Continuando su análisis con motivo del cumplimiento de los cinco años de la expedición de la Ley de Justicia y Paz, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) presenta las estadísticas sobre las actuaciones judiciales que se han surtido bajo este régimen, con el fin de conocer cómo ha operado la Ley dentro de las sedes judiciales competentes para su aplicación y qué resultados han arrojado.
Antes de entrar al estudio de los datos, vale la pena hacer una breve explicación sobre cómo funciona el esquema procesal establecido por la ley de Justicia y Paz. En primer lugar, el Ministerio del Interior y Justicia lleva un registro sobre los desmovilizados de grupos ilegales dispuestos a acogerse a la ley. A partir de esto, el Gobierno postula a los desmovilizados que cumplan los requisitos previstos en el artículo 11 de la ley 975, para iniciar el proceso ante la Fiscalía. Posteriormente, los postulados rinden versiones libres a cargo de los fiscales de Justicia y Paz, las cuales tienen como objeto la confesión total de los delitos en los cuales cada desmovilizado participó, existiendo la posibilidad de ser excluidos del proceso si realizan confesiones parciales. Dichas versiones, junto con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, son el sustento de la imputación que el Fiscal formula posteriormente ante los Magistrados de control de garantías de justicia y paz (momento en el cual también puede el fiscal solicitar la reclusión preventiva del procesado en centro carcelario). Dentro de los 60 días siguientes a la imputación, el fiscal tiene dicho plazo para realizar la investigación correspondiente, para precisar los cargos que finalmente serán formulados ante el Magistrado de control de garantías en la audiencia de formulación de cargos. En dicha audiencia, cuando el procesado acepta los cargos, el caso es remitido a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial competente, para que se pronuncie sobre la legalidad de dicha aceptación, velando por los derechos de los postulados y las víctimas. Si posteriormente el Tribunal se pronuncia favorablemente respecto de dicha legalidad, se da inicio al incidente de reparación integral, en favor de quienes hayan sido reconocidos como víctimas de las conductas cometidas por el procesado. Una vez surtido dicho incidente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal emite la sentencia, la cual contiene la condena que se impartirá (que oscila entre 5 y 8 años de pena privativa de la libertad), los compromisos que adquiere el procesado y las medidas de reparación que se hubieren establecido en el incidente.
Entendiendo la estructura de los procesos de justicia y paz, se observará ahora el estado de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el primer semestre de este año. Entre los 4.366 postulados que existen, se han rendido 2.916 versiones libres ante la Fiscalía, de las cuales 1.524 ya se han terminado. Como producto de dichas actuaciones, los postulados han confesado 25.177 hechos delictivos, pese a lo cual se han formulado hasta el momento 266 solicitudes de audiencia de imputación por parte de la Fiscalía (es decir, se ha buscado la imputación de solo un 6% del total de postulados). De estos 266 procesados, se ha presentado acusación a 107, habiendo aceptado cargos con el posterior control favorable de legalidad un total de 12 procesados –mientras que 70 están a la espera de la realización de dicho control–.
Lo anterior quiere decir que tan solo el 0,2% de los postulados se encuentran en la etapa final del proceso de justicia y paz, existiendo únicamente una sentencia proferida, (en la cual se surtió previamente el correspondiente incidente de reparación). Se trata de la condena contra alias “Diego Vecino” y alias “Juancho Dique”, procesados por hechos como la masacre de Mampuján.
Teniendo en cuenta la gran magnitud de desmovilizados postulados para los procesos de justicia y paz, así como la existencia de otros 25.000 desmovilizados cuya situación jurídica aun no se ha podido definir, estos resultados resultan preocupantes y generan interrogantes sobre cuánto tardarán los procesos en ser evacuados, teniendo en cuenta en todo caso que su propósito rector debe ser el respeto de los derechos de procesados y víctimas. De hecho, de acuerdo con sus estudios la CEJ estima que la totalidad de procesos para los desmovilizados actuales, concluirá en aproximadamente 16 años. No obstante lo anterior, no se pueden desconocer los grandes esfuerzos de todas las entidades que participan en estos procesos, dentro de las dificultades originadas por aspectos presupuestales, la complejidad de las investigaciones, el inmenso número de víctimas, entre otros delicados asuntos.
