El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -donde está radicada la demanda- envió a la Judicatura el expediente, que en esencia pretende que la Nación pague porque el Consejo de Estado le quitó a Claros la investidura parlamentaria en el 2004, pero rectificó en el 2006 y le devolvió la curul ya cuando el período había terminado.
Ahora, la Sala administrativa deberá decidir si entra a conciliar con el nuevo magistrado, que se posesionó el pasado jueves ante el presidente Álvaro Uribe. El mismo Gobierno lo había incluido en la terna para ocupar la silla de Guillermo Bueno en una sala que es juez disciplinario de fiscales, abogados, jueces y magistrados de tribunal.
La pelea jurídica de Claros viene desde marzo del 2004, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado le retiró la investidura de representante a la Cámara por una supuesta inhabilidad. En esa oportunidad, la corporación consideró que había violación del régimen de inhabilidades porque Claros, quien fue contralor de Bogotá, inscribió su candidatura al Congreso supuestamente por fuera del período que la ley establece para no caer en inhabilidades.
A los pocos días, Claros interpuso un recurso de revisión ante el mismo Consejo de Estado. Dos años después, la corporación echó para atrás la pérdida de investidura y corrigió: la nueva decisión, que tuvo varios salvamentos de voto, fue que la inhabilidad no existió y que Claros no debió salir del Congreso. El ex representante demandó a la Rama Judicial por los perjuicios de perder la curul.
El de los 3.800 millones no es el único proceso en que aparece el nombre de Ovidio Claros. En el Consejo de Estado figura en otro, esta vez como demandado en una acción de repetición, por una condena de 714 millones de pesos que tuvo que pagar la Contraloría de Bogotá (ver recuadros).
Judicatura espera conocer posición de Claros
En la Judicatura hay expectativa sobre la posición del nuevo magistrado hacia la demanda. La pretensión de indemnización es perfectamente legal y hay varios antecedentes de magistrados que han demandado a la Nación para obtener beneficios salariales incumplidos.
Lo que está por verse es si el magistrado Claros opta por una conciliación con sus colegas de la Judicatura.
Fuentes que conocen el caso manifestaron que, en principio, el monto de la demanda parecería excesivo y que, en ese orden de ideas, un eventual arreglo podría enredarse.
La decisión sobre la conciliación la tomará el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama.
EL TIEMPO realizó en repetidas oportunidades comunicarse con el nuevo magistrado de la Sala Disciplinaria, pero no fue posible conocer su posición frente al tema.
Contraloría lo tiene demandado
El Consejo de Estado tiene el proceso 150601 que la Contraloría de Bogotá entabló en contra de Ovidio Claros Polanco, quien fue titular de ese despacho.
Se trata de una acción de repetición, pues la Contraloría tuvo que pagar 714 millones de pesos a Eulín Gómez Páez, una funcionaria que fue desvinculada de la entidad en 1998 por decisión de Claros.
En abril del año pasado, luego de pagar por la demanda, el equipo jurídico de la Contraloría decidió repetir en contra del hoy magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Tras su salida, Gómez demandó y el Tribunal de Cundinamarca consideró que en su caso hubo desviación de poder. “Los móviles de la insubsistencia de Gómez Páez, en razón a su negativa a presentar la renuncia que se le pedía, no obedecieron al mejoramiento del servicio sino que la actuación administrativa estuvo rodeada de circunstancias de índole política”, dice la denuncia de la Contraloría. El Tribunal de Cundinamarca ordenó en el 2004 el reintegro de la funcionaria y el millonario pago.
El Tiempo / 08 de septiembre de 2008
