprema de Justicia, en medio de la pandemia, logró la correspondencia digital entre salas, y hoy los casos en el alto tribunal se radican, reparten, discuten y aprueban en sesiones virtuales.
En todo caso, una justicia digital está aún lejana, y la brecha se ahondó con la emergencia de covid-19. Una de las dudas en estos momentos es qué tan profundo será el impacto en la congestión judicial.
Si bien no hay cálculos exactos, los atrasos de estos meses se sumarán a los más de 1,8 millones de expedientes que ya habían quedado pendientes el año pasado. Pero una vez la justicia retome su ritmo normal no solo deberá lidiar con estos, sino con la avalancha de procesos que dejará la pandemia.
Consulte el artículo de El Tiempo aquí.
