Con una suerte de "carrusel", algunos de los magistrados de las altas cortes impiden la renovación y democratización de las mismas, todas vez que al terminar un periodo en una, simplemente postulan sus nombres para otra alta corporación, que les abre un nuevo periodo laboral de ocho años.
El debate, que no es nuevo, volvió a cobrar protagonismo con la designación de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar, como miembros del Consejo Superior de la Judicatura.
La discusión la promueve la organización Elección Visible, a través de su vocera Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, para quien este tipo de prácticas impide la democratización de estos escenarios.
"Las cortes se están reeligiendo entre ellas mismas y sus miembros pasan de un tribunal a otro (...) lo que impide que la carrera judicial progrese. No permiten ni siquiera que los de abajo lleguen arriba", señaló Borrero.
Según el expresidentede la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, no es un caso exclusivo del Consejo Superior de la Judicatura. También en la Corte Constitucional se encuentran casos como el de los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio, que pertenecieron a la Corte Suprema; y del actual presidente, Gabriel Mendoza, ex Consejo de Estado.
Y en la misma Judicatura, los exmagistrados Francisco Escobar y Jorge Castillo, que fueron reemplazados por Ricaurte y Munar, habían sido, a su vez, parte de la CSJ.
La ley se los permite
Mas allá de los reproches éticos, no hay, en principio, nada más que hacer, pues como señala el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, "estas prácticas de desviación, no estaban previstas por el constituyente y no tiene limitaciones, ni prohibiciones, ni impedimentos, entonces se dan sin violar la ley".
Es decir, la ley y la Constitución les permiten hacer esto y no hay ninguna posibilidad de que organismos de control, como la Procuraduría, puedan investigar a funcionarios que hacen "brincos de un lado para el otro", dijo la presidenta del Observatorio de la Rama Judicial, María del Pilar Arango.
Para Arrubla cabría la posibilidad de acciones jurídicas en el caso de Ricaurte y Munar, pues "los nombrados habían participado en la designación de los que los nombraron" y la Constitución prohibe esto.
La herramienta para corregir estas actuaciones entre las cortes, la traía la reforma a la Justicia que se hundió en junio pasado. Pero a cambio, les daba cuatro años más a los magistrados que estaban en el cargo para mantenerse en él.
"Con el hundimiento salieron más favorecidos porque si lo que traía la reforma era ampliarles el periodo a cuatro años más, al nombrarlos para el Consejo Superior se les amplió por ocho". Lo que se propone para tratar de enderezar el camino de los máximos jueces del país, "de ese fenómeno de politización y de burocratización, clientelismo, pago de favores, yo te elijo, tú me eliges", como señaló Charry, es otra reforma a la Justicia.
El nuevo acto legislativo que proponen al unísono Arango, Borrero, Charry, traería exigencias mayores para ser nombrado en las altas cortes como, por ejemplo, aumentar la edad mínima a 50 años para ser magistrado.
También se contempla una prohibición explícita para que los togados no puedan pasar de una corte a la otra y modificaciones a la carrera judicial para que cubra a las altas cortes y no como hoy, que sólo aplica hasta los tribunales superiores.
Fuente: El Colombiano