LA ESQUIVA PAZ Durante este cuatrienio la confrontación armada no dio tregua. La guerrilla de las Farc aumentó su número de hombres de 6.100 en 1994 a 7.500 en 1998 y la del Eln, de 2.600 en 1994 a 3.500 en 1998, según el Ministerio de Defensa.
Las Farc mantienen en su poder a 66 miembros de la Fuerza Pública (18 soldados de Patascoy, 43 de El Billar y 5 policías antinarcóticos del Vichada), los que pretende canjear por detenidos políticos. El nuevo Gobierno tendrá que definir la liberación de estos uniformados.
Los paramilitares lograron su unidad en diciembre de 1996 y conformaron las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fuerza que ha aumentado con el reciente ingreso a la agrupación de los paras de Santander y sur del Cesar, del Casanare y de Cundinamarca.
El vertiginoso crecimiento de estas últimas agrupaciones, que utilizan la modalidad de las masacres para ganar territorios, ha disparado las cifras de desplazados: en el período 19851996 llegó a 856.781 personas, según Codhes, número que se prevé aumentó drásticamente en 1997 y lo que va corrido de 1998 por la intensificación del conflicto. Aun cuando estos últimos datos están siendo consolidados, la proyección de enerooctubre de 1997 hecha por el Cinep arrojaba 250.000 personas.
Hoy, el deterioro de la situación de derechos humanos también tiene el ingrediente de la reactivación de la guerra sucia, que comenzó con el asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado (19 de mayo de 1997) y cuya última víctima fue el general (r) Fernando Landazábal (12 de mayo de 1997).
Los analistas en materia de paz coinciden en que la vía de la solución al conflicto armado es la negociación y que ésta debe darse a un alto nivel; en la necesidad de la participación de la comunidad internacional y de la sociedad civil; en la búsqueda inmediata de acuerdos humanitarios en tanto se supera definitivamente el conflicto; y en que hay que buscar salidas al fenómeno paramilitar, así no sea en el mismo escenario en el que participen los voceros estatales y de la guerrilla.
CORRUPCION: MAL ENDEMICO EN ESCALADA Aunque se trata de un mal endémico colombiano, la corrupción fue uno de los principales protagonistas del cuatrienio que está culminando, en el que se evidenció el desgreño y venalidad con los que se maneja el Estado.
Aunque el caso de Caprecom fue el más sonado, también se recuerdan los escándalos del Inurbe, Ferrovías, Foncolpuertos y de la Caja Agraria. Solo el déficit en Caprecom llegó a sumar 120 mil millones, un hueco fiscal que la nación tuvo que asumir como deuda pública.
El Procurador General, reconoció hace poco que se habían perdido más de 300 mil millones de pesos en los últimos dos años, básicamente por corrupción.
Según Heriberto Madrid, revisor fiscal externo de Caprecom, una de las personas que tuvo a su cargo el destape de la olla podrida, tres grandes acciones debe acometer el futuro presidente para atacar este mal: Eliminar el clientelismo, escogiendo funcionarios con criterio gerencial.
Logrando la eficacia de los organismos de control y su acción preventiva. El obstáculo es la politización de estos organismos. Y, finalmente, mejorando la remuneración de quienes manejan responsabilidades y presupuestos gigantescos.
SIN FE EN LAS INSTITUCIONES Las denuncias por la filtración de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper originó la peor crisis que haya vivido la institución presidencial en su historia: el Presidente fue enjuiciado por el Congreso, tres de sus ministros estuvieron vinculados al Proceso 8.000; uno terminó tras las rejas; dos debieron renunciar por el escándalo del miti-miti y uno más, por participar en política.
El Congreso, que no ha sabido entender su papel fiscalizador, se jugó su ya deteriorada imagen a favor del Presidente a cambio de una escandalosa repartición de burocrática que desembocó luego en sonados escándalos de corrupción. Un Congreso que ha disminuido su autonomía frente al poder ejecutivo, que fue infiltrado por los narcos y cuestionado por procesos judiciales contra sus miembros , dice el politólogo Alejo Vargas.
Lo particular, agrega, es que la institución presidencial siempre se mantuvo por encima de las crisis y el desprestigio de la clase política. Ahora, la herencia del gobierno es unas instituciones penetradas por la corrupción administrativa y por la militancia partidista de los funcionarios públicos .
ERRADICACION, LA CLAVE Aunque el año pasado Colombia alcanzó la cifra récord de las 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos fumigadas, las plantaciones de coca y amapola pasaron de 70.000 a 79.200 hectáreas y el país pasó a ocupar el primer lugar en narcocultivos.
Según la DEA, aunque el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos ha bajado, se disparó el de heroína.
Una de las prioridades es acabar con las 7.000 hectáreas de amapola. Para lograrlo, según el director de la Policía, se necesita que Estados Unidos entregue helicópteros Black Hawk. Ese debate está empantanado en Washington.
Las metas de 1998 ya se afectaron en un 50 por ciento por la parálisis la flotilla aérea de antinarcóticos debido a fallas en los helicópteros UH-1H.
Para Klaus Nyholm, representante de Naciones Unidas en Colombia, en el plan de erradicación ha habido garrote y poca zanahoria. Para que funcione se necesita un plan de desarrollo alternativo, que no se ha visto , afirma.
Ese plan debe tener como ejes oportunidades sociales y económicas sostenibles, el respeto al medio ambiente y la reducción de la demanda.
S.O.S. MILITAR La cadena de fracasos operacionales de los dos últimos años ha dejado 213 militares muertos y 121 retenidos por las Farc. Esto ha creado la sensación de unas Fuerzas Militares en crisis, derrotadas y deslegitimadas.
El Comando de las Fuerzas Militares certifica que el déficit del pie de fuerza equivale a 20.000 hombres.
Desde la misma perspectiva castrense se considera insuficiente el presupuesto, que hoy es de 7.2 millardos para el sector Defensa.
Para el experto Alfredo Rangel el nuevo gobierno tendrá que definir una nueva estrategia, con propósitos fijados por la sociedad civil y objetivos propuestos por los militares.
El Ejército debe estructurar una nueva doctrina militar que le permita acondicionarse en el terreno operacional y táctico.
Alejo Vargas, politólogo, cree que además de un nuevo plan operativo, el nuevo gobierno debe rectificar los términos de las relaciones entre la sociedad civil y los militares, y abandonar el esquema de la guerra fría y del enemigo interior.
Vargas sugiere que las Fuerzas Armadas ensayen un esquema de seguridad ciudadana y rediseñen estrategias para atacar los factores de violencia trabajando con otros organismos del Estado.
IMPUNIDAD – Uno de cada cinco ciudadanos cree en la justicia colombiana, según un estudio de la Universidad Nacional. En Colombia reina la cultura de la impunidad, caracterizada por la falta de confianza de la comunidad en la administración de justicia.
– A finales del año pasado, había 3 500.000 expedientes en los anaqueles de los juzgados en espera de una decisión. Estos volúmenes de procesos están generando congestión en los organismos de justicia y dilatando el resultado de los mismos.
– El insuficiente presupuesto para los organismos que administran justicia incide en la crisis. En 1997 los gastos para inversión en este sector fueron de 53.597 millones de pesos, equivalente al 0,050 por ciento del producto interno bruto del país.
– Es muy pobre la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Para Jesús Vallejo Mejía, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es urgente repensar a fondo el sistema judicial y descentralizarlo para que cada región sea responsable de la administración de justicia en su sector y para que compita por los recursos mostrando resultados. Es necesario que se promueva la resolución de los conflictos a través de la conciliación y no del litigio.
NARCOTIZADOS En términos de política exterior el nuevo Presidente recibirá: Un país cuyos órganos Ejecutivo y Legislativo tienen un elevado descrédito en Estados Unidos y otros países del mundo, pues son percibidos como altamente corruptos. Esta imagen se reforzó notablemente con el escándalo por la existencia de dineros del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper.
Un país relativamente aislado a nivel internacional: Colombia es aceptada en el plano multilateral pero tiene grandes dificultades a la hora de fortalecer sus lazos bilaterales dado que los vínculos entre narcotráfico y política, entre otros problemas y escándalos, la han colocado en una condición de paria.
Un país sin una estrategia de relaciones internacionales: ni para su inserción en el mundo, ni para el manejo internacional de sus graves problemas internos.
Una coyuntura en la que el tema de la paz se muestra claramente dominante en la agenda de las relaciones bilaterales con Washington. La preocupación estadounidense de que Colombia llegue a convertirse en un foco de desestabilización regional a través de la exportación de problemas como el narcotráfico y la guerrilla a países como Venezuela (principal proveedor de petróleo para E.U.) o Panamá (que asumirá el control del estratégico canal interoceánico dentro de muy poco), ha puesto el tema de la paz entre las prioridades de la Casa Blanca frente a nuestro país.
En la relación bilateral con Washington será necesario reconstruir la confianza, pero la normalización no se producirá hasta que Estados Unidos no esté convencido de que Colombia es un aliado.
Un país que insiste en manejar sus agendas económicas y políticas de manera separada a nivel internacional: lo que hoy ocurre con el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería es elocuente.
Un país con demasiadas vocerías internacionales: prácticamente cada organismo del Estado tiene su minicancillería y eso afecta la coherencia del discurso colombiano en el exterior.
Un Estado colombiano fragmentado a nivel internacional en que algunas instituciones son bien vistas y bien recibidas y otras no.
Una política exterior centrada en el tema del narcotráfico.
Un panorama no del todo claro en términos de integración económica a nivel regional, aunque el país parece estar más convencido de que su escenario natural debe ser la Comunidad Andina, que es de hecho donde más activamente se ha expandido la economía colombiana.
Un cuestionamiento serio de la comunidad internacional al país por su récord en Derechos Humanos.
Y la situación fronteriza más compleja de América Latina: con Venezuela, donde se funden el diferendo limítrofe, el problema de la protección y manejo de las cuencas hidrográficas comunes y la inseguridad que generan la guerrilla y el narcotráfico colombiano en el vecino país.
Punto positivo en este escenario es la exitosa y creciente integración económica entre ambos países.
LA RUPTURA DE LOS APARTIDOS Los partidos políticos tradicionales, que se precian de ser los más antiguos de Latinoamérica, atraviesan por una de las más agudas crisis de su historia.
Fenómenos como la abstención electoral, consecuencia de la poca credibilidad de las colectividades, además del clientelismo o, más recientemente, la narcocorrupción, explican esta situación. Esto significa que el próximo Presidente debe luchar por la renovación de las colectividades empleado los mecanismos que estén a su alcance.
La reforma de 1991 en este aspecto, que pretendió la modernización de los partidos al abrir la posibilidad para el surgimiento de nuevas fuerzas, no se ha podido aplicar, en primer lugar por la falta de un estatuto de la oposición.
La dispersión de listas y el sistema de elección por cuociente y residuo han fortalecido el poder de los barones electorales regionales, cuyos electorados son principalmente clientelas.
Aunque las fuerzas independientes han tenido alguna importancia en elecciones presidenciales, su paso por el Congreso ha sido efímero (Anapo, UP o AD-M19), sin alterar la hegemonía del bipartidismo. Además, las dos principales colectividades se encuentran divididas ideológicamente.
CRISIS ENTRE REJAS El hacinamiento es asfixiante: Las 167 cárceles tienen capacidad para 28.000 reclusos y están ocupadas por 43.221 internos. Hay 23.409 condenados y 19.812 sindicados. Hay 6.007 guardianes. Se necesitan 12.000.
Diez cárceles, entre ellas las principales penitenciarías, ofrecen un permanente riesgo de fuga, pues están en la mira de guerrilla y paramilitares. La mayoría de ellas tiene más de 40 años de construidas.
Para el técnico jurídico de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de España, Abel Téllez Aguilera, el hacinamiento se acaba excarcelando delitos menores y reduciendo drásticamente el número de sindicados, a una cifra no superior al 20 por ciento.
Según Alfredo Fuentes, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, se necesita, además: Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura carcelaria con el apoyo de la inversión privada.
Agilizar el proceso penal y fortalecer la defensoría pública de los procesados.
