El ex procurador Jaime Bernal Cuellar consideró que si bien no hay normas que estipulen términos fijos para un encargo como este, es claro que el país está pasando por una situación muy delicada que no debe ser asumida por una personas de manera informal.
Por ello -dice- que lo recomendable es que ante dicha situación el nombramiento no se demore mucho tiempo. Esa preocupación fue valorada de cara a procesos como la parapolítica, la ‘Farcpolítica, la Ley de Justicia y Paz y el caso Galán, entre otros.
Un criterio similar expuso Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural. No obstante, dijo, esos encargos no deben ser de más de dos o tres meses.
“La dificultad en este caso es que el fiscal interino no debería resolver temas tan importantes como los que quedaron en el despacho de Mario Iguarán”, dijo Novoa.
“Mientras la Corte Suprema de Justicia resuelva adecuadamente, ojalá sea rápido, un fiscal interino no puede ser considerado como alguien con las condiciones para pronunciarse en casos tan trascendentales para el país”, dijo.
El analista David Espinosa considera que hay un gran riesgo: “No es posible que ese gran bufette de abogados no sepa cuál es su director, eso genera mucha incertidumbre para los fiscales delegados, pues no van a saber cuáles serán los lineamientos”.
