Al cierre de esta edición, el proyecto aún no había sido debatido en su segundo debate en la plenaria del Senado, y todavía le faltan dos debates más, por lo que hasta el próximo año se volvería a analizar.
EL NUEVO SIGLO habló con el comisionado de Paz Frank Pearl, quien ha seguido muy de cerca este proyecto de ley, y defendió la iniciativa del Gobierno.
“La Ley 975, Ley de Justicia y Paz, se sancionó el 25 de julio del 2005, permitiendo que las personas que se desmovilizaran hasta esa fecha podían acogerse a los beneficios de la misma. Qué sucedió; que en el año siguiente hubo muchísimas desmovilizaciones hasta julio del 2006, hay 25 frentes de las autodefensas y 25 mil personas que se desmovilizaron un año después”, explicó el comisionado.
“Lo que queremos”, agregó, “es que esas personas que negociaron un proceso de paz con el Gobierno y el Estado y que están cumpliendo con el proceso de Justicia y Paz puedan tener los beneficios de la ley”.
Según Pearl, 25 mil desmovilizados de cerca de 35 mil paramilitares se podrían beneficiar con la ampliación de esta norma.
“Lo importante es que beneficia a las personas que se desmovilizaron pero también a las víctimas, pues los desmovilizados han relatado 50 mil hechos y han confesado 16 mil, y hay 40 mil víctimas que ya saben qué pasó en estos hechos que han sido relatados y que estamos empezando a conocer la verdad, y lo que necesitamos es que este proceso tenga continuidad para que sigamos adelante, se haga justicia y las víctimas sean reparadas”, dijo el alto funcionario.
Sin embargo, varios congresistas se han opuesto a esta iniciativa, basados en las limitantes de la norma vigente, pues han criticado que con la aprobación de este proyecto quedarían en la impunidad innumerables delitos más, pues las penas máximas que establece la actual Ley de Justicia y Paz son de ocho años.
Además, algunos sectores de la sociedad han reclamado que con la actual aplicación de la Ley de Justicia y Paz no se ha proferido la primera condena.
