DESPUÉS DE que EL NUEVO SIGLO publicara un artículo en donde varios ex magistrados de la Corte Constitucional se mostraban en desacuerdo con varias de las reformas al Código de Procedimiento Penal que ha hecho el Congreso, saltándose en varias oportunidades la jurisprudencia sentada por el alto Tribunal, fue presentado un proyecto de acto legislativo que impediría que la llamada reformitis estuviera más en los órdenes del día de las comisiones primeras de Senado y Cámara.
Sin embargo, la iniciativa radicada por el senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, se encuentra estancada desde hace más de un mes, sin que se le haya dado trámite legislativo, denunció el autor del proyecto.
Según el Congresista, lo que se busca es crear una política criminal estatal que sea de cumplimiento estricto, y así evitar que los gobiernos de turno gasten esfuerzos en modificar el Código Penal.
“He creído necesario reformar el artículo de la Constitución que habla del debido proceso para introducirle allí la constitucionalización de la política criminal, en el sentido que el Estado debe tener como tal una política criminal, que sirva como un marco de referencia para que el Congreso y los colombianos sepan cómo es que se va actuar frente a las actuaciones delictivas”, dijo.
“Siempre me ha preocupado que en el Congreso haya una proliferación de leyes con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, que es un estatuto armónico”, aseguró el senador Cuéllar.
El Legislador nariñense explicó que entre los principios que tiene el Código es el de la proporcionalidad en materia punitiva, por lo cual no se puede establecer penas más drásticas para delitos que lesionan un derecho que no es fundamental o menos grave.
El político perteneciente a la oposición afirmó que se ha vuelto común que el parlamentario que quiere presentar un proyecto y no encuentra una iniciativa modifique el Código Penal.
Por último, el Senador al referirse a la demora en el trámite del proyecto que radicó aseveró que “es posible que haya algunos colegas que piensen que eso le va a quitar facultades al Gobierno, que le va quitar su soberanía”.
No obstante, congresistas de la coalición del Gobierno consultados por este Diario se mostraron inconformes con este proyecto de acto legislativo.
“El evitar reformar los códigos de acuerdo con las circunstancias y la coyuntura es hacer negar la esencia y dinámica del derecho. El derecho no es un derecho inmutado, un derecho simple, con las circunstancias tiene que cambiar la normatividad. Este es un concepto que hay que decidir de fondo”, expresó el director del Partido Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta.
Por otro lado, el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, en diálogo con este Diario afirmó que un acto legislativo no solucionaría las reformas al Código Penal.
“Un proyecto de acto legislativo no evitaría la potestad de reformar los códigos en todos los ramos de la legislación. Lo que pasa es que tienen que ejercerla con responsabilidad, para que no estén reformando cada minuto las normas para disminuir posiciones jurisprudenciales. Eso no se logra con la presentación de un proyecto que prohíba hacer reformas, sino con el convencimiento de que las reformas sólo se deben presentar cuando se consideren necesarias, útiles y sean convenientes, no cada nada y para saltarse una norma que no es la adecuada para las circunstancias particulares”, dijo Beltrán.
El Nuevo Siglo / 27 de abril de 2009
