La decisión sin precedentes está consignada en la tutela 045 de 2010, en la que tres mujeres víctimas de la masacre de El Salado, cometida por paramilitares hace 13 años, lograron que los problemas sicológicos que aún hoy padecen por los crueles hechos que debieron presenciar tras la incursión del grupo ilegal, sean atendidos por las entidades de salud del Estado.
A pesar de las secuelas y la insistencia de sus familiares de cara a la atención médica que requieren, la negativa de las entidades responsables fue rotunda.
“Hasta el día de hoy estas mujeres no han recibido tratamientos médicos, sicológicos y sicosociales de manera oportuna y adecuada, siendo necesario exigir judicialmente la garantía del derecho a la salud, que desde una perspectiva integral involucra su derecho a la vida en condiciones dignas y justas”, reza la tutela.
