Su presidente, Gustavo Gómez, dice que finalmente el proyecto lesiona la independencia de la Rama.
Una semana después del ‘pacto de caballeros’ entre Gobierno, ponentes en el Congreso y los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado para sacar adelante la reforma de la justicia, este último tribunal anunció que vuelve a marginarse de los debates y que considera que el pacto ha empezado a resquebrajarse. En diálogo con EL TIEMPO.COM, el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, da sus razones.
¿Cuál es la nueva posición que asume el Consejo de Estado frente a la reforma?
Que efectivamente se está lesionando la independencia y la autonomía judicial. Este último principio no se ve reflejado en los textos específicos de la ponencia.
¿Por qué este anuncio apenas una semana después del acuerdo entre poderes?
Cuando se hace un convenio, se corre el riesgo de que no se concrete en la práctica. Desconocemos el manejo del Estado en los niveles puramente políticos, que se suponen sometidos a muchas contingencias. La importancia que desde la Rama Judicial observamos en ese acuerdo del 3 de mayo es que todos los temas que no estaban directamente relacionados con los motivos iniciales de la reforma, pues, saldrían. Teníamos la expectativa de que la reforma solo se restringiera a los puntos de fortalecimiento del sistema de justicia de cara al ciudadano. Eso no ha pasado.
¿Qué temas de la ponencia no estaban en el acuerdo?
Queda claro que se intenta utilizar la reforma de la justicia para afectar el sistema de acusación penal, disciplinario y de pérdida de investidura de los congresistas. Se modifican elementos establecidos por el Constituyente de 1991 cuya modificación requiere un debate mucho más detenido y profundo. En lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, el Consejo de Estado está de acuerdo con la doble instancia. Pero entrar a regular esa figura y amenazar con sanciones por demandas que no prosperen afecta el principio de la acción pública y les quita a los ciudadanos la posibilidad de ejercer control. Y algo muy grave: la ponencia agrega un parágrafo al artículo 197 de la Constitución (que habla de la reelección), en lo que puede obedecer a una falta de técnica legislativa o a un interés un poco esquivo, pero orientado a permitir una tercera reelección por un mecanismo muy sesgado
¿La reforma se podría caer en la Corte?
Eso es imposible de vaticinar, pero me parece que la reforma, en tanto afecta ejes fundamentales de las instituciones, tendría muchas dificultades porque el Constituyente del 91 concibió un Congreso sometido a unos controles muy estrictos, que salvaguarden la inteligencia y la textura propias del órgano que es sin duda el pulmón de la democracia. El presidente Santos se lo dijo a los legisladores: que piensen que van a hacer una reforma no para ellos, sino para el futuro del país.
Velasco pide respeto de corte
Tras las declaraciones del magistrado Gustavo Gómez, el senador Luis Fernando Velasco pidió ayer al Consejo de Estado que “respete” la labor de los ponentes del proyecto de reforma de la justicia, y que no culpe al Congreso “de sus problemas y conflictos internos”.
