La transformación estructural de la realidad procesal penal colombiana sería el más significativo aporte que el Congreso de la República podría darle a la justicia colombiana del próximo siglo. El proceso penal del Decreto 1900 de 1991 y el sistema institucional que lo opera han demostrado estar desfasados de la realidad del delito y de la vigencia de los valores que se derivan de la dignidad de la persona. La asfixiante demora de los procesos penales en Colombia es inaceptable para cualquier ciudadano. La Fiscalía está congestionada con cientos de miles de procesos; la mitad de colombianos privados de la libertad, que se presumen inocentes, siguen a la espera de que la justicia se pronuncie; los reclusos y los procesados no disponen de adecuada defensa y, lo más preocupante, a pocos meses del próximo siglo, el país sigue sin tener una política criminal.
Esta realidad se corrobora con las críticas serias y analíticas de jueces, abogados, reclusos, procuradores locales, fiscales, defensores y académicos que están asistiendo a las consultas en varias ciudades del país promovidas por la Corporación Excelencia en la Justicia y el Ministerio de Justicia.
Los operadores del sistema penal ven con justificada preocupación que los cambios profundos en las vetustas instituciones procesales no fueron incorporados en la propuesta respectiva de la Fiscalía, por lo que se debería tomar el tiempo necesario para plasmar democráticamente un sistema más eficaz, y garantista, caracterizado principalmente por: i) una Fiscalía sin funciones judiciales, concentrada en la función acusatoria; ii) un incremento sustancial de la participación de la comunidad en el proceso; iii) un juicio verdaderamente oral, y, en general, iv) una estructura procesal que satisfaga los requerimientos mínimos de presunción de inocencia, celeridad, oralidad, concentración, discrecionalidad, publicidad, inmediación, contradicción y derecho de defensa.
La Corte Constitucional le ha dado un amplio margen al Congreso para regular por la vía legal los distintos aspectos de la investigación y el juzgamiento. No obstante, de ser necesario introducir ajustes puntuales a la Constitución, el Congreso no debe dudar en hacerlo, estando en juego una de las principales causas de la crisis de la justicia. Como lo proponen, entre muchos otros, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, los cambios constitucionales deben traducirse en un proceso penal acusatorio que instituya a la Fiscalía como organismo autónomo, que tenga como única función la de dirigir la investigación y formular la correspondiente acusación ante los jueces.
