La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López, puso a su partido, el Conservador, a dudar sobre el voto unánime para el actual procurador Alejandro Ordóñez y, además, con la idea de un ente “más moderno, incluyente y garantista” está detrás de los votos liberales y de La U.

Aunque muchos critican su “tardía” postulación por parte del presidente Juan Manuel Santos, y aunque el Polo considere la tríada -completada con el experimentado jurista Orlando Gallo- un “falso positivo ternal”, López, la primera mujer que aspira a la Procuraduría en la historia del país, podría poner en aprietos la polémica eventual reelección de Ordóñez el próximo 27 de noviembre en el Senado.

¿Qué propone?

Impulsar a través de una iniciativa legislativa una modificación al Código Disciplinario que termine con el desprestigiado sistema inquisitivo, con el fin de que el funcionario que investigue no sea el mismo que falle. Además, no es sano que los senadores sean los que eligen al Procurador y éste sea, a su vez, quien se encargue de disciplinar a los senadores. La idea es actualizar el derecho disciplinario, buscar que sea estrictamente oral, y mirar también el tema de las sanciones, porque las establecidas le dan demasiada discrecionalidad al juez, de tal forma que por una falta no grave se están imponiendo una sanciones demasiado drásticas y se pierde la proporcionalidad que debe existir entre el daño causado a la administración publica y la sanción pretendida.

¿El caso del senador Merlano, por ejemplo?

Hay varios casos. Y a mi juicio, si hay una falta lo que debes hacer es ponerle una sanción acorde, porque si no, se vulneran los derechos fundamentales del disciplinado y se podría caer en la politización del derecho disciplinario.

¿Qué sanción merecía Merlano, entonces?

No me quiero pronunciar frente a decisiones tomadas. Además, por ejemplo, uno lee que se está mirando cómo los congresistas que participaron en la conciliación de la reforma a la justicia pudieron haber incurrido en faltas. Y eso no deja de generar una alerta: se va a investigar debido a que están en los actos propios del Congreso, y si frente a faltas tan leves se aplica este tipo de sanciones, entonces ¿acá cuál será?, ¿a cuántos senadores se les va a quitar la credencial? Esa competencia debe trasladársele al Consejo de Estado, y que la competencia no solo sea de la Sección Quinta sino de todo el Consejo.

¿Qué opina de la reelección en la Procuraduría?

Ningún órgano de control debe ser reelegido. Cuando se tienen unos compromisos adquiridos, es imposible la independencia.

¿Cómo ve la gestión del procurador Ordóñez?

No soy juez natural del jefe del Ministerio Público, y para eso está la opinión pública, la sociedad civil y el correspondiente juez natural.

La HRW criticó a la Procuraduría por “limitar” los derechos de las mujeres...

La critica se debe básicamente a la falta de acompañamiento a la mujer en unos temas supremamente delicados, como el aborto, donde la Corte Constitucional establece los tres casos en los cuales todos los entes debemos acompañar a aquella mujer que, si se encuentra en una de esas circunstancias y quiera tomar su decisión libre y espontánea, tenga que ser acompañada.

¿Qué hará al respecto?

Una de las cosas que haré será adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones, de acuerdo a la ley disciplinaria, a los funcionarios públicos que impidan esa práctica que asuma una mujer que esté en estas tres circunstancias, porque no es una sentencia para discutirse sino para aplicarse. Con esa inobservancia no se puede poner en riesgo la salud de la mujer, porque no se puede confundir objeción de conciencia con desobediencia civil. Además, crearé una comisión especial para favorecer la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género en caso de mujeres víctimas de violencia o en conflicto con la ley penal.

¿Cree que la Procuraduría debe regirse por el principio de laicidad?

Nosotros estamos en un Estado social y de derecho, pero, además, laico. Cuando uno se desempeña en un cargo público no debe estar expresando sus posiciones ideológicas, religiosas o sexuales. Uno es el reflejo del cargo. Y lo que se debe hacer es materializar los derechos fundamentales y velar porque se respeten.

En Colombia se roban $12 billones anuales, ¿cómo prevenir esto?

En el tema de la desviación de los recursos es importante que el Ministerio Público acompañe los departamentos de control interno de las instituciones. Esta sería una forma de hacer que estas entidades hagan efectivo ese control y tengamos medidas preventivas para no tener que estar adelantando luego procesos disciplinarios o fiscales.

Hay fallos contra funcionarios años después de que dejaron el cargo, ¿cómo acelerar estos procesos?

La eficacia y la eficiencia dependen del modelo que se tenga de la modernización de la institución. Y la tecnología y la política pública deben ir acordes con las necesidades de la sociedad actual. Así mismo, el Ministerio Público tiene un departamento de conciliación, y es un requisito de procedibilidad antes de que se interponga una demanda contra el Estado: si lo fortalecemos, ¿cuántas demandas se evita el Estado para ir descongestionando la función contenciosa administrativa?

Usted pidió que Ordóñez se retire del cargo por ahora y que se aplace la elección para el 12 de diciembre, ¿se siente en desventaja?

Cuando se ejerce como Ministerio Público y se está a escasas semanas de darse la decisión, nombrando personas, y nosotros simplemente manejando nuestras tesis, es obvia la desventaja desde ese punto de vista. La ley electoral lo fija así para el Presidente pero no para el Procurador. Y aunque el tema es de ética, el Procurador está en libertad de contestar lo que contestó, que la ley no lo obligaba a ello. Además, ha sido costumbre en el Congreso, desde hace 20 años, que la elección del Procurador se dé el 12 de diciembre. La integración de la terna se dio hace días, y yo creo tener derecho de plantearle a Colombia estas tesis y creo que es la mínima garantía que puedo pedir.

Fuente: El Heraldo