A dichos planes se suma, además, los programas de acercamiento de la justicia a los ciudadanos, entre otros, que apuntan a agilizar la resolución de los procesos. En concepto de Monroy se necesitan planes de avanzada porque aún existe un alto represamiento de litigios ya que como muestran estudios en Colombia, en promedio, para resolver un proceso en la jurisdicción ordinaria se tarda 655 días, en la disciplinaria 999 días y en la contenciosa de 926 días.
¿En qué va la propuesta de descongestión de procesos que se trazó la Rama Judicial?
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra comprometida con las políticas de descongestión de los despachos judiciales a través de la adopción de diferentes mediadas, tanto de carácter administrativo como las adoptadas en el Plan Nacional de descongestión 2009, como de carácter legislativo, es el caso del proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso Nacional sobre la materia.
Debo destacar en este propósito la expedición reciente de la ley 1285 de 2009, en la cual se prevé conformar planes de descongestión y el imperativo de apropiar una partida, del 0,5 por ciento del PIB en un periodo de cuatro años con destino a la descongestión y oralidad.
¿Cuáles son los resultados?
En materia de descongestión de procesos se han creado medidas tendientes a desacumular inventarios en las jurisdicciones ordinaria, administrativa y disciplinaria. Se trata de una estrategia para desacumular cerca de 500.000 procesos en todo el país con la creación de 2.187 cargos.
Igualmente en el área laboral se han implementado medidas de descongestión que incluyen la ceración de 389 cargos transitorios, entre los que se encuentran 16 Magistrados y 87 jueces. Las metas planteadas en materia laboral ascienden a cerca de 20.000 procesos en descongestión y el impulso de 117 mil procesos.
¿Qué presupuesto se necesita para cumplir con las metas de descongestión?
En materia de descongestión de procesos, las medidas que se encuentran en ejecución en 2009, tienen un costo aproximado de 55 mil millones en la justicia ordinaria, 13.600 millones para la Jurisdicción administrativa y 760 millones para la jurisdicción disciplinaria, para un total aproximado de 70 mil millones.
En cuanto a las medidas adoptadas en materia de oralidad en la justicia laboral las medidas que se han implementado en todo el país tienen un costo aproximado de 20 mil millones
¿Cuánto tiempo en promedio se gasta la justicia colombiana en resolver un caso?
Debe advertirse que el promedio de duración de un proceso, no puede expresarse en número de días absoluto o uniforme, ya que son diversos los factores que inciden en el tiempo de resolución de los asuntos judiciales, como el volumen de ingreso de procesos en los despachos judiciales, el tamaño de los distritos y circuitos, la litigiosidad y las diferencias especificas de cada una de las especialidades según sea la jurisdicción civil, penal, administrativa o disciplinaria.
Ejemplo de esto, es el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, en la que a partir de 1991 con la creación de las acciones constitucionales, se aumento la demanda de justicia significativamente, al punto que para dar una oportuna respuesta en el servicio de justicia, fue necesario en 2006 la creación de 257 juzgados administrativos.
¿Pero existen estadísticas que muestran en promedio la duración de los procesos que les sirve de guía?
La Sala consiente de la importancia de identificar de una manera técnica los factores de incidencia en los tiempos de respuesta en los procesos judiciales contrató en 2006 la realización de un estudio para determinar el tiempo promedio de duración de los procesos judiciales en las jurisdicciones ordinaria, disciplinaria y contencioso administrativa. En este se tuvo como marco de referencia la medición de los tiempos registrados en los procesos fallados por los despachos judiciales durante el primer trimestre del 2006.
Este último estudio se concluyó que en términos generales los procesos tienen una duración promedio en la jurisdicción ordinaria de 655 días, en la jurisdicción disciplinaria de 999 días, y en la jurisdicción contenciosa de 926 días. Registrándose una duración promedio a nivel nacional de 732 días por proceso judicial.
¿Cuál es el modelo a seguir en materia de gestión judicial?
Son diversas las perspectivas desde las que podemos abordar el mejoramiento del sistema judicial, tanto desde su previsión al más alto nivel normativo, como desde la óptica de la planeación e identificación de objetivos y estrategias administrativas a mediano y largo plazo, al igual que desde la valoración del impacto que el funcionamiento eficiente de la administración de justicia tiene frente a la competitividad del país y de la región y a las posibilidades de desarrollo y mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Así mismo, los requerimientos de mejoramiento de la gestión del aparato judicial, reporta importancia significativa para su desempeño.
¿Qué resultados han logrado con los programas de acercar la justicia al ciudadano?
Con el propósito de avanzar en el fortalecimiento del acceso al servicio de justicia se desarrollaron servicios de recepción de documentos, presentación de demandas, presentaciones personales, orientación al ciudadano y notificaciones en el Supercade de Suba, en la ciudad de Bogotá. Se proyecta replicar este modelo, en las principales ciudades del país, llevando incluso, la presencia de jueces, en concordancia con el mandato legal de desconcentrar los despachos judiciales en aquellas ciudades con un numero superior a los 200.000 habitantes.
Igualmente, se está realizando la implementación del sistema oral en las especialidades penal, laboral, civil, familia, responsabilidad penal para adolescentes y contencioso administrativo.
RESULTADOS
El año pasado el Consejo superior de la Judicatura puso en marcha estrategias de descongestión e invirtió en planta de personal y gastos generales 35.605 millones de pesos con los cuales creó en forma transitoria 16 cargos de magistrado en tribunales superiores de Distrito Judicial, 233 cargos de juez de la república y 1.571 cargos de empleados. Esta nómina se enfocó a lograr mayores niveles de gestión en despachos de las distintas jurisdicciones, con especial énfasis en aquellas especialidades como la laboral que requieren la reducción de los inventarios para transitar hacia la oralidad. Según informe de la Corporación con estos cambios se logró un aumento de la productividad de los jueces del 20,16 por ciento.
Presupuesto
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, señaló que la producción de la Rama Judicial permite contar con una justicia pronta porque el número de procesos que ingresa cada año es similar a los casos que egresan. “La idea es lograr que ese inventario histórico se disminuya y ojalá sea eliminado” afirmó. En cuanto al presupuesto que se le asignó a la Rama Judicial afirmó que éste siempre ha estado por debajo del nivel de gastos y en esas circunstancias el cumplimiento de las metas debe enfocarse desde el punto de vista de la eficiencia. “Aunque la aspiración de una justicia al día necesita del esfuerzo conjunto del Gobierno y el Congreso seguimos trabajando por lograr la descongestión”, sostuvo López Mora.
A la espera
La directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señaló que las medidas de nombrar jueces de descongestión y jueces adjuntos en determinados juzgados han tenido dificultades en su Implementación. “Hay muchos jueces que ven inconvenientes en la creación de los funcionarios adjuntos porque no se cuenta con la infraestructura adecuada para que realicen sus labores”. Pese a estos inconvenientes, consideramos que es un plan que va lograr desatrasar en un número significativo los procesos de la Rama y cuyo éxito dependerá en buena medida de una acuciosa y monitoreada implementación”, dijo.
