Sin embargo, de esa reunión no se decidirá el nombre del próximo Fiscal. La mayoría de los magistrados no están convencidos de que la terna enviada por el Presidente, aunque cumple los requisitos, sea la más idónea.
Los reparos a las actuaciones de Juan Ángel Palacio quien presuntamente traficó influencias en la toma de decisiones del Consejo de Estado; a la experiencia para el cargo de la ex asesora del Ministerio de Transporte, Virginia Uribe, y a las supuestas relaciones del ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, son impedimentos para que la Corte actúe con plena confianza.
En esta ocasión, quizás como en ninguna de las anteriores, la Corte se ha tomado el trabajo de reflexionar con profundidad cuál debe ser el perfil de un Fiscal. Tanto que acogió las sugerencias de la sociedad civil de escuchar a los ternados en una audiencia pública y así abrir el debate. En esta audiencia, por ejemplo, la abogada Uribe quedó descartada para el cargo debido a sus respuestas.
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Además, hace unos días también le preguntó al gobierno si había respondido una carta que le envió Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, en la cual el abogado le pidió que volviera a nombrar la terna. Esta pregunta de la Corte demuestra también las preocupaciones que se tejen en la trastienda de la elección. El gobierno contestó que sí le respondió a Gallón: que no devolvería la terna porque esta cumplía con los requisitos.
Al debate se ha sumado la voz de Elección Visible, una organización que agrupa a varias ONG interesadas en que la elección del Fiscal se haga con total trasparencia. Ésta le pidió, ya no al gobierno, sino a los ternados, que renunciarán a su aspiración a ser Fiscal. Aunque en su petición, la organización les dice a los ternados que no estarían asumiendo su responsabilidad en todas las denuncias que opacan sus gestiones, sí es un mensaje fuerte que llama la atención sobre la importancia del proceso de elección.
El Fiscal en encargo
Dado que el tiempo del fiscal Iguarán terminó ya, mientras la Corte Suprema de Justicia decide la elección del nuevo Fiscal, asumirá este sábado las funciones Guillermo Mendoza Diago, quien fungía como vicefiscal.
Como vicefiscal, Mendoza fue responsable de una decisión bastante polémica: revocó la orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar -primo del presidente Álvaro Uribe-. En su criterio, la orden emitida por el entonces jefe de la de la unidad de fiscales delegados ante la Corte, Ramiro Marín, no era lo suficientemente sólida. Como una expresión de inconformidad con la decisión, Marín renunció a su cargo pues para él, la detención de Uribe estaba justificada.
Pero, además Mendoza Diago trabajó con el ex Fiscal Luis Camilo Osorio, con quien tomó otras decisiones polémicas. Sin embargo, SEMANA le preguntó en una ocasión si se arrepentía de haber trabajado con el cuestionado ex fiscal Osorio. “Me arrepiento del enfoque jurídico que él les dio a algunas decisiones”, fue lo que contestó.
Dentro de esas decisiones estuvo por ejemplo, la absolución -redactada por Mendoza- al general Rito Alejo del Río quien estaba acusado de permitir y ocultar la actividad criminal de los paramilitares en la región de Urabá. Esta absolución fue derogada por la Corte Suprema de Justicia que ordenó reabrir el caso.
Mendoza también fue cuestionado por el caso de la ex directora de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, quien fue condenada por paramilitarismo en calidad de fugitiva. Mendoza fue quien hizo la investigación, pero cuando se dictó la orden de captura en contra de Flórez, ella estaba avisada y por eso se logró fugar. Hasta ahora no se ha esclarecido cómo se enteró de la orden de captura.
En algunos casos, como en el que la Fiscalía le lleva al ex Ministro del Interior, Sabas Pretelt, por su presunta responsabilidad en la entrega de prebendas a congresistas para que votaran favorablemente el proyecto de reelección presidencial, Mendoza Diago fue el reemplazo de Iguarán. La razón: el saliente Fiscal era amigo personal de Pretelt y tuvo que declararse impedido.
Este caso de la llamada yidispolítica, en el que además de Pretelt está involucrado el ministro Diego Palacio y otros funcionarios del gobierno, aún está sin resolver, al igual que otros de gran importancia como el de los congresistas que renunciaron a su fuero y están investigados por la parapolítica y las investigaciones por las desapariciones del Palacio de Justicia.
Además, también quedaron pendientes las decisiones sobre investigaciones a funcionarios del DAS por las interceptaciones y seguimientos ilegales. Es poco probable que Mendoza Diago los resuelva, pues el costo político de estas decisiones es muy alto.
Por la importancia de estos casos, en las altas instancias del Estado hay expectativa por quién será el elegido por la Corte para relevar a Iguarán. No obstante parece que tanto la elección del Fiscal, como el futuro de estas investigaciones parece que seguirá en “stand bye”.
