Monitoreo de medios

Magistrados se las arreglan para ir de una corte a otra

Con una suerte de "carrusel", algunos de los magistrados de las altas cortes impiden la renovación y democratización de las mismas, todas vez que al terminar un periodo en una, simplemente postulan sus nombres para otra alta corporación, que les abre un nuevo periodo laboral de ocho años.

El debate, que no es nuevo, volvió a cobrar protagonismo con la designación de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar, como miembros del Consejo Superior de la Judicatura.

La discusión la promueve la organización Elección Visible, a través de su vocera Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, para quien este tipo de prácticas impide la democratización de estos escenarios.

"Las cortes se están reeligiendo entre ellas mismas y sus miembros pasan de un tribunal a otro (...) lo que impide que la carrera judicial progrese. No permiten ni siquiera que los de abajo lleguen arriba", señaló Borrero.

Según el expresidentede la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, no es un caso exclusivo del Consejo Superior de la Judicatura. También en la Corte Constitucional se encuentran casos como el de los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio, que pertenecieron a la Corte Suprema; y del actual presidente, Gabriel Mendoza, ex Consejo de Estado.

Y en la misma Judicatura, los exmagistrados Francisco Escobar y Jorge Castillo, que fueron reemplazados por Ricaurte y Munar, habían sido, a su vez, parte de la CSJ.

La ley se los permite

Mas allá de los reproches éticos, no hay, en principio, nada más que hacer, pues como señala el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, "estas prácticas de desviación, no estaban previstas por el constituyente y no tiene limitaciones, ni prohibiciones, ni impedimentos, entonces se dan sin violar la ley".

Es decir, la ley y la Constitución les permiten hacer esto y no hay ninguna posibilidad de que organismos de control, como la Procuraduría, puedan investigar a funcionarios que hacen "brincos de un lado para el otro", dijo la presidenta del Observatorio de la Rama Judicial, María del Pilar Arango.

Para Arrubla cabría la posibilidad de acciones jurídicas en el caso de Ricaurte y Munar, pues "los nombrados habían participado en la designación de los que los nombraron" y la Constitución prohibe esto.

La herramienta para corregir estas actuaciones entre las cortes, la traía la reforma a la Justicia que se hundió en junio pasado. Pero a cambio, les daba cuatro años más a los magistrados que estaban en el cargo para mantenerse en él.

"Con el hundimiento salieron más favorecidos porque si lo que traía la reforma era ampliarles el periodo a cuatro años más, al nombrarlos para el Consejo Superior se les amplió por ocho". Lo que se propone para tratar de enderezar el camino de los máximos jueces del país, "de ese fenómeno de politización y de burocratización, clientelismo, pago de favores, yo te elijo, tú me eliges", como señaló Charry, es otra reforma a la Justicia.

El nuevo acto legislativo que proponen al unísono Arango, Borrero, Charry, traería exigencias mayores para ser nombrado en las altas cortes como, por ejemplo, aumentar la edad mínima a 50 años para ser magistrado.

También se contempla una prohibición explícita para que los togados no puedan pasar de una corte a la otra y modificaciones a la carrera judicial para que cubra a las altas cortes y no como hoy, que sólo aplica hasta los tribunales superiores.

Fuente: El Colombiano
 

Procurador General de la Nación será elegido el próximo martes

El próximo martes, Colombia conocerá el nombre del nuevo Procurador General de la Nación, elegido en un proceso que no ha estado exento de críticas de unos sectores y de manifestaciones de satisfacción por parte de otros. En todo caso, analistas que provienen de ambas orillas coinciden en que la reelección de ese tipo de funcionarios debería desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano.

Otro de los aspectos provocó la confrontación de puntos de vista es que los tres candidatos no hayan tenido el mismo tiempo para exponer sus ideas y propuestas frente a sus electores (los miembros del Senado de la República), lo que, para algunos, ha dado una clara ventaja a las aspiraciones reeleccionistas del actual Procurador, Alejandro Ordóñez.

Por esa razón, hay quienes, incluso, advierten vicios de procedimiento que más adelante pueden constituir elementos importantes en una eventual demanda contra la elección. Otros, en cambio, aseguran que la diferencia de momentos en que se conocieron los integrantes de la terna es un factor accidental que no compromete la legitimidad del proceso.

Lo cierto es que mientras que a Ordóñez lo propuso la Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto pasado, cuando ya llevaba incluso varios días en campaña, y a Orlando Gallo Suárez lo postuló el Consejo de Estado el 25 de septiembre, casi un mes después, a la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López la propuso el Presidente de la República el 30 de octubre, dos meses después de Ordóñez.

Esa marcada diferencia, que da origen al debate, no es significativa, por ejemplo, para Hernando Yepes Arcila, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana.

Según él, eso es un resultado directo del hecho de que la Constitución no confía la elaboración de la terna entera a un solo órgano, como suele ocurrir en caso todos los demás casos. La situación, de acuerdo con Yepes, expone a la realidad de que eventualmente un órgano con capacidad de postular un nombre se retrase con relación a todos los demás.

“En este caso fue visible la tardanza del Presidente de la República de dar a conocer el nombre de la persona que quería postular para el cargo. Pero el hecho de que entre la primera postulación y la última haya un lapso, para nada quebranta o deteriora valores constitucionales o políticos que debieron ser tomados en consideración”, aseguró el jurista.

En cambio, Gloria María Borerro, vocera de Elección Visible, una coalición de 13 organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a los procesos de nominación y elección de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dignatarios de la justicia, asegura que hay que corregir y reglamentar ese proceso de selección.

“Se necesita un decreto para que el Presidente se autorregule, y se necesita modificar los reglamentos internos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para que las ternas salgan en un periodo determinado, o sea que salgan del partidor en el mismo momento y se les dé la misma igualdad a los tres candidatos”, sostuvo Barrero.

En este sentido, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández cree que sídebería contemplarse una norma en cuya virtud todos los candidatos estuvieran a la misma altura, tuvieran las mismas posibilidades y se encontraran en igualdad de condiciones frente a la posible elección. “Es decir, no favorecer a alguno con ventajas ni desfavorecer a otros con desventajas”, indicó.

No más relecciones

Uno de los aspectos en el que, sin embargo, coinciden los analistas es el de la reelección del Procurador, aunque con algunos matices.

Para Gloria María Borerro, “debe haber una reforma constitucional porque no puede exisitr reelección para ese tipo de cargos de organismos de control, y por eso vamos a luchar en el futuro”. Y agrega que el proceso de elección empezó mal porque “la Corte Suprema no hizo ningún proceso transparente ni hizo una inscripción pública”.

La vocera de Elección Visible sostiene que ese alto tribunal “simplemente lo eligió (a Ordóñez como su candidato) y lo hizo muy rápidamente. Empezó también mal porque inmediatamente elegido, sin que se conocieran los otros ternados, varios partidos políticos empezaron a decir que iban a votar por él. Está mal desde el principio y no se ha logrado dar el mismo tratamiento igualitario a las partes”.

“Sin aludir específicamente al caso del actual Procurador, creo que, en general, la Constitución debería prohibir toda reelección: Procurador, Defensor, Presidente y Vicepresidente de la República. Todas las reelecciones deberían se prohibidas porque la figura es supremamente dañina y ocasiona precisamente todas estas distorsiones”, aseguró, por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández.

Hernández insiste en una reforma constitucional para, primero, prohibir las reelecciones, y segundo, establecer que la postulación de los candidatos se hará de manera que todos queden en igualdad de condiciones, de tiempo, del mismo nivel, de la misma categoría.

“Y sería importante añadir que los que participen como electores o como postulantes no deben tener vínculos de orden laboral, familiar o en una relación con el postulado. Debe haber una total independencia en la postulación y en la elección”, advirtió Hernández.

Al respecto, Yepes, aunque declara que no le gusta ninguna reelección, plantea que este tipo de reformas deben ser meditadas. “Como decían los pensadores clásicos: sin cálculo y sin emociones. Deben ser estudiadas en un ambiente sereno en el que se miren primero las experiencias del pasado, pero también el contenido de las normas, la dinámica que generan en este tipo de funciones de provisión de altos cargos del Estado”.

“En este momento ese debate no es sereno, no es tranquilo, no es objetivo. Tiene siempre una motivación política que predomina o que, por lo menos, está en el trasfondo”, finalizó Yepes.
 

¡NO MÁS, SEÑORES MAGISTRADOS!

COLUMNA

Por Gloria María Borrero*

Era una oportunidad para demostrar que no se necesitaba una reforma constitucional y que era suficiente con la elección de miembros idóneos y competentes.

Esta semana, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con tres honrosas excepciones -Solarte, González y Vall de Ruten, alcanzaron un inédito nivel de desvergüenza. Confirmaron que son sordos y ciegos a los clamores ciudadanos, que la reacción de los colombianos que motivó la caída de la reforma de la justicia no les importó y, por el contrario y con arrogancia, nos demostraron una vez más que a ellos nada los toca y que solo les importa perpetuar sus privilegios y poder. No les importan ni la suerte de la Rama Judicial ni la de la institución que representan.

A pesar de varios derechos de petición, opiniones y comentarios de diferentes actores sociales, en especial de algunos columnistas y de Elección Visible (coalición de actores sociales de la que soy vocera), para que hicieran un proceso de selección transparente, público, atendiendo solo a los méritos de los candidatos y teniendo en cuenta un perfil adecuado para ejercer las funciones de gobierno y administración de la Rama, decidieron designar a dos exmagistrados y expresidentes de la misma Corte como nuevos magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), siguiendo su costumbre inveterada.

El CSJ carga con varios años de desprestigio, a tal punto que se salvó a última hora de ser suprimido con la fallida reforma de la justicia. Integrarlo adecuadamente era una oportunidad para demostrar que no se necesitaba una reforma constitucional y que era suficiente con la elección de miembros idóneos y competentes. No es cualquier perfil el que se necesita y mucho menos un perfil solamente judicial. No se puede atender solo a los generales requisitos constitucionales, que son únicamente habilitantes para aspirar al cargo, pero que no agotan el perfil que se necesita para pertenecer al órgano de gobierno de la Rama. Así, se perdió una oportunidad para configurar una sala heterogénea en sus orígenes (carrera judicial, academia, sector privado y público-administrativo), en sus competencias (gerencia, finanzas, administración, jurisdicción, diseño de políticas públicas, etc.) y en género (¡no hay ninguna mujer en la Sala Administrativa!).

Una vez más, la Corte Suprema no estuvo a la altura de semejante reto. Prefirió protagonizar un espectáculo de irresponsabilidad, de 'carrusel' entre cortes, de pago de favores y de satisfacción de sus apetitos burocráticos. Y es que la situación de incompetencia y de desprestigio del órgano de gobierno y disciplina del Poder Judicial se debe a las tres altas cortes y al Gobierno Nacional, que no han sabido postular a las personas con las calidades requeridas para tan importante labor, salvo algunas pocas excepciones. Es más, ni siquiera han podido entender cuál es la función de gobierno que debe ejercer este órgano.

Señores magistrados: teniendo en cuenta que no pudieron con este reto, desde la Corporación Excelencia en la Justicia y Elección Visible, en alianza con otras organizaciones y convocando a los ciudadanos, promoveremos una urgente reforma constitucional. Esta buscará cerrar el paso a este tipo de irresponsabilidades, para lo cual propondremos medidas como la eliminación de sus funciones electorales, el establecimiento de mayores requisitos para acceder a las altas cortes y al órgano de gobierno del Poder Judicial, la prohibición del paso de una corte a otra -para que la magistratura se convierta en la cúspide de una carrera- y la consagración de inhabilidades e incompatibilidades más estrictas para los magistrados.

Así como en junio pasado presionamos, con el apoyo ciudadano, el hundimiento de la reforma de la justicia, hoy de nuevo estamos convocando a los ciudadanos para promover urgentemente esta reforma. ¡Ya fue suficiente!

* Directora Corporación Excelencia en la Justicia y Vocera de la coalición Elección Visible

“En mi Procuraduría defenderemos a la mujer”: María Mercedes López

La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López, puso a su partido, el Conservador, a dudar sobre el voto unánime para el actual procurador Alejandro Ordóñez y, además, con la idea de un ente “más moderno, incluyente y garantista” está detrás de los votos liberales y de La U.

Aunque muchos critican su “tardía” postulación por parte del presidente Juan Manuel Santos, y aunque el Polo considere la tríada -completada con el experimentado jurista Orlando Gallo- un “falso positivo ternal”, López, la primera mujer que aspira a la Procuraduría en la historia del país, podría poner en aprietos la polémica eventual reelección de Ordóñez el próximo 27 de noviembre en el Senado.

¿Qué propone?

Impulsar a través de una iniciativa legislativa una modificación al Código Disciplinario que termine con el desprestigiado sistema inquisitivo, con el fin de que el funcionario que investigue no sea el mismo que falle. Además, no es sano que los senadores sean los que eligen al Procurador y éste sea, a su vez, quien se encargue de disciplinar a los senadores. La idea es actualizar el derecho disciplinario, buscar que sea estrictamente oral, y mirar también el tema de las sanciones, porque las establecidas le dan demasiada discrecionalidad al juez, de tal forma que por una falta no grave se están imponiendo una sanciones demasiado drásticas y se pierde la proporcionalidad que debe existir entre el daño causado a la administración publica y la sanción pretendida.

¿El caso del senador Merlano, por ejemplo?

Hay varios casos. Y a mi juicio, si hay una falta lo que debes hacer es ponerle una sanción acorde, porque si no, se vulneran los derechos fundamentales del disciplinado y se podría caer en la politización del derecho disciplinario.

¿Qué sanción merecía Merlano, entonces?

No me quiero pronunciar frente a decisiones tomadas. Además, por ejemplo, uno lee que se está mirando cómo los congresistas que participaron en la conciliación de la reforma a la justicia pudieron haber incurrido en faltas. Y eso no deja de generar una alerta: se va a investigar debido a que están en los actos propios del Congreso, y si frente a faltas tan leves se aplica este tipo de sanciones, entonces ¿acá cuál será?, ¿a cuántos senadores se les va a quitar la credencial? Esa competencia debe trasladársele al Consejo de Estado, y que la competencia no solo sea de la Sección Quinta sino de todo el Consejo.

¿Qué opina de la reelección en la Procuraduría?

Ningún órgano de control debe ser reelegido. Cuando se tienen unos compromisos adquiridos, es imposible la independencia.

¿Cómo ve la gestión del procurador Ordóñez?

No soy juez natural del jefe del Ministerio Público, y para eso está la opinión pública, la sociedad civil y el correspondiente juez natural.

La HRW criticó a la Procuraduría por “limitar” los derechos de las mujeres...

La critica se debe básicamente a la falta de acompañamiento a la mujer en unos temas supremamente delicados, como el aborto, donde la Corte Constitucional establece los tres casos en los cuales todos los entes debemos acompañar a aquella mujer que, si se encuentra en una de esas circunstancias y quiera tomar su decisión libre y espontánea, tenga que ser acompañada.

¿Qué hará al respecto?

Una de las cosas que haré será adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones, de acuerdo a la ley disciplinaria, a los funcionarios públicos que impidan esa práctica que asuma una mujer que esté en estas tres circunstancias, porque no es una sentencia para discutirse sino para aplicarse. Con esa inobservancia no se puede poner en riesgo la salud de la mujer, porque no se puede confundir objeción de conciencia con desobediencia civil. Además, crearé una comisión especial para favorecer la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género en caso de mujeres víctimas de violencia o en conflicto con la ley penal.

¿Cree que la Procuraduría debe regirse por el principio de laicidad?

Nosotros estamos en un Estado social y de derecho, pero, además, laico. Cuando uno se desempeña en un cargo público no debe estar expresando sus posiciones ideológicas, religiosas o sexuales. Uno es el reflejo del cargo. Y lo que se debe hacer es materializar los derechos fundamentales y velar porque se respeten.

En Colombia se roban $12 billones anuales, ¿cómo prevenir esto?

En el tema de la desviación de los recursos es importante que el Ministerio Público acompañe los departamentos de control interno de las instituciones. Esta sería una forma de hacer que estas entidades hagan efectivo ese control y tengamos medidas preventivas para no tener que estar adelantando luego procesos disciplinarios o fiscales.

Hay fallos contra funcionarios años después de que dejaron el cargo, ¿cómo acelerar estos procesos?

La eficacia y la eficiencia dependen del modelo que se tenga de la modernización de la institución. Y la tecnología y la política pública deben ir acordes con las necesidades de la sociedad actual. Así mismo, el Ministerio Público tiene un departamento de conciliación, y es un requisito de procedibilidad antes de que se interponga una demanda contra el Estado: si lo fortalecemos, ¿cuántas demandas se evita el Estado para ir descongestionando la función contenciosa administrativa?

Usted pidió que Ordóñez se retire del cargo por ahora y que se aplace la elección para el 12 de diciembre, ¿se siente en desventaja?

Cuando se ejerce como Ministerio Público y se está a escasas semanas de darse la decisión, nombrando personas, y nosotros simplemente manejando nuestras tesis, es obvia la desventaja desde ese punto de vista. La ley electoral lo fija así para el Presidente pero no para el Procurador. Y aunque el tema es de ética, el Procurador está en libertad de contestar lo que contestó, que la ley no lo obligaba a ello. Además, ha sido costumbre en el Congreso, desde hace 20 años, que la elección del Procurador se dé el 12 de diciembre. La integración de la terna se dio hace días, y yo creo tener derecho de plantearle a Colombia estas tesis y creo que es la mínima garantía que puedo pedir.

Fuente: El Heraldo