¿Cómo califica la decisión del presidente de retirar el proyecto de reforma a la justicia?
El retiro del proyecto es el resultado de lo que fue el debate en la Comisión Primera del Senado. Creemos que la bancada del gobierno, como las de los grupos de oposición, estuvieron mu atentas y muy reflexivas con lo que se sugirió. Fue un verdadero espacio democrático. Consideramos que el Presidente, oyendo a sus ministros y a los congresistas, llegó a una conclusión. Hubo una voz uniforme de disconformidad con el proyecto. Todos los voceros de las cortes opinamos que, aunque en el proyecto había temas importantes para la mejor marcha de la administración de justicia, tenía un carácter más de reformar la estructura de poder de la rama.
¿El tema de los impedimentos fue clave?
Había mucha expectativa. Sobre todo por el tema de los impedimentos. Por eso se sugirió que interviniéramos en una sesión informal y no en una formal. Y así lo hicimos. Pero, indiscutiblemente, uno de los grandes puntos de controversia era el tema de los impedimentos.
¿Qué puntos fueron los más polémicos del proyecto para la Corte Suprema?
La Corte Suprema discrepó porque establecía una reforma a sus competencias para la instrucción y juzgamiento de personas aforadas por la Constitución de 1991. No nos parece conveniente para la administración de justicia, para nuestra labor y para el país mismo cambiar las reglas del juego a mitad de camino en un proceso que no se ha concluido.
¿Estuvo en peligro la ‘parapolítica’?
El proyecto, de buena fe, había dispuesto la vigencia de estos temas a partir de una fecha muy posterior, tratando de salvar los procesos de la llamada parapolítica. Sin embargo, eso era muy discutible. Hay principios constitucionales y universales que tocan el principio de la favorabilidad.
¿El fracaso de la reforma deja a salvo las investigaciones?
Por lo menos continúa con las reglas que tiene en este momento.
¿Qué sigue ahora?
La decisión no le cierra el camino a otras reformas a la justicia. De hecho el Presidente anunció que trabajará en ese sentido mediante la presentación de proyectos de ley, a lo que estaremos dispuestos a colaborar, tal como lo ordena la Constitución: buscando armonía con las demás ramas para el mejor estar en los fines del Estado.
¿La Corte Suprema tiene propuestas concretas para reformar la justicia?
Ya las cortes las han hecho. Temas como el acceso a la justicia, la pronta y cumplida administración de justicia, las pequeñas causas -no sólo en materia penal sino también en materia civil- y otras temáticas que de pronto invitan no necesariamente a reformar la Constitución sino a desarrollar leyes que tiendan a la descongestión o a implementar mecanismos de oralidad y estamos dispuestos a seguir colaborando con eso, presentando nuestras ideas y nuestros estudios y nuestro concurso par afianzar el tema.
¿Que aspectos serían prioritarios?
La oralidad en los procesos civiles y laborales, la reforma a la casación, crear mecanismos para que la tutela surta su trámite en cada jurisdicción, la descongestión judicial…
¿Y frente al mandato de la Corte Constitucional de separar las labores de investigación y juzgamiento para los casos penales a cargo de la Corte Suprema?
Aquí en la Corte estamos estudiando el tema. Ya hay una propuesta. Consideramos que si la Constitución nos permite dictar nuestro propio reglamento estamos analizando, hasta dónde, en ese marco, podría hacerse esa diferenciación sin necesidad de acudir a una reforma legislativa. Algunos opinamos que sí se puede hacer, pero eso es un debate que aún no se ha dado. También existen otras iniciativas. Habría que mirar la forma de presentar un proyecto de ley, ojalá con las autoridades que tengan que ver con el tema.
El Tiempo / 16 de octubre de 2008
