Bogotá, 16 de diciembre de 2020. A continuación, se reproduce el artículo publicado por Ámbito Jurídico. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
El magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, presentó el balance del trabajo del alto tribunal durante el año que termina. Su conclusión es que la pandemia de covid-19 determinó en gran medida transformaciones en el funcionamiento de la Corte y en el tipo de decisiones que se tomaron a lo largo del 2020.
A nivel jurisprudencial, durante el año se concentró en el control automático de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos del Gobierno, actividad que se culminó en siete meses. El resultado de esta gestión llevó a declarar inexequibles el 11 % de los artículos estudiados y parcial o condicionalmente exequibles el 9 % de las normas analizadas.
En cuanto a los cambios que adoptó para modernizar su funcionamiento y responder al reto que supuso la pandemia, Rojas señaló que durante el año se reformó el reglamento interno, se incorporó la firma electrónica, migraron los sistemas de información a versiones web y se crearon herramientas para votaciones electrónicas y reparto de procesos.
Una de las transformaciones más importantes fue que a partir del 31 de julio se sustituyó el envío de acciones de tutela por correo físico por el envío a través de canales digitales, lo que ha permitido recibir 150 mil tutelas por este medio. Esta medida traerá, entre otros beneficios, un ahorro de más de $ 11 mil millones al año para el Estado.
Otro de los logros que destacó el presidente de la Corte fue el lanzamiento de la plataforma Pretoria, premiada el pasado lunes por la Corporación Excelencia en la Justicia, herramienta que permitirá al alto tribunal hacer más eficiente el proceso de selección de tutelas, teniendo en cuenta que la demanda actual en este tipo de procesos es un 1.900 % mayor a lo que se tenía hace 25 años.
El saliente presidente del alto tribunal también listó algunas de las medidas y alianzas que se están adoptando desde la Corte para cumplir con el objetivo de acercar más a los ciudadanos con la entidad y garantizar la transparencia en las diferentes actuaciones que adelantan.
En cuanto a los retos para el 2021, fue claro en señalar que la Corte deberá tomar algunas decisiones trascendentales relacionadas con “las curules derivadas del acuerdo de paz, el aborto, la cadena perpetua y los terrenos baldíos y la política de tierras sin titulación”.
Lo anterior sumado a la nueva función que asumirá para resolver conflictos de competencias, así como los cambios que deberán hacerse para mejorar la relatoría de la Corte, el tiempo de publicación de las sentencias y el seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutela.
Algunas cifras importantes en materia de procesos
Durante el 2020:
– Se recibieron 707 procesos.
– Se recibieron 248.246 tutelas para eventual revisión frente a las 620.242 recibidas durante 2019. Aunque el dato de 2020 aún es preliminar, esto indicaría una reducción del 60 % en las tutelas recibidas.
– Se profirieron 513 sentencias (214 de constitucionalidad y 299 de tutela).
Dentro de la rama, con corte a 2019, la Corte Constitucional representó un 0,04 % de la demanda judicial en el país y sus procesos constituyen el 0,03 % del inventario total de procesos en los despachos del país.
Sin embargo, la demanda de justicia correspondiente a acciones de tutela, que puede empezar en otras jurisdicciones pero eventualmente encontrar en la Corte Constitucional su órgano de cierre, correspondió durante el año pasado al 27%.
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