Además, no sería permitido el uso de la dosis personal y en la Constitución ello quedaría así: “El porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido”.
La iniciativa confirma un leve giro del Gobierno, pues renunció a la idea de convertir el consumo en un delito, una apuesta casi personal del presidente Álvaro Uribe, que lleva cuatro fracasos en el Congreso. Varios sectores rechazaron que el adicto fuera considerado delincuente.
Además, revive el debate que planteó la sentencia de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se cayó la sanción de arresto para los portadores de la dosis mínima, con el argumento del libre desarrollo de la personalidad.
El Gobierno, en vez de penalizar el consumo, lo convierte en contravención (falta menor). “No son delitos que vayan a los jueces sino infracciones de policía, como el escándalo público. No genera antecedentes judiciales, pero sí permite a las autoridades policiales efectuar un arresto”, dice el penalista Francisco José Sintura.
La iniciativa podría ser la respuesta a personas como Fabián*, quien con apenas 22 años ya lleva una década consumiendo drogas y varios intentos de suicidio.
Sus padres lograron, a través de una tutela, que una EPS asumiera la rehabilitación, pero se encontraron con un obstáculo: Fabián, como mayor de edad, debía autorizar su internamiento. Y su madre, desesperada, acudió a varias instancias a preguntar si alguien podría obligarlo, precisamente lo que propone el proyecto.
Contravención y luego los tribunales
Y establecer el consumo como contravención es la fórmula que utilizarían para llevar a los adictos ante los llamados tribunales para el tratamiento de la droga, la otra propuesta del Gobierno, que sería presentada una vez se apruebe el acto legislativo.
Esta consiste en tribunales integrados por jueces, médicos y psiquiatras, quienes podrían ordenar la privación de la libertad de los adictos en centros de rehabilitación y así obligarlos a un tratamiento.
Pero personas como el senador de ‘la U’ Armando Benedetti, quien se les ha atravesado a las anteriores iniciativas del Gobierno, creen que “el Estado no puede ser un papá, porque habría que proponer tribunales para el consumo de alcohol y cigarrillo”.
La creación de los tribunales también abre una serie de inquietudes para las EPS sobre el pago de los tratamientos. El año pasado, la Corte Constitucional ordenó que se les debía dar rehabilitación integral a quienes no tuvieran recursos para cubrirla.
Hoy cuesta cerca de 5 millones de pesos un proceso de desintoxicación, con internamiento en una entidad particular. Y, según las cifras de la última encuesta de consumo, unos 500.000 colombianos tienen problemas de droga.
*Nombre cambiado
Las razones de Uribe contra el consumo
• Política Para el Presidente no tiene presentación que se gasten tantos recursos en atacar la producción, y al tiempo se hagan de la ‘vista gorda’ frente al consumo: “Uno no entiende que un país que ha derramado tanta sangre, que está dando esta lucha, al mismo tiempo tenga esta permisividad frente al consumo”.
• De seguridad. Uribe ha advertido que el consumo es uno de los factores que alimentan el narcotráfico, principal combustible de grupos armados: “No es ético, no es balanceado, hacer este esfuerzo contra la producción, el tráfico, la criminalidad, y simultáneamente ser permisivos en la fuente que es el consumo”.
• Personal. El mandatario también tiene, y lo ha dicho, una posición de padre de familia, en la que expresa preocupación por los riesgos para los jóvenes por el libre acceso a la droga. Según Jerónimo Uribe, hijo menor del Presidente, las razones que su padre expone en público las ha repetido en familia.
‘Cumplimos orden de la Corte’: Valencia
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, asegura que los proyectos sobre consumo de droga están a tono con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó al Estado atención integral a los adictos.
¿Por qué insisten en castigar el consumo?
Estamos cumpliendo con la Constitución, que dice que el Estado debe proteger la vida y la integridad de las personas. Si una persona atenta contra su salud, el Estado debe protegerla, aun contra su voluntad. Pero no estamos penalizando el consumo: la manera de obligar a la persona a ir ante un tratamiento será a través de una figura de contravención que no genera prisión ni antecedentes.
¿La iniciativa no va contra el ‘libre desarrollo de la personalidad’, que defendió la Corte Constitucional en 1994?
No. Los proyectos (uno de acto legislativo, ya presentado, y otro que vendrá después, sobre la mecánica de los tribunales) se ponen a tono con lo que ordenó la Corte hace unos meses: el tratamiento integral de todos los adictos. Pero aun sin sentencia habríamos hecho lo mismo: no tiene sentido que el Estado prohíba el consumo si no les da a los adictos la posibilidad de curarse.
¿Esa línea no llevaría a que fumadores o alcohólicos sean tratados de manera obligatoria?
El Estado ya está avanzando en ese sentido. Hay diferentes medidas para limitar el consumo de drogas lícitas. Esa es una línea que seguramente se profundizará.
Propuesta de tribunales para adictos, distinta a la de ONU
El Gobierno propone una versión criolla de los llamados tribunales para el tratamiento de la droga, adaptando un modelo que ya funciona en 19 países. Se trata de cortes compuestas por juristas, médicos y sicólogos, entre otros, que deciden la suerte de consumidores de droga.
Esta herramienta fue respaldada el año pasado por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDD), pero en el entendido de que los tribunales deciden exclusivamente sobre los consumidores que cometen un delito en razón de su adicción.
Kristian Hölge, asesor legal de la ONUDD para América Latina y El Caribe, explica que los tribunales, que respalda el organismo multilateral, son una respuesta del sistema de justicia “frente a quienes cometen infracciones de la ley por usar droga”.
En cambio, las ‘cortes’ a la colombiana contemplan un elemento de fondo distinto: enfocan la potestad de estos tribunales a todos los consumidores, sin importar que no hayan infringido la ley.
“Cuando una persona es detenida porque está consumiendo o porque está drogada, se lleva a un tribunal y se le ofrece que el Estado puede hacerle el tratamiento. Si reincide, el Estado la obligará a que se haga el tratamiento; por eso se llama protección coactiva”, explicó en su momento el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
El consumidor sería privado de la libertad en un centro especializado y no en una cárcel, para garantizar su permanencia en el tratamiento de rehabilitación.
La filosofía de los tribunales que apoya la ONU, según Hölge, es someter al consumidor delincuente a un tratamiento, entendiendo su condición de enfermo, pero sin desconocer los delitos cometidos.
El funcionario agrega que, en la mayoría de los casos, quienes inician como solo consumidores se convierten luego en violadores de la ley.
“Estos tribunales ordenan que el adicto se someta a un programa de tratamiento. Se le suspende el proceso penal hasta que cumpla el programa. No es una opción blanda, porque si no termina el programa, va a ser castigado y una alternativa de ello es el encarcelamiento”, explica.
En E.U., 2.100 cortes penalizan a consumidores
E.U. fue pionero de los tribunales para tratar adictos. Hoy hay más de 2.100 cortes que deciden las sanciones y programas que deben cumplir quienes son atrapados consumiendo. Su modelo ha sido aplicado en países como Australia, Jamaica e Irlanda.
Según cifras de la Asociación de Profesionales de Cortes de Droga, dos tercios de los adultos arrestados por violar la ley (y la mitad de los jóvenes detenidos) dan resultado positivo en el consumo de drogas, lo que justifica las cortes y sus medidas para obligar el tratamiento de los consumidores.
Chile gasta 25 millones de dólares al año en adictos
Chile trabaja desde el 2007 con los tribunales para adictos y hoy funcionan 18. El modelo es fiel al de la ONU y se dirige a delincuentes adictos.
El año pasado, unas 250 personas se sometieron a tratamiento a cambio de suspenderles el proceso judicial. Al año se destinan 12 millones de dólares para jóvenes entre 14 y 18 años infractores de la ley; otra cantidad igual para adultos que piden ayuda y un millón más para mayores de edad delincuentes.
El Tiempo / 25 de marzo de 2009
