En su anterior entrega del Justiciómetro, la Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ– presentó los resultados y el análisis de la legislatura 2010-2011, en materia de proyectos relacionados con la administración de justicia en general. En esta entrega, se analizará el avance de iniciativas con repercusión en materia penal. Este periodo legislativo estuvo marcado por el trámite de un gran número de dicho tipo de propuestas, con un total de 44 proyectos de ley y de acto legislativo, constituyendo un incremento del 40% respecto a la legislatura 2009-2010. De estas, 7 provenían del anterior periodo, de manera que 37 fueron radicadas durante el ejercicio concluido el pasado 20 de junio -20 en la Cámara de Representantes y 17 en el Senado-.
A diferencia de lo que ocurrió en los anteriores periodos, en esta legislatura se registró un gran movimiento dentro del avance de los proyectos, variación que se ve reflejada en el hecho de que cinco iniciativas de trascendencia en materia penal resultaran aprobadas y sancionadas como leyes. Se trata de la ley 1424 de 2010 (por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones), la ley 1426 de 2010 (por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas), la ley 1445 de 2011 (por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional; que entre otras, establece una medida penal frente a los fenómenos de violencia en los estadios), la ley 1453 de 2011 (por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad) y la ley 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). Adicionalmente, la denominada “ley de inteligencia y contrainteligencia” también fue aprobada, pero está a la espera de la revisión de la Corte Constitucional antes de poder ser sancionada.
Por otra parte, cinco proyectos resultaron archivados durante su trámite legislativo, e igual número fue retirado antes de surtirse sus debates. Las iniciativas que corrieron con esta suerte trataban temas como la penalización de conductas como el maltrato al adulto mayor, la conducción en estado de embriaguez y el constreñimiento religioso; la defensoría técnica de la fuerza pública, el cambio de ubicación de la Fiscalía General de la Nación en la estructura del Estado colombiano y el sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otros. A estos proyectos, se suman 12 iniciativas que no continúan su trámite en la próxima legislatura, bien sea porque no se llevó a cabo su primer debate, o bien porque completaron dos periodos legislativos sin concluir satisfactoriamente su proceso legislativo. Entre estos, se destacan la iniciativa para instaurar un régimen especial de tratamiento de los delitos menores, una de las propuestas de reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, dos de los tres proyectos sobre penalización al porte de armas blancas, la iniciativa para adicionar la planta de la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y dos propuestas para penalizar el maltrato a los animales.
Así las cosas, 14 iniciativas en materia penal continuarán tramitándose en la recién iniciada legislatura 2011-2012, reportando un incremento del 100% frente a los proyectos que corrieron con la misma suerte en el periodo anterior. Entre ellas hay proyectos que tocan temas de gran trascendencia, así como algunos que tendrán un intenso debate en medio de diversas críticas. La CEJ destaca el proyecto de reforma constitucional para ampliar la titularidad de la acción penal (en ciertos casos) a las víctimas de los delitos, el referendo de cadena perpetua para ciertos delitos contra niños y adolescentes, la penalización del porte de armas blancas, el nuevo Código penitenciario y carcelario, la “ley Lleras” sobre delitos informáticos y la penalización de la conducción en estado de embriaguez. En suma, el Congreso tendrá un papel fundamental para el devenir de la justicia penal colombiana dentro de esta nueva legislatura y, ante este rol protagónico que ejercerá, resulta necesario que la ciudadanía exija a los legisladores estudiar con el mayor cuidado temas tan trascendentales como los que se están discutiendo, de manera que sólo se aprueben las iniciativas realmente beneficiosas, se archiven aquellas que no solucionan estructuralmente las problemáticas y se depuren los textos de aquellas que podrían tener un mejor contenido normativo.
