Carlos Fernández Trujillo es el funcionario que desde hace tres años ha estado bajo la lupa de la Fiscalía, por presuntas irregularidades en las que estaría involucrado hasta un ex magistrado, quien le habría ofrecido sumas de dinero para que le colaborara en los procesos que le interesan.
Estas revelaciones fueron las que le permitieron al Consejo de Estado adelantar una reunión extraordinaria, la cual concluyó con una solicitud al Fiscal General de la Nación para que envíe copia del proceso y de las pruebas que se tienen contra el o los funcionarios investigados.
Lo cierto en este caso, según dijo el propio Presidente del Consejo de Estado, magistrado Rafael Ostau de LaFont, es que el tema ha causado mucha preocupación, por lo que en la sección quinta se adelantan las tareas para esclarecer los hechos. A pesar de ello, el magistrado señaló que en caso de comprobarse las manifestaciones hechas, “las denuncias deben ser drásticas”.
A pesar de las investigaciones y los fuertes cuestionamientos, Ostau de Lafont consideró que las labores adelantadas por el funcionario Fernández, no pueden tener poder para fallar o comprometer los fallos que se adoptan en la sección quinta (en cargada de los asuntos electorales).
De la misma manera, el presidente del alto tribunal consideró que a pesar de los señalamientos hechos en contra de algún funcionario del Consejo, “esto no puede empañar el desempeño de toda la Corporación”.
Por ahora, lo seguro es que en la sección quinta se ha ordenado una especie de auditoría con el fin de establecer quiénes y hasta qué punto se hubiera podido afectar la administración de justicia en el Consejo de Estado.
