De acuerdo con los proyectos, se busca establecer la capacidad de los jueces para rechazar de plano las demandas que aparezcan manifiestamente infundadas o cuya caducidad para instaurarlas haya ocurrido; la eliminación de la doble competencia de los jueces laborales y que éstos puedan ordenar el pago anticipado de las sumas que demanden los trabajadores y que versen sobre sus derechos ciertos e irrenunciables, mientras se decide el fondo del proceso.
Además, las iniciativas buscan establecer la competencia, a prevención, de los jueces o tribunales para conocer de las acciones de tutela, conforme a su especialidad; fortalecer el mecanismo de la conciliación extrajudicial, de la red de las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia; establecer la figura de los jueces itinerantes para las zonas campesinas y demás medidas para llegar a la simplificación de los trámites judiciales.
Entretanto, el ministro Valencia también presentó un proyecto que busca restablecer normas sobre el trámite de delitos denominados menores.
Para subsanar la inconstitucionalidad de la Ley de Pequeñas Causas, el Gobierno propone que en la nueva norma se dé un procedimiento distinto al previsto en el estatuto procesal para aquellas conductas menores que revisten características de delito, en el que la Fiscalía General de la Nación debe adelantar la respectiva investigación.
Según esta iniciativa, los principios rectores que informan el Código Penal y el Proceso Penal Colombiano son aplicables a los delitos menores “máxime cuando los mismos son de rango constitucional”.
En general, el proyecto contempla delitos contra la integridad personal, las lesiones personales culposas, las personales dolosas y la omisión de socorro, contra el patrimonio económico, las conductas contra la salud pública y otros como la violación a la libertad religiosa.
El Nuevo Siglo / 19 de noviembre de 2008
