EDITORIAL
Tal como el país se lo temía y como la mayoría de los comentaristas informados lo venían advirtiendo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia acaba de consumar otra afrenta más en contra de la sindéresis que debiera caracterizar el ejercicio de sus funciones.
Dos vacantes en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las producidas por la dejación de los cargos de Jorge Castillo Rugeles y Francisco Escobar Henríquez han sido provistas por la Suprema con la elección por 16 votos exactos de sus expresidentes Francisco Ricaurte y Pedro Munar, quien ostenta el récord de haber ocupado esa dignidad por menor tiempo.
Ricaurte, uno de los más reconocidos impulsores de la fallida reforma a la Justicia y especial líder para obtener la prolongación del período de los magistrados de las altas cortes de 8 a 12 años, afortunadamente hundida, ha terminado ganando 8 años más de la administración de justicia para su servicio y el de su círculo de amistades, tan estrecho como excluyente.
La designación de Ricaurte contó con la honrosa y enhiesta oposición del magistrado barranquillero Jesús Vall de Ruten y de sus colegas Arturo Solarte y María del Rosario González, a quienes no les parece decente –como al resto del país– que la Corte Suprema de Justicia se haya convertido en un carrusel de favores mutuos en el que una camarilla se turna a su discreción los altos cargos de las Cortes y dispone a su antojo sobre los de sus subalternos.
La Corte Suprema ha llegado a un estado tal de cosas inmorales, que cada vez se parece más al Congreso de la República que en 1991 hizo necesaria la Constituyente y su revocatoria inmediata. Prebendas, negociaciones de extensión de períodos, carruseles de favores, agencia de empleos para sus familiares y opacidad absoluta en sus decisiones administrativas, es parte, pero no todo, del despeñadero moral en que esta generación de ‘magistrados’ ha sumido a la que alguna vez fue el faro moral de la República.
Un país como Colombia, tan urgido no solo de una justicia pronta y eficaz, sino sobre todo respetable y respetada, no puede darse el lujo de tener por fuera de su Corte Suprema de Justicia a sus mejores juristas. La Suprema, antes que nada, debe ser un ejemplo a seguir, no solo jurídico, sino moral.
El sistema de elección de magistrados de las altas Cortes ha derivado en un perverso club que patrocina la mediocridad de las roscas que a mala hora se entronizaron en esas dignidades. Es apenas justificable y perfectamente humano que las gentes buscan a sus pares y en tal sentido los mediocres buscan rodearse de tales para no terminar opacados o desplazados.
¿Alguien se imagina al inmolado Alfonso Reyes Echandía, o a Antonio Rocha Alvira, a Ciro Angarita, a don José María Esguerra, o a la sacrificada Fanny González, haciéndoles antesala a Francisco Ricaurte, a Pedro Munar o a Jezael Giraldo en el Consejo Superior de la Judicatura para que los incluyeran en la lista de aspirantes a magistrados de la Corte o a la de consejeros de Estado? ¿Y después haciéndoles agasajos a Ariel Salazar, a Camilo Tarquino o a Leonidas Bustos para que se ‘dignen’ votar por ellos?
La sola idea resulta ofensiva por las evidentes diferencias en la talla jurídica de aquellos próceres con las de quienes hoy detentan las sillas que alguna vez fueron de ellos. La realidad obvia es que, hoy, ninguno de aquellos grandes magistrados podría llegar a serlo.
Como no lo van a ser nunca quienes heredaron esas antorchas y hoy son considerados en la Suprema como incómodos juristas que, además, ¡horror de los horrores! , se atreven a criticar la escasa jurisprudencia que allí producen.
La elección de Ricaurte y Munar no es un hecho extraordinario. Todo lo contrario: es la simple confirmación de la necesidad que tiene el país de embarcarse en una severa y urgente reforma judicial –con revocatoria y Constituyente, incluso– que establezca un severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de las altas Cortes, que les quite toda función electoral y que los reduzca a lo que deben ser: el más alto tribunal de la justicia nacional, a ver si la Corte vuelve a ser como cuando era Suprema, que producía jurisprudencia, no escándalos.
Fuente: El Heraldo